El Gobierno deberá pagar una multa diaria por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick resolvió aplicar una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de una medida cautelar que ordena avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU).
La decisión se conoció horas antes de una nueva marcha en defensa de la educación pública y responde a un pedido presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La sanción consiste en la aplicación de astreintes, una herramienta judicial destinada a exigir el cumplimiento de una resolución.
Cormick dispuso que las multas recaigan sobre Santilli en su condición de titular de la Jefatura de Gabinete. En esta primera instancia, estableció un monto de $100.000 por cada día de demora, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la medida.
La resolución responde al incumplimiento de la cautelar que exige la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos correspondientes a las becas estudiantiles.
La sanción se produce después de una serie de resoluciones judiciales relacionadas con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei que condicionaba la ejecución de la LFEU. La norma había sido aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente establece medidas destinadas al sostenimiento de las universidades públicas, la actualización de sus gastos de funcionamiento, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de los programas de becas estudiantiles.
El viernes pasado, el juez concedió la apelación presentada por la Casa Rosada contra su fallo. Sin embargo, aclaró que la presentación no suspendía la ejecución de la medida cautelar relacionada con salarios y becas.
La cautelar la había dictado Cormick en diciembre del año pasado. Posteriormente fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y quedó firme después de que, en junio, la Corte Suprema rechazara los planteos presentados por el Poder Ejecutivo.
Ante la falta de cumplimiento de la resolución, el Consejo Interuniversitario Nacional volvió a presentarse ante la Justicia y solicitó la aplicación de astreintes.
La posibilidad de avanzar con estas sanciones ya la había advertido Cormick. El magistrado había intimado al Gobierno a cumplir con la medida y había establecido un plazo para hacerlo, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de demora.
Frente a la continuidad del incumplimiento, el CIN solicitó esta semana que se hiciera efectivo ese apercibimiento. Finalmente, el juez resolvió fijar las astreintes en $100.000 diarios contra el titular de la Jefatura de Gabinete.
De esta manera, mientras continúa el trámite de la apelación presentada por el Gobierno sobre la cuestión de fondo, permanece vigente la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a avanzar con los pagos y actualizaciones vinculados con los salarios docentes y no docentes y las becas universitarias.
La decisión judicial se conoce además en la antesala de una nueva movilización del sector universitario en defensa de la educación pública y del cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso.
