El Gobierno nacional modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2025. Esta medida introduce cambios en la asignación de recursos y refuerza áreas consideradas esenciales. La disposición responde a la situación de emergencia económica vigente y abarca a organismos nacionales, ministerios, entes descentralizados y beneficiarios de pensiones.
Entre los beneficiados por la modificación, el Ministerio de Salud recibirá fondos adicionales. Esto sucede en pleno conflicto con el Hospital Garrahan, que depende de recursos nacionales.
La medida quedó formalizada mediante la publicación del decreto 425/2025 en el Boletín Oficial. En los fundamentos del texto, se subraya que “la situación de suma gravedad que atraviesa la República Argentina genera profundos desequilibrios que impactan negativamente en la situación social y económica de toda la población”.
Según el Gobierno, la adecuación presupuestaria es imprescindible para “asegurar una distribución razonable de los recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”. Asimismo, el objetivo es evitar que “peligre la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado nacional”.
Entre las medidas incluidas en el decreto se refuerzan los créditos de gasto en personal, funcionamiento, equipamiento, subsidios, becas y transferencias. También se contemplan las erogaciones para el cumplimiento de las funciones de las distintas jurisdicciones nacionales.
Se asignan recursos adicionales a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, al Ministerio de Seguridad Nacional y al Ministerio de Economía. Asimismo, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad y la ANSES verán incrementadas sus partidas.
También incluye cambios en el traspaso de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego al ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. Además, se incorporan saldos remanentes por venta de inmuebles al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, hay una adecuación por la transferencia previsional del Cuerpo de Guardaparques Nacionales a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Recursos adicionales en salud, educación y fuerzas de seguridad
En las áreas de seguridad y defensa, el decreto establece un incremento en los haberes del personal de las fuerzas armadas y de seguridad. Esta mejora implica reforzar el presupuesto para jubilaciones, retiros y pensiones de los respectivos organismos.
En salud, se refuerzan los fondos para hospitales de alta complejidad, programas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos. También incluye recursos para la Agencia Nacional de Discapacidad, subsidios por hemofilia y pensiones no contributivas.
Se destacan las partidas para el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner” S.A.M.I.C. y otros centros de referencia.
En educación, el decreto refuerza el presupuesto para la Secretaría de Educación. El objetivo es garantizar la política salarial de los sectores docentes y no docentes en las universidades nacionales.
También se suman créditos para la ANSES, que mejoran el pago de prestaciones previsionales, la aplicación de la Ley de Movilidad y el programa de Asignaciones Familiares.
El decreto introduce cambios en la administración de los excedentes de liquidez del sector público nacional. Por eso, ahora deberán invertirse en títulos públicos y letras del Tesoro, con excepción de bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
A su vez, la medida dispone un régimen de información mensual sobre las inversiones y disponibilidades que los organismos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
En cuanto a los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, el decreto establece que “la totalidad de la recaudación será depositada en cuentas afectadas a los fines específicos de las leyes Nros. 15.336 y 24.065”.
Finalmente, el texto prorroga por diez años las pensiones otorgadas por la Ley N° 13.337 y otras normas. Asimismo, fija nuevos requisitos de acceso, como no poseer bienes inmuebles con valuación superior a siete millones de pesos y no ser pariente del legislador solicitante.
El decreto también establece que los organismos que cambiaron su naturaleza jurídica en 2025 mantendrán su financiamiento hasta que se adecuen sus estructuras.
La medida se dicta en uso de las atribuciones del artículo 99, incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional. Por último, el decreto será elevado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, tal como prevé la Ley N° 26.122.
