El acoso sexual incluye un amplio abanico de conductas de carácter sexual, no deseadas, ofensivas y amenazantes para la víctima. Éstas pueden ir desde atención sexual no deseada, gestos y/o actitudes, hasta conductas verbales o físicas. Es un delito, según la Ley N° 25.087, y su autor puede ser sancionado con una pena de prisión. En este contexto, la Universidad Nacional de La Matanza es una institución en la que la violencia de género no queda excluida.
UNLaM brinda contención desde la Dirección de Bienestar Estudiantil ante denuncias de acoso, violencia de género o discriminación por orientación sexual. Esto aplica tanto en alumnos, docentes y no docentes, personal académico y administrativo.
El asesoramiento es gratuito de forma presencial y también cuenta con un correo electrónico denuncias@unlam.edu.ar y una línea telefónica 4416-2144 exclusivos para la realización de denuncias. Todo con el fin de ofrecer un canal de comunicación donde las victimas puedan expresarse sin temor.
Luego se coordina una entrevista confidencial, pero no anónima para acompañar a la víctima en el proceso. En una primera instancia trabajadoras sociales se ponen en contacto con quien haya sido objeto de violencia y, luego, se da intervención a los distintos sectores de la Universidad, así como también a los organismos judiciales, en aquellos casos que así lo requieran.
Además, cuentan con un convenio con la ONG Mujeres al Oeste, que brinda atención psicológica a las víctimas que lo necesiten para llevar a cabo un acompañamiento y tratamiento de los hechos.
En 2019 la Escuela de Posgrado UNLaM llevó adelante tres capacitaciones en materia de género y violencia contra las mujeres, prevista en la Ley Nº 27.499, Ley Micaela. Participaron docentes, no docentes y estudiantes de la Casa de Altos Estudios, pero no fue obligatoria.
La temática fue trabajada por la directora de la Maestría y Especialización en Psicoanálisis, Alicia Levin, y la titular de la cátedra Introducción al estudio de género, Débora Tájer.
En Argentina se conformó, desde 2017, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE) con el fin de aplicar planes o programas mucho más completos contra la violencia de género en el sistema universitario del país. El comité ejecutivo se constituyó en mayo de 2018 para promover el reconocimiento efectivo de la perspectiva de género dentro de los espacios universitarios.
En 2019, aún 20 de las 57 instituciones de educación superior públicas del país carecían de un protocolo. Actividades como foros y talleres de capacitación para docentes y no docentes, así como para el estudiantado que ayuden a asimilar la cuestión de género.
En las universidades se crearon departamentos, secretarías o coordinaciones que actualmente dedican sus esfuerzos exclusivamente a la aplicación y revisión de estos programas y protocolos. Este personal, formado en género, es el que realiza los acompañamientos necesarios durante las denuncias, al tiempo que ejecuta las actividades preventivas.
En la UBA y en la UNC ,por ejemplo, es obligatorio tanto como para alumnos y docentes el curso de la Ley Micaela gracias a su participación en el RUGE. Lamentablemente, en UNLAM todavía no contamos con esta ampliación.
LAFERRERE: Un policía de la ciudad asesinó a dos presuntos asaltantes
