Mes: enero 2022

Con ánimo mesurado, parte del oficialismo llamó durante las últimas jornadas a participar de una movilización el martes 1 de febrero bajo la consigna de reclamar cambios en el funcionamiento del poder judicial. Las líneas bajas del frente son la cara de la convocatoria, mientras que la presidencia afirma que “no toma postura”. Así, cabe preguntar: ¿qué hay detrás de la marcha del “1F” que alienta, pero no tanto, el gobierno de Alberto Fernández?

Con el fin de exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el dirigente sindical Luis D’Elía y el juez Juan Ramos Padilla impulsan la manifestación, que tendrá lugar frente al edificio del máximo tribunal. El reclamo incluye el “fin del lawfare” y la “democratización del poder judicial” para que “no opere para la embajada de Estados Unidos”. La convocatoria se replicó desde diversas parcialidades del kirchnerismo y el oficialismo en general, pero no por parte de referentes altos.

En esta línea, aunque coincidió en el diagnóstico sobre el poder judicial, el gobierno nacional repetidamente se distanció de la movilización oficialista. “El gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad ni político. No son temas sobre los que tenga que opinar”, sintetizó el jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Sin embargo, otros funcionarios apoyaron públicamente la manifestación, por lo que el “1F” queda teñido de un respaldo institucional incierto.

Marcha del “1F”: ¿quién convoca, y quién no, en el gobierno?

“La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio. Algo está funcionando mal”, criticó Fernández semanas atrás, en declaraciones a Radio 750. Desde Honduras, también la vicepresidenta Cristina Kirchner consideró que “de la misma manera que se financiaban los golpes militares se comienzan a financiar los golpes judiciales”. No obstante, ninguno brindó su apoyo explícito a la marcha del “1F”, en conjunto con la mayoría de funcionarios de primera línea del gobierno. Como siempre, hay excepciones.

Entre las figuras de mayor importancia institucional en dar aval directo al reclamo se halla el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi. El dirigente señaló que la convocatoria “genera un proceso de democratización de la Justicia” y confirmó su asistencia el próximo martes. Además, calificó: “Va a ser una gran movilización, vamos a estar los perseguidos”, en diálogo con El Destape Radio.

Junto a Ferraresi, el otro notable respaldo del gabinete provino del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, quien identificó una situación de “hartazgo” social. “El pueblo tiene que hacerse sentir”, alentó el funcionario a comienzos de enero, en una entrevista a El Destape. A él se sumaron diversos legisladores y referentes varios, entre los que se cuentan diputados oficialistas como Hugo Yasky y Leopoldo Moreau.

Los nombres comprueban que la convocatoria no cuenta sino con un apoyo pormenorizado cuando de altos cargos se trata. La marcha tampoco despertó el agrado de parcialidades del oficialismo como la Confederación General del Trabajo (CGT), donde dos de los tres secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, plantearon sus diferencias. El dirigente restante, Pablo Moyano, se cuenta entre los organizadores de la jornada.

Marcha del “1F”: las consignas de la convocatoria

Por lo pronto, la marcha que parte del gobierno convoca para el martes “1F” incluye una amplia base de consignas. La protesta se yergue sobre tres patas principales: los reclamos por el reemplazo de los jueces que integran la Corte Suprema -cuatro tras la renuncia de la magistrada Elena Highton de Nolasco el octubre pasado-, el fin del lawfare y la “democratización” del poder judicial, que aspira a mejorar su funcionamiento a nivel federal.

La primera consigna resuena con fuerza, dadas las implicancias de que un gobierno pida por la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, máximos representantes del único poder independiente en la república. Aquí cabe destacar que el reclamo más duro al respecto no surgió desde el Ejecutivo, sino desde los primeros impulsores de la manifestación. “La marcha sale a exigirle a los Supremos que renuncien y no vuelvan nunca más”, consignó Ramos Padilla vía Twitter. Otros referentes fueron más tenues en sus declaraciones.

Además, la base de consignas contempla un cúmulo de iniciativas y reclamos como el trunco proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que propuso el gobierno en diciembre, y el pedido de justicia por las causas que vincularían al expresidente Mauricio Macri con el poder judicial durante su mandato, que ganó ímpetu luego de conocerse las reuniones que mantuvieron en 2017 los entonces funcionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal donde habrían promovido imputaciones judiciales contra sus adversarios políticos.

Contramarcha del “3F”: la oposición se para en contra

Es menester agregar, finalmente, que la protesta no cayó bien en la oposición. En concreto, Juntos por el Cambio apuntó al gobierno por “atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”. La coalición mencionó, en un comunicado que difundió este sábado, que el Ejecutivo propone “reclamos facciosos” que “no solo van en contra de lo que la Constitución establece, sino que se tratan lisa y llanamente de una actitud golpista”.

Además, parte de Juntos por el Cambio anunció la realización de una contramarcha el jueves “3F”. La convocatoria, impulsada por el sector liberal que encabeza el diputado Ricardo López Murphy, no fue compartida con énfasis por las demás parcialidades al menos aún.

Nota por Manuel Román

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Luego de extensos meses de negociación, el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo para reestructurar la deuda de 44.500 millones de dólares que el país contrajo en 2018. Se trata de la noticia más esperada para el presidente Alberto Fernández, pero también del primer paso en un largo derrotero político que tendrá que recorrer el oficialismo, en busca de apoyos clave internos y externos para hacer efectivo el plan económico codiseñado desde Washington.

