La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de ocho años y medio de cárcel para un exagente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por haber abusado sexualmente de una mujer que estaba con prisión domiciliaria y a la que en 2019 le había ido a instalar una tobillera de monitoreo, en el partido bonaerense de Moreno. Así lo informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por la Sala III de dicho tribunal de alzada, conformada por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Así, los magistrados rechazaron el recurso interpuesto por la defensa de Fernando Víctor Alfonso. De esta manera quedó firme la sentencia dictada en septiembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de San Martín.
Hace un año y medio, Alfonzo recibió una condena de ocho años y medio de cárcel por el delito de “abuso sexual mediante acceso carnal, agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función”, en perjuicio de una mujer que cumplía prisión domiciliaria en su vivienda.
Los jueces argumentaron que “las pruebas e indicios” permiten “inferir la comisión del delito” por parte de Alfonzo, y que “la versión expuesta por la víctima se corrobora con otros elementos de prueba”. Cabe destacar que también se le impuso al hombre una inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial.
Durante el juicio oral, la jueza Silvina Mayorga y los jueces Daniel Cisneros y Walter Antonio Venditti dieron por probado que el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2019, cuando Alfonzo, en su calidad de ayudante de tercera del Servicio Penitenciario y en su rol de miembro del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve) del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concurrió a la vivienda.
Allí, en un domicilio ubicado en la localidad de La Reja, partido de Moreno, el penitenciario debía instalarle la tobillera electrónica a la mujer. La residente cumplía arresto domiciliario por una condena impuesta por el TOCF 5 de San martín en el marco de un caso de trata de personas.
En tanto, el 2 de marzo el imputado volvió al domicilio de la víctima dado que el equipo de monitoreo había quedado mal colocado. Al día siguiente, según se probó en el debate, se presentó nuevamente en el lugar; y, tras extorsionarla, la obligó a subir a su Volkswagen Bora, donde abusó sexualmente de ella.
Asimismo, el hombre concurrió a la casa también el 7, 8 y 28 de marzo. En estos días extorsionó a la víctima con “emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria”. Tras advertir lo que ocurría, una de las hijas de la víctima la convenció para denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
El fiscal de juicio, Alberto Gentili, analizó y valoró la prueba testimonial y documental, que acreditaba la conducta atribuida a Alfonzo. Asimismo, agregó que “el hecho configura una forma de ejercicio de violencia contra la mujer”. Así “debe repararse que se trató de un evento en el cual ha tenido intervención un funcionario público encargado del cumplimiento de la ley”.
Según expuso el fiscal, esto “obligaba a prestar una especial atención a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de integridad de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y de violencia institucional, que viene dado por la situación de asimetría entre víctima y acusado”.
Fuente: Télam
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