El Gobierno nacional promulgó este martes, a través del Boletín Oficial, las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Sin embargo, ambas normas quedaron suspendidas en su ejecución “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”, según se detalla en el decreto correspondiente. La medida replica lo sucedido días atrás con la ley de emergencia en discapacidad, que también fue promulgada pero sin aplicación efectiva.
La decisión generó nuevas tensiones con distintos sectores sociales y gremiales que reclaman la plena vigencia de las leyes aprobadas por el Congreso. En el caso del área de discapacidad, las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad habían convocado a un paro de actividades por 48 horas desde hoy, al que califican como un “cese involuntario”, en reclamo del cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad.
“Es momento de hacer oír nuestra voz y exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. ¡Aumento de aranceles ya!”, expresaron desde el Foro en la convocatoria a una movilización prevista para mañana a las 11, desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud. La protesta busca visibilizar el impacto que tiene la falta de ejecución presupuestaria sobre los centros de atención y las familias que dependen de los servicios contemplados en la ley.
La medida de fuerza se enmarca en un escenario de creciente conflictividad en distintos sectores vinculados a la salud y la educación. A la movilización de las organizaciones de discapacidad se sumarán mañana los trabajadores docentes universitarios, que también realizarán un paro nacional en reclamo de una recomposición salarial y la inmediata aplicación de la ley de financiamiento universitario.
Las tres normas fueron sancionadas por el Congreso en respuesta a reclamos sociales y sectoriales de larga data. El financiamiento universitario busca garantizar la continuidad del funcionamiento académico y administrativo de las universidades nacionales, afectadas por la reducción presupuestaria. En tanto, la emergencia pediátrica apunta a fortalecer la atención sanitaria en hospitales y centros especializados, frente a la falta de insumos y personal.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de condicionar su aplicación a la definición de nuevas fuentes de financiamiento mantiene paralizadas sus medidas concretas. El argumento oficial es que el presupuesto vigente no contempla los recursos necesarios para afrontar los gastos que implican las tres leyes.
Mientras tanto, las organizaciones sociales y gremiales continúan reclamando que el Gobierno garantice los fondos para su cumplimiento efectivo. “Promulgar sin ejecutar es una forma de vetar”, advirtieron desde el Foro Permanente Discapacidad, en sintonía con las críticas que también expresaron los sindicatos docentes y de salud pública.
La jornada de mañana volverá a concentrar protestas simultáneas en las calles: el paro y movilización de discapacidad, las medidas de fuerza en universidades y la continuidad del reclamo sanitario marcan un escenario de fuerte malestar social ante la falta de aplicación de leyes aprobadas por el Congreso.
