La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal ser absuelta en la llamada “Causa Vialidad”, al apelar la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso, condena que consideró “injusta, con graves errores y arbitraria”; mientras que el fiscal Diego Luciano también apeló el fallo, pero para pedir una pena mayor aún para la exmandataria.
El veredicto “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, advirtieron Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados de Fernández de Kirchner; en tanto afirmaron que la condena por “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” contra la vicepresidenta “no cuenta con pruebas directas”.
Por su parte, Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la vicepresidenta y otros acusados. Además, solicitó que se condene el delito de asociación ilícita, cargo descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. Allí, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el punto, en disidencia con el tercer magistrado, Andrés Basso.
“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso. Se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, mencionaron los abogados de la vicepresidenta en el escrito de 394 páginas presentado ayer.
En este marco, recordaron que el TOF 2 rechazó “más del 80% de la prueba ofrecida” por la defensa, pericias “ineludibles” en estos juicios; y que esa decisión quedó ratificada por la sala de Casación “integrada por los jueces que visitaban la Quinta de Olivos”. Esto se remarcó en alusión a las supuestas visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al expresidente Mauricio Macri durante su gestión.
Junto a ello, aludieron a la “orfandad de pruebas” y a la “influencia de factores políticos, económicos y mediáticos” en el proceso. Asimismo, objetaron la “violación del derecho de defensa en juicio”, que dio lugar a un fallo “arbitrario”. De esta manera, la defensa pidió la absolución “en orden al hecho por el que Cristina Fernández de Kirchner resultó injustamente condenada”. Además, solicitó dejar “sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.
En su presentación ante el máximo tribunal penal del país, los abogados adelantaron también que, de ser necesario, se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales que correspondan en materia de derechos humanos para lograr la absolución de la vicepresidenta.
Asimismo, sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural”. Esto ya que “los magistrados actuantes evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”. Así, “asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”, consideraron.
En el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal”. Ello “en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, agregaron los letrados en relación a los fiscales Luciani y Sergio Mola.
Junto a esto, los letrados argumentaron que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio”. Y remarcaron que “se violó el principio de inocencia”. Esto “ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”.
Otra supuesta irregularidad destacada por los abogados fue que “se violó el principio de culpabilidad”. Ello “al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.
Y dijeron que también “se violó el principio de legalidad sustantiva”; porque “se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal”
Por su parte, los fiscales Luciani y Mola presentaron una apelación de 528 carillas en las que se pidió que la exmandataria y los demás acusados, entre ellos Báez, el ex secretario de Obra Pública José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti resulten condenados también por asociación ilícita. También reclamaron revocar las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.
El pedido se fundamenta en que la sentencia “mostró de manera palmaria” que hubo un “acto de corrupción”, que fue el “más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”, sostuvieron. Y expresaron: “Las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”.
Fuente: Télam
Cristina Kirchner participará el próximo jueves 27 de un acto en La Plata
