Autor: DMNoticias

El Gobierno nacional vetó la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás. La medida rechaza un proyecto que contaba con el respaldo unánime de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes habían impulsado la normativa como un mecanismo para garantizar mayor transparencia y equidad en la distribución de estos recursos.

La ley vetada incorporaba un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto, con el objetivo de establecer que el Fondo de ATN debía coparticiparse de forma automática y diaria. La propuesta respondía a los reclamos de las provincias por el carácter discrecional que, hasta ahora, mantiene el reparto de esos fondos especiales.

Qué son los Aportes del Tesoro Nacional

Los Aportes del Tesoro Nacional tienen su origen en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Allí se establece que el 1% de la masa coparticipable de todos los impuestos federales recaudados por la Nación se destina a este fondo.

La finalidad de los ATN es asistir a las provincias en situaciones de emergencia y colaborar en la compensación de desequilibrios financieros. En la práctica, se trata de un recurso que funciona como auxilio económico en momentos críticos, aunque su utilización ha estado históricamente marcada por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Ese carácter discrecional fue el eje de las críticas planteadas por los gobernadores. Según argumentaron, la ausencia de un mecanismo de reparto automático genera desigualdades y permite que los fondos sean utilicen como herramienta de presión política o negociación.

El proyecto de los gobernadores

El proyecto vetado había se impulsó de manera conjunta por todos los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño. La iniciativa buscaba garantizar que los ATN se distribuyan de forma transparente, sin depender de la voluntad política de turno.

La incorporación de un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto establecía que los fondos debían transferirse en forma automática y diaria, siguiendo los mismos criterios de coparticipación que rigen para otros tributos. De esa manera, cada jurisdicción recibiría una porción proporcional y asegurada de los recursos.

La propuesta había sido presentada como un paso hacia la consolidación del federalismo fiscal, en un contexto donde las provincias reclaman mayor previsibilidad en la recepción de fondos nacionales. La aprobación en el Congreso representó un logro político para los gobernadores, quienes exhibieron unidad en torno a esta demanda.

El veto presidencial

Con la decisión de vetar la norma, el Gobierno nacional mantuvo el esquema vigente. Esto significa que los ATN seguirán administrandose por el Poder Ejecutivo con criterio discrecional, sin la obligación de realizar giros automáticos ni diarios hacia las provincias.

El veto implica un revés para la estrategia de los gobernadores, que habían encontrado en este proyecto un canal para garantizar mayor autonomía financiera. La medida también profundiza las tensiones entre la Nación y las provincias en materia de distribución de recursos.

La decisión presidencial se inscribe en un escenario de disputa creciente por el financiamiento. Los mandatarios provinciales venían reclamando un cambio en el manejo de los ATN para evitar desigualdades y mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias locales.

Un debate sobre el federalismo fiscal

La discusión en torno a los ATN pone en evidencia un problema estructural del federalismo argentino: la dependencia de las provincias de los recursos que administra la Nación. Aunque los fondos representan solo el 1% de la masa coparticipable, su impacto es relevante en momentos de crisis.

El carácter discrecional con que se reparten ha sido motivo de cuestionamientos recurrentes a lo largo de distintos gobiernos. La falta de reglas claras genera suspicacias sobre un uso político de los recursos y abre un frente de conflicto cada vez que las provincias atraviesan dificultades económicas.

Con el veto, el Gobierno defendió la continuidad de un esquema que le otorga control directo sobre la distribución de estos fondos. Sin embargo, el rechazo a la norma aprobada por el Congreso deja abierta la posibilidad de nuevos reclamos y negociaciones.

Consecuencias políticas y fiscales

El veto a la ley de reparto automático de ATN se suma a una serie de decisiones recientes que marcaron diferencias entre la Nación y los gobernadores. La medida puede tener consecuencias políticas inmediatas, ya que los mandatarios provinciales habían presentado este proyecto como una conquista conjunta.

