La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el Estado argentino para analizar si la fábrica de Porta Hermanos, ubicada en la ciudad de Córdoba, viola derechos humanos a partir del funcionamiento de su planta de bioetanol, que opera desde 2012 sin la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la ley.
La presentación ante el organismo internacional fue realizada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto a vecinos organizados. El planteo busca que se analice la situación generada alrededor de la planta y la eventual responsabilidad del Estado argentino frente a las condiciones denunciadas por la comunidad.
La decisión de la CIDH representa un nuevo avance para los vecinos que desde hace años cuestionan el funcionamiento de la fábrica de bioetanol de Porta Hermanos. Fundeps confirmó que la petición presentada junto a las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) ingresó en la etapa de admisibilidad y que el caso avanzó dentro del procedimiento de la Comisión Interamericana.
El conflicto se concentra en la zona sur de la ciudad de Córdoba, donde la planta de Porta Hermanos comenzó a producir bioetanol en 2012. Desde entonces, vecinos y organizaciones ambientales sostienen que la actividad generó un impacto significativo sobre el entorno urbano y sobre la población que vive en las inmediaciones.
El reclamo presentado ante la CIDH apunta particularmente a que la fábrica funciona sin la Evaluación de Impacto Ambiental que, según Fundeps, constituye un requisito legal para este tipo de actividad. La organización señaló que, a lo largo de los años, las autoridades judiciales reclamaron el cumplimiento de este procedimiento, mientras que la empresa sostuvo una posición contraria a su realización.
El caso también se documentó en investigaciones académicas. Un informe publicado por investigadores vinculados al CONICET analizó los daños denunciados por la producción de bioetanol de Porta Hermanos desde 2012 y abordó tanto las consecuencias sobre el territorio como los efectos sobre la salud de las personas que viven en la zona.
El planteo de los vecinos y las organizaciones ambientales sostiene que el bioetanol es un combustible de altísima inflamabilidad y que la instalación de la planta alteró de forma drástica el entorno urbano.
En ese contexto, los habitantes de la zona denunciaron problemas severos de salud asociados a la situación ambiental generada alrededor de la fábrica. Las denuncias y los estudios realizados durante los años de conflicto fueron incorporados al reclamo que llegó a la instancia internacional.
La problemática de salud ambiental en el barrio San Antonio también fue objeto de estudios anteriores. Un informe presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación sobre la situación de la zona describió denuncias de contaminación vinculadas con la fábrica de bioetanol y mencionó distintos síntomas y trastornos registrados entre habitantes del barrio.
La intervención de la CIDH coloca el conflicto de Porta Hermanos en una instancia diferente a las disputas judiciales y administrativas desarrolladas dentro de Argentina.
La Comisión Interamericana analiza denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos y, en la etapa de fondo, determina si existieron violaciones en el caso bajo análisis. De acuerdo con la propia CIDH, cuando un informe de fondo concluye que hubo violaciones, puede incluir recomendaciones dirigidas al Estado.
Para Fundeps, el avance del caso constituye un paso relevante luego de los reclamos impulsados durante años junto a las organizaciones vecinales. La entidad informó que acompañó a VUDAS ante la CIDH y que el caso por la contaminación de Porta Hermanos logró superar la etapa de admisibilidad.
De esta manera, el conflicto por el funcionamiento de la planta de bioetanol de Porta Hermanos suma ahora una instancia internacional. El eje del reclamo continúa puesto en la situación ambiental, las condiciones en las que funciona la fábrica desde 2012, la ausencia de la Evaluación de Impacto Ambiental señalada por los vecinos y organizaciones, y las consecuencias que, según denuncian, la actividad tuvo sobre el entorno urbano y la salud de la población.
La apertura del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitirá analizar estos planteos en el marco del sistema interamericano y determinar si existió responsabilidad del Estado argentino en relación con los derechos denunciados.
