El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, oficializó este miércoles la medida que coloca en “situación de disponibilidad” a 343 trabajadores de organismos vinculados al agro, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el exInstituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La resolución 1240/2025, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en las modificaciones estructurales derivadas del decreto 462 del 7 de julio, que había declarado la emergencia pública en múltiples materias y otorgado al Poder Ejecutivo amplias facultades para reestructurar dependencias estatales. Según se especifica, 286 empleados pertenecen al INTA, 49 al INV y 8 al exInase.
La resolución generó repercusiones inmediatas, no solo porque la decisión se produce horas después de que el Senado frenara el decreto del Ejecutivo que reconfigura estos organismos, sino también porque la Justicia había hecho lugar al amparo presentado por gremios estatales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la medida alcanza a trabajadores de planta permanente que contaban con estabilidad adquirida. Para los sindicatos, la resolución constituye una profundización del ajuste sobre el empleo público y representa un retroceso en términos de derechos laborales adquiridos.
La “situación de disponibilidad” está prevista en la Ley 25.164 y en el decreto 1421 de 2002, normas que regulan la administración pública nacional. De acuerdo con la reglamentación más reciente, establecida por la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, este régimen prevé que el personal alcanzado por procesos de reestructuración, eliminación de funciones o reducción de dotaciones, permanezca en esa condición por un plazo máximo de doce meses. Durante ese período, la administración puede decidir su reubicación en otra dependencia o, en su defecto, avanzar con la desvinculación definitiva.
El Ejecutivo sostiene que la medida se inscribe dentro de un plan más amplio de “modernización” del Estado, que busca reducir estructuras consideradas sobredimensionadas y avanzar en la racionalización del gasto público. “El área competente de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía ha tomado la intervención correspondiente. El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía ha emitido dictamen en el ámbito de sus competencias”, señala textualmente la resolución firmada por Caputo.
La disolución del Inase, la transformación del INV en una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura y la modificación del estatus del INTA —que pasó de ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado bajo la órbita de la misma cartera— son los cambios centrales que justifican la medida. A su vez, el decreto 585 del 14 de agosto complementó esta reorganización al establecer que tanto el INV como la Dirección Nacional de Semillas pasaran a constituirse como unidades organizativas de primer nivel operativo, bajo la órbita de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El decreto 462/2025 había sido claro en este sentido al señalar que los organismos mencionados presentaban una estructura “excesivamente onerosa” para el Estado. La resolución 1240/2025, ahora, traduce esa visión en medidas concretas que afectan a más de tres centenares de empleados que, hasta ayer, contaban con estabilidad en sus cargos.
Los considerandos de la norma recuerdan que el artículo 11 del anexo a la Ley 25.164 establece que todo personal con régimen de estabilidad que se vea alcanzado por la supresión de organismos, reducción de dotaciones u otros cambios estructurales, pasará automáticamente a situación de disponibilidad por un máximo de doce meses. Esa disposición se presenta como el sustento jurídico de la medida, aunque en el texto oficial no se detalla de manera explícita el número final de trabajadores afectados, que sí precisaron los gremios.
La decisión del Ejecutivo, firmada por Caputo, abre un nuevo capítulo de tensión con los sindicatos, que ya habían advertido sobre las consecuencias sociales y laborales de este tipo de resoluciones. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de “modernizar” el Estado y reducir gastos, los gremios insisten en que las medidas recortan derechos adquiridos y generan incertidumbre para cientos de familias que dependían de esos puestos de trabajo.