En términos fiscales, la decisión implica que las provincias deberán seguir gestionando los recursos de manera puntual ante la Nación, en lugar de recibirlos con previsibilidad a través de un sistema automático. Esto mantiene la dependencia del diálogo político y limita la posibilidad de planificar con mayor certidumbre.

La controversia en torno a los ATN vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la coparticipación y el financiamiento provincial. Con la ley vetada, el reclamo por un reparto más equitativo y transparente sigue vigente, en un contexto donde las provincias buscan asegurar herramientas para enfrentar emergencias y desequilibrios financieros sin quedar atadas a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Escrito por Desde Matanza

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El Gobierno nacional anunció que la convocatoria a los gobernadores para integrar una mesa federal tendrá un criterio restrictivo. Según se informó, solo serán convocados aquellos mandatarios provinciales que, a juicio del Ejecutivo, demuestren un “espíritu de cambio”. De este modo, una de las novedades posteriores a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires no estará destinada a ampliar el diálogo, sino a reforzar los vínculos con aquellos actores considerados más afines.

La decisión marca un rumbo político que prioriza la cercanía ideológica y las coincidencias estratégicas por encima de la apertura a otras posiciones. En medio de un escenario de tensiones entre la Nación y las provincias, la conformación de esta mesa federal aparece como un espacio clave, pero limitado desde su origen por la propia selección de sus integrantes.

Cadena nacional y presupuesto 2026

En paralelo, el Gobierno confirmó que el próximo lunes a la noche se transmitirá una cadena nacional. El eje de esa comunicación será la presentación del presupuesto 2026, documento central para delinear la política económica del año entrante. La decisión de anunciarlo por cadena nacional responde a la intención de darle una fuerte impronta institucional y, al mismo tiempo, marcar una posición clara de cara a la ciudadanía tras el traspié electoral bonaerense.

La difusión de los lineamientos presupuestarios no solo busca fijar prioridades económicas, sino también enviar un mensaje político en el contexto de las recientes derrotas electorales. El Gobierno pretende mostrar iniciativa y control de la agenda, en un momento donde los cuestionamientos se acumulan desde distintos sectores.

La designación de Lisandro Almirón

En ese mismo marco, ayer se oficializó la designación de Lisandro Almirón como ministro del Interior. Hasta ahora, Almirón se desempeñaba como secretario en esa misma área. La cartera había sido eliminada del organigrama gubernamental en etapas anteriores, pero ahora es restituida con el objetivo de ordenar la relación con las provincias.

El flamante ministro tendrá la tarea principal de gestionar el vínculo con los gobernadores. Se trata de un rol de alta exposición en un momento de tensiones políticas y fiscales. Como primer paso en su nueva función, Almirón confirmó ayer que el Gobierno avanzará con el veto a la ley impulsada por los mandatarios provinciales. La medida agrega un elemento más de confrontación en la relación Nación-provincias y marca un inicio desafiante en su gestión.

La restitución del Ministerio del Interior también simboliza un cambio en la estructura del Ejecutivo. En este caso, responde a la necesidad de centralizar las negociaciones con los distritos y otorgar un canal directo para la resolución de conflictos.

Los vínculos políticos de Almirón

Lisandro Almirón es un dirigente de estrecha confianza del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La relación entre ambos se remonta a la infancia. Los une una historia de larga data que tiene como punto de referencia la figura de Juan José Catalán, padre de Almirón.

Catalán fue ministro de Educación y Cultura durante la última dictadura militar, en el gobierno de Jorge Rafael Videla. Además, tuvo una activa participación política como militante del Partido Federal, donde compartió espacios de militancia con el propio Francos.

Ese vínculo histórico se trasladó con el tiempo hacia la relación personal y política entre Francos y Almirón. Ahora, el joven dirigente asume la responsabilidad de conducir el Ministerio del Interior en un momento donde las decisiones en torno al federalismo y la distribución de recursos se encuentran en el centro del debate.

Un escenario con tensiones abiertas

La convocatoria a una mesa federal solo con gobernadores seleccionados bajo el criterio de “espíritu de cambio” y el anuncio del inminente veto a la ley provincial son decisiones que marcan el tono de la nueva etapa. La designación de Almirón, en tanto, consolida la influencia de Guillermo Francos en el gabinete y refuerza una línea de continuidad en la estrategia de conducción política.

