Impulsado por un triunfo electoral contundente, el presidente Javier Milei confirmó que la reforma laboral será una de las prioridades de la nueva etapa de gobierno. En declaraciones televisivas, el mandatario sostuvo que “antes debe haber una modernización laboral que no implica una pérdida de derechos”, y apuntó a la dirigencia sindical: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”.
El proyecto que el Ejecutivo planea utilizar como base es la iniciativa presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. Titulada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, la propuesta cuenta con el aval de la Casa Rosada y se centra en la flexibilización del mercado de trabajo. A diferencia de otros proyectos impulsados por legisladores de Pro y la UCR, no aborda la cuestión sindical ni la recaudación de aportes, temas que habían generado tensiones con la CGT durante el año pasado.
La reforma laboral reproduce varios artículos del capítulo IV del DNU 70/23, suspendido por la justicia laboral y pendiente de resolución en la Corte Suprema. Entre sus puntos más controvertidos figuran la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la posibilidad de pagar una parte del salario mediante “tickets canasta o restaurant”, y el pago de indemnizaciones o multas judiciales en hasta 12 cuotas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que el Gobierno busca modificar la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios cuando no se renuevan. Además, Cordero propuso que las paritarias se negocien por productividad y por empresa, una modalidad que recuerda a las políticas implementadas en la década del 90 durante el gobierno de Carlos Menem.
Durante su exposición en el coloquio de IDEA, Cordero —quien trabajó durante 35 años como abogado del Grupo Techint— planteó la necesidad de “negociaciones dinámicas” y ratificó que el proyecto de Diez será el punto de partida para una nueva legislación. El funcionario participó en la redacción del capítulo laboral del DNU 70/23, mucho antes de su ingreso formal al Gobierno, y hoy responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La intención oficial es incorporar las sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, espacio en el que confluyen representantes del sindicalismo y del empresariado, entre ellos Gerardo Martínez (Uocra, por la CGT) y Martín Rappallini (UIA). Sin embargo, la central obrera ya expresó su rechazo categórico. En una carta abierta, Martínez afirmó que “la pretendida reforma laboral no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y oportunamente judicializada con éxito por nuestra central sindical”.
Desde el oficialismo, la reforma laboral se presenta como una herramienta para incorporar a unos ocho millones de trabajadores informales al mercado formal y facilitar luego una reforma tributaria. En palabras de Milei, se trata de un paso “necesario y previo” para consolidar el nuevo esquema económico que su gestión busca implementar.
