En un contexto marcado por la suba de precios y el deterioro del poder adquisitivo, la crisis social se hace visible en las calles de CABA, donde cada vez más personas buscan comida entre la basura para sobrevivir. La profundización del ajuste económico se cruza con medidas que, lejos de atender la emergencia, apuntan a criminalizar la pobreza y la desesperación.
El dólar cerró ayer a 1.370 pesos para la venta en el Banco Nación y se alejó, por segunda jornada consecutiva, del techo de la banda cambiaria. Sin embargo, tras un mes en el que la divisa acumuló una suba cercana al 14%, comenzaron a sentirse los efectos en los precios. La Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), que agrupa a gran parte de la industria de alimentos y bebidas del país, envió nuevas listas a supermercados y comercios con incrementos que van del 3 al 9%.
Entre los compromisos asumidos figura la meta de alcanzar un superávit fiscal del 1,6% del PBI, con el agregado de “controles mejorados de elegibilidad” en pensiones por discapacidad y en la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En medio de un contexto económico complejo, las declaraciones del presidente Javier Milei anoche en un evento de la Fundación Faro encendieron la polémica. “Si la gente no llegara a fin de mes, tendría que estar lleno de cadáveres en las calles”, expresó durante su discurso, minimizando el impacto de la crisis sobre la población.
Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Jorge Macri ordenó al Ministerio de Seguridad y a la Policía actuar contra quienes remuevan residuos de los contenedores. La medida fue anunciada a través de un spot y acompañada por la vocera Laura Alonso, quien advirtió en redes sociales que quienes sean sorprendidos hurgando basura podrían enfrentar multas de hasta 900 mil pesos.
El Código Contravencional porteño ya contempla sanciones para quienes ensucien bienes públicos o privados, pero el anuncio no incluyó propuestas para asistir a las personas que recurren a esa práctica por necesidad. Todo esto ocurre después de que se retirara el servicio de transporte a las cooperativas de cartoneros que viajan desde la provincia de Buenos Aires, dificultando aún más su tarea diaria.