Este viernes, día en que vencía una porción de 717 millones de dólares del préstamo stand by otorgado a la administración del expresidente Mauricio Macri, el Ejecutivo anunció que alcanzó un principio de acuerdo de facilidades extendidas con el organismo financiero que dirige Kristalina Georgieva. De aprobarse, el entendimiento se traducirá en un programa de dos años y medio con instancias de revisión cada tres meses. El Fondo ejecutará desembolsos en cada memorando trimestral para que la Argentina pague los vencimientos de deuda correspondientes.

“Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable”, aseguró el presidente desde la Quinta de Olivos. Por su parte, el ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que “se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr”. Mas el apoyo interno es insuficiente: el oficialismo debe garantizar el voto positivo de la oposición porque no posee mayorías en el Congreso. En principio, Juntos por el Cambio asiente, pero a la distancia.

Acuerdo entre el gobierno y el FMI: el apoyo interno

“Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo que elevaré al Congreso de la Nación para su consideración”, confió en su discurso Fernández; y cerró: “Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas”. Pero el respaldo del frente de gobierno no siempre estuvo sellado, como lo exponen recientes declaraciones de referentes oficialistas.

Esta semana, la exdiputada Fernanda Vallejos advirtió que al dialogar con el FMI “la Patria está en peligro”. Junto a ella, el actual diputado Leopoldo Moreau declaró a Radio con Vos que “‘default’ es una palabra que aterroriza. Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default y mal no le fue”. Más allá de las críticas internas, el oficialismo debería tener el voto de sus legisladores asegurado.

Dicho eso, el próximo paso será conseguir el respaldo opositor. En su discurso en el Palacio de Hacienda, Guzmán salió de su camino para agradecer a unos pocos funcionarios por sus roles en la negociación: Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Los tres tendrán papeles preponderantes en el desafío político de acordar no con el staff del Fondo sino con los dirigentes cambiemitas.

Los primeros días de enero fueron ejemplo de los intentos de acercamiento del gobierno para con la oposición. Entonces, el presidente compartió con los gobernadores una reunión informativa sobre las negociaciones, pero ninguno de los mandatarios de Juntos por el Cambio asistió. Esta vez, Fernández expresó: “Necesitamos que apoyen este convenio, apelo al compromiso nacional de todos y todas”.

Acuerdo entre el gobierno y el FMI: en busca del voto opositor

“Es una buena noticia el principio de acuerdo del Gobierno con el FMI”; “despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país”; “acordar con los organismos internacionales es una buena noticia”. No; las palabras no pertenecen al oficialismo sino al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado Alfredo Cornejo respectivamente.

Los tres se cuentan entre los referentes opositores que valoraron positivamente el entendimiento alcanzado por la gestión peronista. El siguiente paso para el gobierno es conseguir su apoyo en el Congreso, donde será insoslayable el rol de los mediadores oficialistas. De repetirse la experiencia de las últimas sesiones legislativas, sin dudas tendrán que negociar el voto opositor. La tradición indica que los encargados serán Massa y el jefe del Frente de Todos en Diputados Máximo Kirchner, principalmente.

Hay que evitar confusiones: Juntos por el Cambio todavía mantiene distancia con el gobierno, pese a las declaraciones optimistas en principio. La coalición sintetizó su veredicto en un breve comunicado que publicó el viernes. Si bien el texto considera “positivo el primer entendimiento que evita un costoso default”, luego advierte: “Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso”.

Para otorgar su voto, figuras opositoras como Cornejo, jefe del interbloque opositor en el Senado, demandan el visto bueno explícito de la vicepresidenta. “Desde la oposición emitimos un comunicado en que nos mostramos en un ciento por ciento de acuerdo”, dispuso en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: “Si Cristina no apoya esto, nosotros no estamos ni siquiera en condiciones de someter a nuestra fuerza a la discusión”. Será imperioso para el gobierno hacerse con los respaldos de los titulares de bloque.

Relaciones internacionales: el diálogo con Washington

La última clave política del acuerdo entre el FMI y el gobierno se halla no en la Argentina sino en Estados Unidos, frente de batalla donde el canciller Santiago Cafiero y el embajador nacional Jorge Argüello estuvieron realizando su parte en las negociaciones. En este marco, el representante local en Washington confía en que el entendimiento fortelece el vínculo internacional con Buenos Aires.

Dos semanas atrás, el ministro de Relaciones Exteriores viajó al país norteamericano para encontrarse con las autoridades locales y dirimir las cuestiones políticas concernientes a la negociación. Logrado el acuerdo, Argüello valoró positivamente los encuentros que mantuvo Cafiero, en diálogo con TV Pública. Incluso aseveró que hubo una decisión política para llegar al acuerdo por parte del gobierno de Joe Biden.

Asimismo, el embajador aseguró que la acción en materia política y económica de los principales actores argentinos (Fernández, Guzmán, Massa, Cafiero…) se combinó con “los embajadores en cada una de las capitales de los países que están sentados en la mesa de decisión del Fondo” para alcanzar el entendimiento, por lo que el acuerdo habría promovido no solo la relación con Estados Unidos sino también con otras naciones de peso a nivel mundial.

#PolíticaDeManual: La columna de Manuel Román

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