La abogada Valeria Carreras reclamó imputar y llamar a declaración indagatoria al Jefe de Gobierno por el delito 205 del Código Penal. El mismo prevé de seis meses a dos años de prisión por no acatar el DNU de Alberto Fernández de la suspendida de las clases presenciales. La profesional amplió la imputación contra Rodríguez Larreta y pidió su indagatoria. Esto se debe a que, según la letrada, insiste con su “propagación irresponsable en continuar con la presencialidad escolar”, tras el dictado del nuevo decreto presidencial del 30 de abril de 2021.
Al mismo tiempo, la abogada, pidió la declaración testimonial de Claudio Bellocopit, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, para que informe el estado de ocupación de los centros de salud privados de la ciudad de Bs As desde el 1-04-2021 a la fecha y su evolución. También la del médico Oscar Trotta, miembro directivo del Hospital Garrahan para que informe la cantidad de contagios y niños internados desde el inicio de clases, y en el lapso del mes de abril 2021. Larreta clases presenciales.
La causa se encuentra en manos de la jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado Federal N° 1. En esta ampliación de la denuncia, Carreras pidió que se impute a Larreta por “atentar contra la salud pública al propagar la epidemia mediante a las medidas contrarias a los decretos DNU 241-21 Y 287-21 y se lo cite a indagatoria”.
La abogada acompañó su presentación con los informes emitidos por el Ministerio de Salud porteño, donde se evidencia una suba de casos diarios de covid-19 y un aumento en la ocupación de las camas UTI, que llegó a un pico de 86,3 por ciento la semana pasada. Y, por si fuera poco, a la denuncia de Carreras de días atrás se sumaron varias presentaciones que fueron radicadas en los tribunales de Comodoro Py. En todos los casos se refieren a delitos similares y por eso se unificaron en el juzgado de Servini.
Dichas presentaciones abarcan cargos como “instigación a cometer delito”, “violación de medidas contra la propagación de una epidemia”, “resistencia o desobediencia a funcionario público” y “abuso de autoridad”.