El lunes por la noche, con la cadena nacional sobre el presupuesto 2026, el Gobierno buscará instalar un mensaje que combine firmeza y planificación. Sin embargo, el trasfondo de conflictos con los gobernadores y las tensiones derivadas de los vetos anticipan un escenario de fricciones.

En este contexto, la reconstrucción del Ministerio del Interior y la apuesta a un funcionario de confianza se convierten en una pieza central para el Ejecutivo. Almirón deberá administrar un delicado equilibrio: representar la voluntad de un gobierno que prioriza la selección de interlocutores y, al mismo tiempo, gestionar los reclamos de provincias que exigen un tratamiento equitativo en la distribución de recursos.

El futuro inmediato estará marcado por la cadena nacional, la discusión sobre el presupuesto y las consecuencias políticas del veto anunciado. Todo en un escenario donde la mesa federal, lejos de ser un espacio de ampliación del diálogo, comienza limitada por la definición de quiénes serán sus invitados.

Escrito por Desde Matanza

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El Gobierno nacional decidió vetar dos normas de alto impacto social que habían sido aprobadas recientemente en el Congreso: la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. La medida generó fuertes reacciones en distintos sectores y abrió un nuevo escenario de tensión política y sindical. Además, se espera que ocurra lo mismo con la norma impulsada por los gobernadores para garantizar los giros de fondos hacia las provincias.

La ley universitaria que quedó en el camino

La primera de las leyes vetadas establecía un mecanismo de actualización automática para los gastos de funcionamiento y los salarios de las universidades nacionales. El cálculo debía realizarse en base a los índices oficiales de inflación, con el objetivo de evitar el desfasaje económico que afecta a las instituciones de educación superior en contextos de alta inflación.

El proyecto también incluía un incremento progresivo en la inversión destinada a la educación universitaria, buscando fortalecer un sistema que se encuentra en permanente tensión presupuestaria. No era la primera vez que se impulsaba una iniciativa de este tipo: el año pasado, el Poder Ejecutivo ya había vetado una norma similar, que tampoco logró superar esa instancia en el Congreso.

El nuevo rechazo por parte del Gobierno provocó malestar inmediato en el ámbito académico. Desde las universidades nacionales venían advirtiendo que, de concretarse un veto, se pondría en marcha un plan de lucha con medidas de fuerza y movilizaciones para reclamar la insistencia parlamentaria.

La ley de emergencia pediátrica y el reclamo sanitario

La segunda ley que quedó sin efecto tras el veto presidencial era la denominada de emergencia pediátrica. Esta obligaba al Ejecutivo a destinar fondos urgentes para fortalecer el sistema de atención en la niñez, con la incorporación de mejoras salariales y beneficios impositivos específicos para los profesionales del sector.

La norma había surgido como respuesta a la creciente crisis en hospitales pediátricos, donde se multiplican las denuncias por falta de recursos, dificultades para sostener guardias y carencias en la provisión de insumos. El Hospital Garrahan, principal centro de referencia pediátrica del país, ya había expresado públicamente su preocupación.

De hecho, los trabajadores de esa institución habían convocado a una medida de fuerza para mañana, en protesta por la situación crítica y la falta de respuestas oficiales. El veto, lejos de desactivar el conflicto, amenaza con profundizar el descontento y dar lugar a nuevas acciones sindicales.

La reacción de las universidades

La comunidad universitaria no tardó en pronunciarse frente a la decisión del Gobierno. “Si hay veto, hay marcha”, habían advertido los rectores y gremios docentes antes de conocerse la medida. Con el anuncio consumado, se confirmó la puesta en marcha de un nuevo plan de lucha que buscará presionar al Congreso para que insista con la norma aprobada.

Para mañana ya fue anunciado un paro universitario de alcance federal. Las instituciones educativas y sus trabajadores paralizarán actividades en todo el país como primera respuesta al veto presidencial. Además, se convocó a una movilización masiva el día en que el Congreso debata la posibilidad de revertir la decisión del Ejecutivo.

