El anuncio de un aumento de entre el 29 y 35 por ciento para los prestadores en discapacidad provocó una fuerte reacción en el colectivo y las organizaciones del sector, que denunciaron que la medida incumple la Ley de Emergencia votada por el Congreso. Según esa norma, el aumento debía ser del 70 por ciento para compensar el año de retraso desde el último ajuste, realizado a fines de 2024.
La actualización fue dictaminada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, en el marco de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que llevaba un año sin convocarse. El incremento se escalonará en tres cuotas, distribuidas entre octubre, noviembre y diciembre de 2025.
La ley vigente establecía que las pérdidas acumuladas debían recuperarse con una actualización extraordinaria, pero el Ejecutivo decidió omitir esa disposición y además suspendió la indexación automática de los haberes, otro punto central de la norma.
“Seguimos en una situación desesperante y frente a un Estado que se retira sin dar ninguna clase de soluciones”, expresó Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en diálogo con Página/12. Dones advirtió que el incremento no solo desconoce la ley, sino que también vulnera los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que Argentina adhiere. “Los recortes se inscriben en una política de ajuste que ha impactado de forma desproporcionada en el colectivo de personas con discapacidad, quizás el más vulnerable que existe”, señaló.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, recordó Dones, ha establecido que los Estados deben garantizar los contenidos mínimos de los derechos sociales, incluso en contextos de restricción presupuestaria. “No pueden verse afectados ni justificarse por falta de recursos”, remarcó.
En paralelo al ajuste, el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una reducción del 30 por ciento en las pensiones por discapacidad respecto del presupuesto 2023, y un 13 por ciento menos que en 2025. “Esos números son imposibles de sostener”, advirtió Dones.
La actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, un joven de 17 años con autismo, calificó como “repugnante” la decisión del Gobierno de La Libertad Avanza de desconocer la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada y ratificada en más de cuatro oportunidades por el Congreso.
En un comunicado oficial, la Andis –aún golpeada por el escándalo de corrupción que involucró al ex titular Diego Spagnuolo– informó que la suba se aplicará en tres tramos “para beneficiar a los profesionales que brindan servicios esenciales”. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aprobó la medida y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo del sector.
“Es una burla, se nos están riendo en la cara”, expresó Bassi en un video publicado en sus redes sociales. “No puedo entender cómo se puede no cumplir una Ley de Emergencia, sancionada y ratificada cuatro veces por el Congreso, y que no haya consecuencias”, cuestionó.
Frente a la presión social y judicial, el Gobierno nacional se vio obligado a restituir más de 100 mil pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja sin justificación. La decisión recibió la firma del interventor de la Andis, Alejandro Vilches, tras fallos adversos como el del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, que ordenó devolver los beneficios por considerarlos derechos vulnerados.
Organizaciones del sector volvieron a movilizarse en Buenos Aires y otras provincias para exigir la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la actualización de aranceles que permita sostener las prestaciones, evitar cierres de instituciones y preservar los puestos de trabajo.
