La Cámara de Diputados retomará el tratamiento de dos iniciativas impulsadas por el oficialismo: el denominado super-RIGI y la ley de Lobby. La Libertad Avanza busca avanzar rápidamente en el debate parlamentario con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas y llevar ambos proyectos al recinto el próximo 24 de junio.
En el marco de las discusiones legislativas, este miércoles expondrán representantes de distintas cámaras empresariales, quienes brindarán su visión sobre las propuestas impulsadas por el Gobierno nacional.
Uno de los proyectos que concentra mayor atención es el denominado super-RIGI, una iniciativa orientada a fomentar la llegada de inversiones vinculadas al sector tecnológico. La propuesta pone especial foco en las actividades relacionadas con la inteligencia artificial, un área que el Gobierno considera estratégica para el desarrollo económico y la atracción de capitales.
El tratamiento de esta iniciativa coincide con una serie de definiciones públicas del presidente Javier Milei en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y el papel de la regulación estatal en ese campo. En los últimos días, el mandatario publicó una nota en el diario británico Financial Times en la que defendió el avance de la inteligencia artificial “sin la mano mortal de una regulación prematura”.
Las declaraciones del jefe de Estado generaron repercusiones en distintos ámbitos internacionales y derivaron en cuestionamientos por parte del intelectual Yuval Noah Harari, reconocido por sus trabajos sobre tecnología, sociedad y futuro. Tras esas críticas, Milei anticipó que responderá próximamente con mayores precisiones sobre su postura respecto del desarrollo de la inteligencia artificial y los marcos regulatorios.
La estrategia de La Libertad Avanza apunta a reunir los apoyos necesarios en comisión para obtener los dictámenes correspondientes y habilitar el debate en el recinto antes de fin de mes.
La jornada de exposiciones de representantes empresariales será clave para el avance de ambos expedientes, en un contexto donde el Gobierno procura instalar una agenda legislativa centrada en la promoción de inversiones y en la definición de nuevas reglas para la relación entre el sector público y los actores privados.
