Tras el debate en comisiones y el dictamen de más de 70 votos a favor, el proyecto por “la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo” continua su recorrido por la cámara de diputados y hoy se espera su tratamiento y posible aprobación. Algunos puntos de la ley se mantienen del proyecto que no fue aprobado en el 2018, pero no todos. A partir de esto se pone en juego la ética de los funcionarios en el congreso y los espacios políticos. LEY IVE
Con un video en redes sociales, el presidente anunció el 17 de noviembre, que el Estado iba a tomar las riendas por el proyecto. “Estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido”, sostuvo y terminó con “que sea ley”. Esto despertó grandes manifestaciones a favor y en contra de la ley.
Interrupción voluntaria del embarazo está garantizado hasta las 14 semanas de gestación, inclusive. Debe ser decidido y requerido por la persona gestante. Esto ya estaba contemplado en el proyecto de media sanción en diputados en el 2018. En caso de que se haya excedido el plazo, el nuevo texto dice que el acceso está garantizado para dos casos:
– Si se trata de una violación, se requiere una declaración jurada ante el personal
de salud. Sin embargo, en los casos de niñas menores a 13 años, no se exige la
declaración.
– Si corre peligro la salud o la vida de la persona gestante.
Los 10 días es el plazo máximo que se establece para poder realizar la práctica. Esto quiere decir que cuando se decide llevar a cabo la interrupción y se lo exige ante una
institución de salud, no pueden pasar más de diez días para realizarla. LEY IVE
Deja de ser un delito la práctica tanto para los médicos como para las gestantes. El artículo 85 del Código Penal establece, hoy, prisión de hasta cuatro años para quien causare un aborto. Por lo tanto, se mantiene la despenalización del proyecto del 2018 que establecía que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. LEY IVE
De tres meses a un año es la pena que le puede corresponder a un profesional de la salud por negarse a realizar la práctica, obstaculizarla o dilatarla. Esto permite que en caso de que un médico o médica no quiera realizar la interrupción del embarazo no genere impedimentos para que otro lo haga.
Si un profesional no quiere realizar el aborto, puede manifestar su objeción de conciencia que no puede ser institucional. De esta forma, un centro de salud no puede negarse por completo a la práctica y debe ser realizada por otro profesional. En comisiones se modificó y se dispuso que si una institución privada o gremial se niega, se debe derivar a la paciente a otro centro para que se pueda interrumpir el embarazo dentro de los 10 días y con las medidas necesarias.
Sin embargo, no podrá negarse en caso de que la salud de la gestante esté el peligro como tampoco puede no brindar asistencia postparto. LEY IVE
Tanto el proyecto del 2018 como el actual establece que el aborto está garantizado en instituciones públicas y privadas o gremiales.
Desde el momento en que se envía la solicitud para realizar un aborto, la institución sanitaria debe poner a disposición “información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores necesarios” como así también sobre educación sexual y métodos anticonceptivos. Además, el proyecto explica que debe haber un trato digno e integral de la salud durante todo el proceso. Se lo denomina consejería obligatoria que no estaba en el proyecto anterior. LEY IVE
Se trata del programa totalmente nuevo de acompañamiento integral para todas las personas gestantes que quieran tener descendencia. Se dispone un pago de asistencia durante los primeros tres años y la extensión de la asignación universal por embarazo de seis meses a nueve. Además amplía, también, el pago por nacimiento y adopción a los beneficiarios del plan de asistencia Asignación Universal por Hijo. Y el Estado garantiza la provisión gratuita de vacunas e insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia. Si bien parte de la propuesta de los mil días ya existe y debe cumplirse por parte del Estado, se lo contempla dentro de este nuevo programa.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza se pronunció a favor del proyecto en 2018 mientras cumplía su mandato como diputado nacional por el Frente para la Victoria. En el recinto explicó que “es un tema donde no hay ninguna otra bandera más importante que la justicia social” y que “hay una gran desigualdad” que atender. Además, Espinoza les exigió a los legisladores “interpretar qué es lo nuevo que está pasando en la Argentina” y pidió que se deje de lado las creencias, los temas particulares “para que el estado tenga realmente la responsabilidad de tener la
