Caso $LIBRA: la PIA apeló los sobreseimientos de Javier Milei y otros diez acusados y pidió reabrir la investigación
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó en el expediente por el caso $LIBRA, asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó que se reabra la investigación que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados. Además, presentó un recurso de apelación en subsidio para que la Cámara Federal revise la decisión, en caso de que se rechace el planteo de reapertura.
La intervención de la fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por Sergio Rodríguez, se produjo después de un pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones participan en la causa como amicus curiae (amigos del tribunal) y habían solicitado que la PIA asumiera directamente el impulso de la acción penal para evitar el cierre definitivo del expediente.
El organismo cuestionó el sobreseimiento dictado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a partir del pedido del fiscal Eduardo Taiano. Para la Procuraduría, la investigación todavía no está agotada y quedan medidas de prueba pendientes que deben profundizarse antes de dar por concluido el caso.
En su presentación, la PIA solicitó que se deje sin efecto la resolución que dispuso los sobreseimientos, por considerar que resulta prematura. También planteó que, si el juzgado rechaza el pedido de reapertura, se conceda la apelación para que la cuestión sea analizada por la Cámara Federal.
El planteo de la Procuraduría se apoya en la existencia de aspectos que todavía requieren esclarecimiento. Según sostuvo el organismo, no se agotaron las medidas necesarias para reconstruir lo sucedido alrededor del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA.
La presentación de Rodríguez contradice así el criterio del fiscal Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados. El juez Martínez de Giorgi hizo lugar a ese pedido y resolvió cerrar la investigación.
Sin embargo, para la PIA, el expediente todavía requiere profundizar distintas líneas de investigación y producir nuevas pruebas. Entre los puntos señalados se encuentran la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la posible existencia de acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con los hechos investigados.
La Procuraduría también cuestionó que los indicios reunidos fueran evaluados de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción.
Desde esa perspectiva, las dificultades técnicas o las respuestas incompletas a determinados requerimientos de información no deberían utilizarse como fundamento para cerrar la causa. Por el contrario, deberían dar lugar a nuevas medidas para completar la investigación.
La intervención de la PIA fue consecuencia de una presentación conjunta del CIPCE y el INECIP, que habían advertido sobre lo que consideraron un cierre prematuro de una investigación de relevancia institucional. Las dos entidades sostuvieron que todavía existían elementos por esclarecer y que era necesario garantizar una investigación exhaustiva.
El reclamo también se produjo en un contexto de controversias por la participación de las partes damnificadas. En dos instancias judiciales se había resuelto apartar a las querellas del expediente, una situación que limitó su intervención en el proceso.
Las organizaciones cuestionaron, además, que los sobreseimientos se hubieran solicitado y dictado sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y de pedir la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal. Para fundamentar su planteo, hicieron referencia a las garantías previstas en la Ley de Víctimas y en el Código Procesal Penal Federal.
En ese marco, CIPCE e INECIP consideraron que la participación de la PIA podía permitir que la investigación continuara, aun después de que el fiscal de la causa desistiera de impulsar la acción penal.
Con la presentación de la Procuraduría, el Juzgado Federal N.º 8 deberá analizar el pedido de reapertura. El juzgado se encuentra interinamente a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá resolver sobre el planteo.
Si la solicitud se rechaza, la PIA ya dejó planteada una vía de apelación para que la Cámara Federal intervenga y revise la decisión.
De esta manera, el expediente por la criptomoneda $LIBRA suma una nueva instancia judicial. La discusión ya no se limita a los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados, sino que también incluye la posibilidad de que se retome una investigación sobre hechos que todavía presentan aspectos pendientes de esclarecimiento.
La posición de la PIA apunta a que se produzcan y analicen las pruebas necesarias antes de determinar si corresponde avanzar con una acusación o dar por concluida la causa. Por el momento, el pedido de reapertura deberá resolverlo la Justicia.
