La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, explicó los motivos por los que decidió suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dictada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad.
La resolución judicial se conoció pocos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada en marzo de 2026. Entre sus disposiciones establece un régimen aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
En este contexto, Pascual salió a explicar públicamente las razones de su decisión y remarcó que su cuestionamiento no está dirigido específicamente contra la reducción de la edad de imputabilidad. “Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad”, sostuvo la magistrada durante una entrevista concedida a Radio Now 97.9. Su planteo, explicó, está relacionado con las condiciones materiales y los recursos disponibles para implementar el nuevo régimen.
Para la jueza, la puesta en funcionamiento del nuevo esquema requiere dispositivos y recursos específicos para los adolescentes alcanzados por la normativa.
“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, reiteró Pascual.
La preocupación de la magistrada se vincula con la capacidad existente para afrontar la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense. La suspensión preventiva fue dispuesta por 60 días, período durante el cual, según explicó, se debería definir cómo funcionará el esquema y qué recursos estarán disponibles.
“En estos 60 días nos pongamos todos de acuerdo y veamos quién va a ser el supervisor, qué recursos les vamos a dar”, agregó.
La reglamentación nacional de la Ley 27.801, publicada el 7 de septiembre, contempla precisamente aspectos vinculados con la figura del supervisor, la atención integral de las víctimas, las medidas complementarias y penas alternativas, la formación especializada de los operadores y la articulación entre distintas jurisdicciones.
Pascual señaló que en la provincia de Buenos Aires los jueces especializados ya pueden disponer medidas sobre menores de 16 años y aseguró que actualmente hay “más de 100 chicos menores que están entre 14 y 16” privados de la libertad.
Consultada sobre las condiciones de encierro, fue contundente: “Pésimo. Y no es que me parezca a mí, es lo que siento”.
La jueza sostuvo que la privación de la libertad por sí sola no alcanza para reducir la violencia y defendió mecanismos vinculados con la justicia restaurativa. En ese sentido, explicó su propia forma de abordar los casos:
“Yo aplico lo que se llama la justicia restaurativa, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”.
La posición expresada por Pascual pone el foco en qué ocurre con los adolescentes durante el cumplimiento de las medidas y en las condiciones necesarias para que puedan volver a la sociedad.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la magistrada está relacionado con la idea de que incrementar la cantidad de jóvenes privados de la libertad implique necesariamente un aumento de la seguridad.
“Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual, según consignaron medios que reprodujeron sus declaraciones.
La jueza también se refirió al lugar de las víctimas dentro del proceso judicial. Explicó que recibe familiares una vez por semana, en cumplimiento de la normativa que establece su atención por parte de los jueces.
“Tengo por un lado que escuchar a la víctima que la víctima me pide determinadas cosas”, indicó.
Al mismo tiempo, sostuvo que tiene la obligación de trabajar para que el joven pueda reinsertarse en la sociedad. Para Pascual, ambasa cuestiones forman parte de las responsabilidades que debe afrontar dentro de su función judicial.
Respecto de los adolescentes que cometen delitos graves, Pascual remarcó que las penas deben determinarse de acuerdo con cada caso y con el delito cometido.
También señaló que la prisión perpetua para menores está prohibida por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, mientras que la reglamentación publicada recientemente señala entre sus objetivos la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes alcanzados.
La decisión de suspender durante 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil generó cuestionamientos hacia la magistrada. Ante quienes la señalaron por mantener una postura “garantista”, Pascual respondió:
“Sí, siempre yo garantista, soy de la ley. Y además de la ley, quiero seguridad”.
La jueza agregó que también busca reducir la reincidencia y mencionó su experiencia reciente en Colombia con programas destinados a disminuir la violencia.
La magistrada defendió así el sentido de la suspensión: no planteó que la reducción de la edad de imputabilidad fuera necesariamente incompatible con el sistema, sino que cuestionó que pueda implementarse sin contar con los mecanismos, recursos y dispositivos necesarios.
La resolución, además, todavía puede ser revisada por otras instancias judiciales. La propia Pascual lo reconoció al referirse a las posibilidades de apelación: “Yo encima mía tengo como 3 instancias más, veremos qué es lo que dice”, concluyó.
La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil queda así atravesada por dos cuestiones que la jueza planteó durante su entrevista: la seguridad y las condiciones concretas en las que se aplicará el sistema. Mientras la Ley 27.801 establece el nuevo marco nacional, la Justicia bonaerense mantiene suspendida preventivamente su aplicación durante 60 días en la provincia, a partir del hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
