En una jornada parlamentaria de alto voltaje político, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría dos proyectos que impactan de lleno en el esquema de prioridades del gobierno nacional, Por un lado, se dio media sanción a la Ley de Financiamiento Educativa Universitaria y Recomposición del Salario Docente; por el otro, se aprobó declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales, con foco en la crítica situación del Hospital Garrahan.
Ambas iniciativas cosecharon apoyos de sectores políticos que, hasta ahora, venían mostrando posiciones dialoguistas con el oficialismo. La votación reflejó un nuevo realineamiento legislativo, donde diputados de bloques provinciales o cercanos a sus gobernadores optaron por tomar distancia del Poder Ejecutivo, en un contexto marcado por las tensiones presupuestarias, el ajuste fiscal y la cercanía de las elecciones.
El proyecto de emergencia sanitaria fue aprobado por 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones. Alcanzó una mayoría agravada de dos tercios, lo que, en caso de sostenerse en el Senado, dificultaría la posibilidad de un veto presidencial. Entre los votos afirmativos se destacaron los de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. También sumaron su apoyo legisladores de bloques provinciales como Innovación Federal, Independencia, Por Santa Cruz, el MPN, Producción y Trabajo, Unidos y Transformación.
Uno de los gestos más llamativos fue el de María Eugenia Vidal, quien votó a favor del proyecto pese a haberse manifestado recientemente en contra del acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. En la vereda opuesta, los votos negativos provinieron principalmente del bloque libertario, el PRO y parte del radicalismo.
Un respaldo legislativo amplio a la universidad pública y a sus trabajadores
Con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, los diputados también dieron media sanción al proyecto que busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y recomponer los salarios de sus trabajadores docentes y no docentes. Esta propuesta fue redactada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apunta a restituir el presupuesto al 1% del PBI, además de asegurar la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento desde enero de 2025.
La iniciativa propone también una asignación especial para carreras consideradas estratégicas, así como la convocatoria a paritarias para discutir las condiciones laborales del sector. Entre los bloques que sostuvieron la propuesta se encuentran Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. El esquema de votos repitió el patrón observado en el debate por la emergencia del Garrahan, aunque con una mayor proporción de votos negativos, debido al rechazo frontal de los libertarios y el PRO.
El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá recomponer el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas entre mayo y diciembre de 2024, con base en la inflación medida por el INDEC. Para 2025, estos montos deberán actualizarse de forma bimestral. Asimismo, se fija que los salarios deberán ajustarse desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, sin que la recomposición pueda ser inferior al índice de precios del mismo período.
En palabras de uno de los impulsores del proyecto: “No se trata de un enfrentamiento ideológico, sino de una cuestión de dignidad educativa y sanitaria. El Congreso está poniendo el cuerpo por donde el Ejecutivo no aparece”.
Otros temas abordados en la sesión y una citación clave sobre la Criptomoneda Libra
La sesión también incluyó la aprobación del emplazamiento de comisiones para tratar temas centrales de la agenda legislativa, como la modificación de la Ley 11.672 de presupuesto nacional, la eliminación de fideicomisos y fondos nacionales, y la declaración de emergencia en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Entre las resoluciones más importantes se encuentra la citación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto con la de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 12 de agosto. Allí se debatirá la creación de una Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra, cuyo caso ha tomado fuerte repercusión pública tras la ampliación de la demanda colectiva en Nueva York, donde fue mencionada por primera vez Karina Milei, hermana del presidente.
En paralelo, se convocó a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la de Presupuesto y Hacienda para el miércoles 13 de agosto, con el objetivo de abordar la crítica situación del sistema científico nacional.
Finalmente, la Cámara baja rechazó varios decretos presidenciales: los Decretos de Facultades Delegadas 462/25, 345/25, 351/25 y 461/25, así como el DNU 340/25. Estos preveían la disolución de organismos de los ministerios de Economía y Cultura, del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Marina Mercante Nacional. En palabras de un legislador opositor: “Lo que se buscaba con esos decretos era borrar instituciones fundamentales sin debate democrático. Hoy el Congreso volvió a poner límites”.
