El Juzgado Federal de Campana admitió un amparo colectivo contra el Decreto 681/2025, que suspendía la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, en un fallo que marca un avance clave en la defensa de los derechos de más de un millón de personas con discapacidad en todo el país.
El reclamo, impulsado por familias y organizaciones del sector, llegó a la vía judicial luego de que el veto presidencial impidiera la implementación de la norma, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto. La decisión del juzgado representa un paso fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.
La Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) celebró la resolución judicial, que reconoce la acción de amparo colectivo presentada contra el decreto presidencial. Si bien la medida no constituye una sentencia definitiva, implica el reconocimiento formal del derecho de las familias afiliadas a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) a reclamar la aplicación de la norma, y amplía la protección a todos los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país.
El juez a cargo del caso confirmó el carácter colectivo del amparo, lo que incluye a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, así como a los prestadores del sistema —entre ellos, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y servicios de transporte especializado—. Además, rechazó todas las excepciones presentadas por el Estado Nacional que buscaban frenar el proceso y ordenó la publicación del fallo en el Boletín Oficial, junto con la acumulación de otros amparos de contenido similar.
La entidad subrayó la importancia de adherir a la presentación colectiva “en defensa del derecho a la salud, la educación y la inclusión”, y reiteró su compromiso de trabajar junto a familias y organizaciones para garantizar la continuidad de los tratamientos y apoyos necesarios.
La resolución interlocutoria fortalece la legitimidad del planteo y habilita la incorporación de prestadores al proceso judicial, consolidando la defensa de un colectivo históricamente vulnerable. En ese sentido, el presidente de ATRAES, Pablo Bolego, afirmó que “es un gran avance, la justicia está avalando nuestro planteo”.
Bolego sostuvo que la aplicación inmediata de la Ley 27.793 “es la única vía para revertir la crisis que atraviesa el sistema: implementar la ley es lo único que puede salvar al sistema completamente roto y colapsado”. También reafirmó la confianza en el camino institucional y la independencia judicial: “Confiamos en la justicia, como sostuvimos siempre, todo dentro de la ley. Es un colectivo muy vulnerable como para ser víctima de un ajuste salvaje”.
Por último, desde ATRAES remarcaron que el transporte especializado constituye un eslabón esencial para garantizar el acceso a la salud, la educación y la vida comunitaria de las personas con discapacidad. La organización confirmó que continuará acompañando cada instancia judicial y política que asegure la plena vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y la protección de los derechos adquiridos.
