Este lunes marca el cierre de un capítulo central en la gestión del Ejecutivo nacional. Hoy finaliza la vigencia de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Gobierno a través de la Ley Bases por el plazo de un año. Durante ese período, el oficialismo llevó adelante una serie de reformas que afectaron áreas clave del Estado nacional. A pesar de la posibilidad de solicitar una extensión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya adelantó que no impulsará una prórroga de estas atribuciones excepcionales.
En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la que detalló el alcance de las decisiones tomadas durante este año. Allí enumeró un total de 65 decretos promulgados bajo las facultades especiales. Como preámbulo, el vocero compartió un video que mostraba a condenados por la causa Vialidad, como una manera de justificar el cierre de la Dirección Nacional y el despido de 5.000 empleados públicos. En su presentación también incluyó una serie de nuevas medidas que fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial y que reflejan la continuidad de la política de reorganización estatal.
El Gobierno resolvió eliminar organismos vinculados a la agricultura, entre ellos el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas. Además, dispuso desjerarquizar instituciones históricas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, transformándolos en simples “unidades organizativas”. Según argumentó el Poder Ejecutivo, estas entidades se consideran “ineficientes”. Sin embargo, los trabajadores de estos organismos ya advirtieron públicamente que se trata de un verdadero “vaciamiento institucional”.
Otra decisión relevante fue el cierre definitivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La medida, que había sido anticipada, generó preocupación en las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales. El impacto directo de esta decisión implica el fin de las campañas educativas desarrolladas por el Estado nacional en las provincias, la interrupción de los controles en rutas y el cese de la asistencia a víctimas de accidentes. Las críticas apuntan a la desprotección que esta decisión genera para miles de ciudadanos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se transformará en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. En este nuevo esquema, el Gobierno se propone licitar 9.120 kilómetros de rutas nacionales, una medida que se enmarca en la lógica de concesionar servicios estatales a empresas privadas.
Además, el Instituto Nacional del Cáncer pasará a depender de manera descentralizada de la Secretaría de Gestión Sanitaria, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), con sede en Misiones, será disuelto. Sus tareas pasarán a realizarse por otras dependencias nacionales.
En contrapartida, se creará un nuevo organismo: la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que se encargará de la gestión unificada de cinco hospitales nacionales. Según explicó Adorni, el objetivo de esta iniciativa es reducir el tamaño de la planta administrativa. El titular de la ANES será Diego Masaragian, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Hospitales.
De esta manera, el Gobierno concluye el período de uso de facultades especiales con un paquete de reformas que transforman estructuras históricas del Estado nacional. El mensaje oficial es claro: el Ejecutivo no buscará prorrogar estos poderes, pero continuará profundizando su estrategia de reducción del gasto público, reestructuración institucional y delegación de funciones al sector privado. Las repercusiones políticas y sociales de estas decisiones aún están por medirse en su totalidad.
