El extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del sindicato y de su obra social durante su gestión. La audiencia, prevista inicialmente para el martes 17 de noviembre, se programó para este miércoles 18 a las 10.30, en los tribunales de Comodoro Py.
Además de convocarlo a indagatoria, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes del exdirigente sindical y el bloqueo de sus cajas de seguridad. Las medidas se enmarcan en una causa que busca determinar si existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio de la UOM y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA).
La investigación judicial apunta principalmente a una serie de contratos celebrados entre el sindicato y la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM S.A.), que habría recibido importantes sumas de dinero por los servicios vinculados con la administración de los recursos gremiales y de la obra social.
Según trascendió de la investigación, la firma se construyó poco tiempo antes de comenzar a trabajar con la organización sindical y estaba vinculada a María Soledad Calle, quien también fue empleada de la UOM. La Justicia busca establecer si las condiciones de contratación y los pagos realizados beneficiaron indebidamente a la empresa y perjudicaron los intereses económicos de las entidades involucradas.
Uno de los puntos centrales de la causa son los acuerdos firmados en febrero de 2023 entre la UOM, su obra social y USEM S.A. La empresa quedó a cargo de tareas relacionadas con la administración de los aportes de los afiliados y los circuitos de pago de la organización.
De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, USEM habría recibido más de $2.466 millones en concepto de honorarios. La investigación también analiza las condiciones económicas y jurídicas de los contratos, las facultades de cada una de las partes y los servicios que efectivamente se habrían prestado.
Entre los aspectos bajo análisis se encuentra la comisión del 0,5% sobre los aportes administrados por la firma. Los investigadores buscan determinar si existieron sobrecostos y si los procedimientos utilizados para seleccionar a la empresa garantizaron condiciones adecuadas para el sindicato y su obra social.
La citación a indagatoria de Furlán forma parte de una investigación que también alcanza a otros dirigentes y personas vinculadas con la empresa. Entre ellos se encuentra María Soledad Calle, a quien se la convocó a declarar el 24 de noviembre. También se citó a otros integrantes de la estructura sindical y de USEM.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por dirigentes de la organización y busca establecer las responsabilidades individuales en las decisiones que permitieron la contratación y el funcionamiento de la empresa.