El reclamo combina la defensa de los recursos presupuestarios con la denuncia de un deterioro sostenido en la educación pública. Los gremios universitarios remarcan que el financiamiento adecuado no es solo una cuestión de salarios, sino también de garantizar la continuidad de la investigación, la extensión y el funcionamiento diario de las casas de estudio.

Un escenario de mayor confrontación

La expectativa ahora está puesta en el camino que tomarán las próximas semanas. A las protestas del sector sanitario y universitario se suman los gobernadores, que aprobaron una norma para garantizar los giros automáticos de fondos hacia las provincias y que también podría ser vetada por el Ejecutivo.

Ese posible tercer veto abriría un frente de conflicto adicional, en un contexto donde la relación entre la Nación y las provincias atraviesa una tensión constante por la distribución de recursos.

La sucesión de vetos y las reacciones que provocan muestran la profundidad de las diferencias entre el Gobierno y distintos sectores sociales. Universidades, trabajadores de la salud y mandatarios provinciales encuentran un punto en común en el reclamo por financiamiento, en medio de una crisis que se expresa tanto en el plano educativo como en el sanitario y el institucional.

Con la convocatoria al paro federal universitario y las medidas de fuerza en hospitales pediátricos, el escenario anticipa una semana marcada por protestas y reclamos. El desenlace dependerá de cómo responda el Congreso y de si los legisladores deciden insistir con las leyes aprobadas pese al veto presidencial.

Escrito por Desde Matanza

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En su primer mes de funcionamiento pleno, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados definió que convocará a declarar a Karina Milei antes de fin de mes. La secretaria General de la Presidencia deberá presentarse el martes 23 o el martes 30 de septiembre. En caso de no acudir al Congreso, las autoridades de la comisión —que hasta el momento integran Ferraro y Marino, con la vicepresidencia vacante— barajan la posibilidad de tomarle testimonio en Casa Rosada o darle la chance de fijar una fecha, con un límite que no supere la primera semana de octubre. Si tampoco se concreta en ese plazo, avanzarían con un reclamo judicial para habilitar el uso de la fuerza pública.

Las sospechas sobre Karina Milei surgieron a partir de la investigación estadounidense, que la señaló como la funcionaria que permitió el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024. En ese marco, se conocieron mensajes en los que Davis se atribuía influencia sobre el Presidente: “Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero”. Según confirmaron múltiples fuentes del Gobierno nacional, Karina Milei no tiene previsto asistir a ninguna citación.

En la primera jornada de citaciones hubo ausencias relevantes.

Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), no se presentaron. “Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo la investigación del caso”, sostuvo la diputada Sabrina Selva.

Melik había determinado en su dictamen que Javier Milei difundió \$LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, por lo que “no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project’”. Por esta decisión, en julio fue denunciado por “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”.

Zicavo, en tanto, consideró que “una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas”. La exresponsable de la UTI, que funcionó solo tres meses y fue cerrada por el Ejecutivo, ocupa actualmente el cargo de jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia.

Durante la reunión también declaró Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien cuestionó el cierre prematuro de la investigación. “Fue prematuro el cierre de la investigación” y “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública del Presidente de la Nación”, sostuvo. Y agregó: “Si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura. \[…] Esa es una posición más bien vinculada a un deseo de obstruir que de contribuir que se sepa qué pasó en un caso de corrupción”.

La comisión también resolvió enviar oficios a las billeteras virtuales en las que se abrieron cuentas vinculadas a los argentinos involucrados en la causa.

Además, se conformó una subcomisión integrada por los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal, que tendrá acceso directo al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario.

En la reunión solo participaron dos legisladores aliados del oficialismo: Yolanda Vega, que expresó en los últimos encuentros su interés en esclarecer lo ocurrido, y Mariano Campero, que se ha mostrado distanciado de La Libertad Avanza en torno a este tema.

Escrito por Desde Matanza

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