Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció durante su paso por la función pública y solicitó que la causa pase al fuero Penal Económico. La investigación continuará para determinar si omitió declarar fondos y evadió impuestos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni cometió el delito de enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública. Sin embargo, la investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete no está cerrada: el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente deje de tramitar en la Justicia Federal y pase al fuero Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
La decisión no implica un sobreseimiento del exfuncionario. Según el criterio de Pollicita, los hechos investigados todavía podrían tener relevancia penal, aunque bajo otra figura. En particular, consideró que corresponde determinar si Adorni omitió declarar ingresos y bienes y si esa conducta derivó en una evasión de impuestos nacionales.
El dictamen se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo de la fiscalía y dispone la remisión del expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
Para fundamentar su posición, Pollicita sostuvo que no pudo demostrar que el incremento patrimonial investigado se hubiera producido como consecuencia del ejercicio de la función pública. La explicación presentada por la defensa de Adorni ubicó el origen de una parte importante de sus ahorros varios años antes de su llegada al Gobierno.
Los Bitcoin con los que Adorni justificó su patrimonio
Uno de los puntos centrales de la investigación fue la explicación que el exjefe de Gabinete presentó el 20 de septiembre para justificar el origen de los fondos utilizados durante su gestión.
Adorni sostuvo que entre 2014 y 2018 había invertido aproximadamente 200.000 dólares en Bitcoin. Según la versión de su defensa, la venta posterior de esos activos digitales le permitió obtener 591.544,61 dólares, que conservó en efectivo y fuera del sistema bancario durante varios años.
Con ese argumento, buscó explicar el dinero que utilizó para afrontar distintos gastos y adquisiciones mientras se desempeñaba como funcionario público.
La fiscalía analizó esa versión y dispuso medidas para verificar las operaciones con criptomonedas. Entre ellas, se examinó la información correspondiente a ocho direcciones de billeteras virtuales que la defensa atribuyó a Adorni.
Las verificaciones permitieron constatar que el exfuncionario tenía acceso a esas direcciones, aunque no alcanzaron para establecer de manera concluyente que hubiera sido su titular durante el período en el que se realizaron las operaciones.
A partir de las pruebas reunidas, Pollicita consideró que no había elementos suficientes para descartar que los fondos provinieran de aquellas inversiones anteriores a su ingreso a la función pública. Por esa razón, entendió que no podía sostenerse la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
Las declaraciones juradas y el dinero que quedó fuera del sistema
Aunque descartó que existan pruebas suficientes para avanzar por enriquecimiento ilícito, el fiscal cuestionó la forma en que Adorni informó su patrimonio durante su desempeño como funcionario.
Según el dictamen, sus declaraciones juradas no reflejaron inicialmente la totalidad de sus bienes y tenencias. Parte de esa información fue incorporada posteriormente mediante declaraciones rectificativas presentadas el 10 de junio de 2026, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.
Entre los elementos que habían quedado fuera de las presentaciones originales se encontraban los dólares en efectivo, los activos virtuales y otros componentes de su patrimonio.
Pollicita formuló un reproche por la falta de correspondencia entre la información patrimonial que se presentó y los bienes que posteriormente se exteriorizaron. Sin embargo, consideró que esas inconsistencias no alcanzaban para acreditar el delito de enriquecimiento ilícito, que requiere demostrar que el incremento patrimonial injustificado se produjo durante el ejercicio de la función pública.
La cuestión tributaria, en cambio, abre otra línea de investigación. El reconocimiento de la propia defensa de que los ahorros se habían mantenido fuera del sistema bancario y sin declarar ante los organismos correspondientes llevó al fiscal a considerar que debía analizarse si existieron incumplimientos impositivos.
Qué investigará ahora la Justicia Penal Económica
El pedido de cambio de fuero apunta a determinar si Adorni incurrió en una posible evasión de impuestos, entre ellos Ganancias y Bienes Personales.
La investigación deberá establecer si correspondía declarar los fondos provenientes de las operaciones con Bitcoin, la tenencia de dólares en efectivo y los activos virtuales, además de reconstruir las obligaciones tributarias correspondientes a cada período.
El análisis también deberá contemplar las diferencias entre la información patrimonial presentada ante los organismos públicos y los movimientos económicos que fueron detectados durante la investigación.
De esta manera, el dictamen de Pollicita plantea un cambio en el encuadre jurídico del expediente, pero no el cierre de las actuaciones. Si Ariel Lijo acepta el planteo, será la Justicia Penal Económica la que deberá determinar si existieron irregularidades tributarias y si estas constituyen un delito.
Así, aunque la fiscalía consideró que no pudo probarse un enriquecimiento ilícito vinculado con el ejercicio de la función pública, la situación patrimonial de Manuel Adorni seguirá bajo análisis judicial por la posible omisión de declarar fondos y el eventual incumplimiento de sus obligaciones impositivas.