educación sexual igualitaria en todas las ciudades del país”. El día en que el presidente, Alberto Fernández, decidió enviar el nuevo proyecto de ley, el intendente matancero compartió un tweet del partido Frente de Todos en el que se leía:
“Que la solidaridad sea la regla. Cumplimos con nuestro contrato electoral presentando el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el de los Mil días, que garantiza la protección de las madres y de los tres primeros años de vida de niños en situación de vulnerabilidad”. Por su parte, la diputada provincial por la tercera sección dentro de la cual está la Matanza, María Laura Ramírez compartió en su cuenta de Twitter un video del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que explica las claves del proyecto. Al terminar el mensaje manifiesta: #QueSeaLey
Para finalizar, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires escribió recientemente un tweet en el que manifiesta su voto afirmativo para que el proyecto salga de la cámara de diputados:
“Comunico que frente al proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, mi voto será a favor porque considero que dentro de un ámbito social y económico de alto nivel, con o sin ley, los abortos seguirán y clandestinos. #AbortoLegal2020”
Por otro lado, en el mismo mes que se trata esta ley, el presidente provincial del Partido Federal y Concejal de La Matanza, Miguel Saredi, presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto dirigido a la presidenta del HCD, Liliana Pintos. El mismo invita a los legisladores del distrito a pronunciarse a favor y en defensa de la vida. Como se manifiesta en el proyecto, considerando que ” Argentina, en su carácter de Estado de derecho representativo, republicano y federal, reconoce como ley suprema a la Constitución Nacional (CN), la cual junto a los Tratados Internacionales incorporados expresamente con la Reforma Constitucional del año 1994 en su art. 75, inc. 22- representan la supremacia en la pirámide normativa, por esta razón toda Ley que pretenda sancionarse deberá respetar los principios y normas receptados en ellos para no ser tachada de inconstitucional (art. 31 de la CN).”
Es decir, todas las propuestas de ley deben respetar a la Constitución Nacional, ya que está por encima de todas las leyes de la nación. Claro, si se pretende que se aprueben. En el proyecto presentado por Saredi, también explica distintos fundamentos: “En nuestro pais, todas las leyes vigentes afirman que la vida existe, desde la concepción y, en tal sentido, podemos mencionar que, en nuestro Código Penal vigente, los artículos relacionados con el aborto se encuentran en el Libro Segunda, Titulo Capitulo titulados como Delitos contra las Personas y Delitos contra la Vidas, respectivamente.”
En relación a las protestas para que se renueve la postura sobre la ley del aborto, dentro del proyecto presentado al HCD, afirman que “Es importante destacar que este Código fue modificado durante el año 2017 y 2018 por distintas Leyes (27.347, 27352, 27.375, 27.401 y 27436). Ninguna de las cuales introdujo cambios respecto del tratamiento del aborto”. Continúa “Por su parte el Código Civil y Comercial de la Nación (c.CC.N) regula en su Libro Primero, Parte general, Titulo I, la definición legal de una persona humana. Y en su Capitulo 1. explica el momento a partir del cual, en nuestro país, se considera como el comienza de la existencias. Específicamente, el art. 19 del (C.C.CN.) dispone lo siguiente: La existencia de la persona humana comienza con la concepción.”
El sector político de los Jóvenes del Pro, no se manifestaron ni en contra ni a favor del proyecto de ley IVE. Los concejales pertenecientes al mencionado partido, junto al concejal de Cambiemos Juntos La Matanza y Lalo Creus, tampoco se manifestaron sobre el tema. La mayor parte de los integrantes del HCD no emitieron una postura al respecto. Si bien podría inferirse que cada integrante acompaña la decisión que toman las cabezas del partido al que pertenecen, en un debate tan significativo para la sociedad argentina, sus posturas no pueden darse por confirmadas hasta que hablen al respecto, ya que cada postura que se expresa cuenta, pero cada postura que no se expresa, también.
Por Luciana Prachas
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