Por qué denuncian a Luis Caputo y Santiago Bausili por el destino de casi $4 billones tras una licitación de deuda
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y solicitó que se investigue a funcionarios por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de sus deberes. La presentación se originó a partir de dudas sobre el destino de casi 4 billones de pesos que no figuraban registrados en la cuenta del Tesoro luego de la última licitación de deuda.
El caso generó además un pedido de explicaciones en el Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas para que el Gobierno informe qué ocurrió con esos fondos y detalle su destino.
El eje de la denuncia presentada por Marcela Pagano está puesto en el movimiento de los fondos obtenidos por el Tesoro a través de una licitación de deuda. Según la información que motivó la presentación, cerca de 4 billones de pesos no aparecían registrados en la cuenta del Tesoro después de la operación.
El detonante de la denuncia fue una respuesta de Santiago Bausili durante una conferencia. Consultado sobre el destino de los fondos —aunque el titular del Banco Central no es el funcionario encargado de administrar el Tesoro—, respondió: “En algún lado están”, aunque aclaró que no contaba con información sobre el destino concreto del dinero.
La respuesta generó cuestionamientos políticos y abrió una discusión sobre la trazabilidad de los recursos involucrados en la operación de deuda.
La presentación de Pagano apunta a que la Justicia determine si existió alguna irregularidad y, en caso de corresponder, establezca las responsabilidades de los funcionarios involucrados. La denuncia, por lo tanto, plantea una hipótesis que deberá ser investigada por la Justicia y no implica por sí misma que los delitos denunciados hayan sido comprobados.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a través de las redes sociales y sostuvo que “los fondos son de pública trazabilidad”.
De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda rechazó la idea de que el dinero carezca de seguimiento y sostuvo que los movimientos pueden ser identificados a través de los registros correspondientes.
La diferencia entre las dudas planteadas por sectores de la oposición y la explicación del ministro quedó así en el centro de la discusión: mientras la denuncia reclama determinar dónde fueron registrados o utilizados los fondos, Caputo afirma que existe una trazabilidad pública sobre esos recursos.
Además de la presentación judicial realizada por Marcela Pagano, el diputado socialista Esteban Paulón llevó el tema al ámbito parlamentario.
Paulón presentó un pedido ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas para que el Gobierno dé explicaciones sobre el movimiento de los fondos y permita determinar qué ocurrió después de la última licitación de deuda.
La intervención de la comisión suma una instancia institucional al reclamo de información, mientras la denuncia penal busca que la Justicia determine si hubo responsabilidades que puedan constituir delitos.
El debate se concentra, de este modo, en la administración y registración de los recursos públicos obtenidos mediante operaciones de deuda y en los mecanismos utilizados para mover esos fondos dentro del sistema financiero.
Según explican periodistas especializados, una de las posibilidades que se analiza es que los fondos estén movilizándose entre el Banco Nación y el Banco Central como parte de operaciones vinculadas con la política monetaria.
Esta explicación apunta a que el dinero no necesariamente habría desaparecido, sino que podría haberse desplazado entre distintas cuentas y entidades financieras en el marco de las operaciones que realiza el Gobierno para administrar la liquidez y el sistema monetario.
En ese sentido, el debate no se limita únicamente a establecer dónde se encuentra el dinero, sino también a determinar cómo se contabilizaron los movimientos y qué tratamiento recibieron dentro de las cuentas públicas.
La discusión adquiere especial relevancia porque se trata de recursos públicos y porque la denuncia presentada por Pagano solicita que se determine si existió alguna conducta que pueda encuadrarse en los delitos señalados.
En paralelo, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz presentó una demanda penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación.
La presentación está vinculada con el presunto desvío de más de un billón de pesos que, según la denuncia, estaban destinados a obras viales.
El caso incorpora otro reclamo judicial relacionado con el manejo de fondos públicos y pone nuevamente bajo discusión la administración de recursos destinados a políticas e infraestructura del Estado.
Así, las denuncias presentadas por Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz, aunque corresponden a hechos y circunstancias diferentes, tienen como punto en común el pedido de intervención de la Justicia para determinar el destino y la utilización de recursos públicos.
En el caso de los casi 4 billones de pesos vinculados con la última licitación de deuda, la investigación deberá establecer qué ocurrió con esos fondos, cómo se registraron y si existió alguna irregularidad. Mientras tanto, las explicaciones oficiales sostienen que “los fondos son de pública trazabilidad”, mientras que desde la oposición reclaman información detallada sobre los movimientos.
