El Senado de la Nación vivió una jornada histórica al desactivar el veto del presidente y avanzar con la aprobación de la emergencia en discapacidad, en una votación que reunió a partes de la oposición tanto como peronistas, radicales, macristas y senadores alineados con distintos gobernadores. Con más de dos tercios de los votos, la decisión parlamentaria marcó un hecho inédito: por primera vez en 22 años, el Congreso rechazó un veto presidencial.
El resultado fue contundente. La iniciativa obtuvo 63 votos a favor y solo siete en contra, estos últimos todos provenientes del oficialismo. Se trató de los libertarios Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero, quien pertenece al Frente PRO de Córdoba.
El debate no estuvo exento de tensiones internas. Dentro del oficialismo se generó un conflicto a raíz de un mensaje publicado en redes sociales por Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, quien lanzó un posteo muy agresivo contra el senador Luis Juez por haber votado a favor de la ley. La publicación, que luego fue borrada, expuso una fisura dentro del espacio libertario frente a la estrategia de confrontar con la oposición.
Además, reformula las pensiones no contributivas y dispone la actualización de aranceles, medidas que se destacaron como urgentes por diversos sectores vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
El presidente Javier Milei había manifestado su rechazo a la iniciativa e incluso había considerado la posibilidad de judicializar el tema. Sin embargo, tras la votación en el Senado, el Ejecutivo se ve obligado a promulgar la ley, consolidando una derrota política que exhibe los límites del oficialismo en el Congreso frente a una oposición con capacidad de articular consensos.
En paralelo, la Cámara alta también debatió la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Ese proyecto logró obtener media sanción con una mayoría especial, lo que refuerza la señal de que el Parlamento está dispuesto a establecer límites más claros al poder Ejecutivo.
El rechazo al veto presidencial y la sanción de la emergencia en discapacidad se convierten así en un punto de inflexión político e institucional, en un escenario en el que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo se encuentra marcada por la confrontación y la puja por la gobernabilidad.
