El Gobierno oficializó este lunes una profunda reforma en la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina, a través del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. La norma redefine el rol de la fuerza y establece que se reorientará hacia la “investigación enfocada en detectar delitos federales complejos y en la desarticulación de organizaciones criminales”.
La medida dispone que la Policía Federal dejará de cumplir funciones vinculadas a la seguridad local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competencias que desde la creación de la Policía de la Ciudad eran compartidas. Según el texto, el objetivo es que el cuerpo tenga “mayor autonomía” para perseguir delitos federales, con una estructura centralizada en la inteligencia criminal y la acción investigativa.
La reforma habilita a la Policía Federal a “registrar y calificar a las personas dedicadas a actividades que la policía debe reprimir”, además de autorizarla a realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales”, sin requerir autorización judicial previa. Esto último genera preocupación en sectores vinculados a la defensa de los derechos digitales y la privacidad.
Según especialistas consultados tras la publicación del decreto, la nueva estructura permitirá a la Policía Federal iniciar investigaciones no sólo por orden judicial sino también por instrucción directa del Ministerio de Seguridad. Esta posibilidad amplía el margen de acción del Ejecutivo sobre causas federales sensibles.
La ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei encabezarán hoy a las 14:15 una conferencia de prensa en la sede del Cuerpo de Policía Montada, donde brindarán detalles sobre la reforma. La presentación pública buscará respaldar políticamente una medida que ya genera debate entre juristas y actores del sistema judicial.
Voceros del Gobierno indicaron que esta reconfiguración responde a la necesidad de una “fuerza moderna, ágil y eficaz” para enfrentar el avance del narcotráfico, la trata de personas, los ciberdelitos y otras expresiones del crimen organizado. Para organismos de derechos humanos, sin embargo, la eliminación de controles judiciales en determinadas tareas preventivas puede abrir la puerta a excesos.
El debate legislativo y judicial sobre esta decisión no tardará en llegar, en un contexto donde la seguridad ocupa un rol central en la agenda política nacional.
