En una medida con escasos precedentes, el gobierno de Javier Milei dispuso desde hoy la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados. La decisión implica la restricción de la tarea profesional de unos 60 trabajadores de prensa que se desempeñan de manera habitual en la sede oficial.
Según confirmaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la medida alcanza a todos los medios con presencia diaria en Balcarce 50. Entre las razones esgrimidas se encuentran la necesidad de profundizar una investigación por una presunta infiltración rusa en medios de prensa —por la cual periodistas de siete medios ya habían tenido restringido su acceso durante más de dos semanas— y la reciente denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal.
“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, indicaron fuentes oficiales, aunque hasta el momento no se emitió un comunicado formal.
La decisión marca un hecho con pocos antecedentes en la historia reciente: la sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo operativa durante períodos democráticos e incluso durante gobiernos de facto.
La restricción coincide con la agenda del Presidente en la sede de gobierno. A las 14, Milei tiene previsto recibir al empresario estadounidense Peter Thiel, figura influyente de Silicon Valley y aliado de Donald Trump.
En paralelo, el Gobierno avanzó ayer con una denuncia penal contra dos periodistas de TN, a través de la Casa Militar, organismo encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia de Olivos. La presentación se produjo tras la difusión de una filmación realizada en el interior del edificio gubernamental, en la que se mostraron pasillos e instalaciones de uso común.
De acuerdo a las autoridades, podrían existir delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares, además de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.
El documento, firmado por el jefe de la Casa Militar, el general de Brigada Sebastián Ibáñez, sostiene que se busca poner en conocimiento de la Justicia “el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”.
Por su parte, el presidente Javier Milei, quien se encontraba de viaje en Israel al momento de la difusión del material, reaccionó en redes sociales con duras críticas hacia el periodismo. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, escribió en su cuenta de X.
La medida se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, marcado por reiteradas expresiones públicas del mandatario contra periodistas.