El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, cosechó el rechazo de legisladores, organizaciones sociales y ambientales, que advierten que la iniciativa representa un retroceso en materia de soberanía territorial, protección de los recursos naturales y regulación sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Uno de los primeros cuestionamientos institucionales fue presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde legisladores impulsaron un proyecto de declaración para expresar su “profunda preocupación y enérgico repudio” a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.
En los fundamentos sostienen que el proyecto afecta normas vinculadas a la protección del territorio, el ambiente y el interés nacional, al tiempo que cuestionan las modificaciones propuestas sobre la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de expropiaciones.
Al rechazo también se sumaron organizaciones sociales y ambientales, que manifestaron su preocupación por la posibilidad de eliminar los límites a la compra de tierras rurales por personas y empresas extranjeras. Según estos sectores, la medida podría favorecer la extranjerización de tierras consideradas estratégicas y reducir herramientas de protección sobre recursos naturales.
Los cuestionamientos se centran principalmente en las modificaciones que propone la iniciativa respecto de la legislación vigente.
De acuerdo con el texto difundido y las explicaciones oficiales, el proyecto elimina las restricciones generales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manteniendo limitaciones únicamente para Estados extranjeros y empresas estatales.
Además, incorpora cambios en el régimen de expropiaciones, establece nuevos criterios para las indemnizaciones, agiliza los procedimientos para la restitución de inmuebles ocupados y modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.
Para quienes se oponen, estas reformas debilitan los mecanismos de protección del patrimonio territorial argentino y del control estatal sobre recursos estratégicos, además de abrir un debate sobre los límites entre la protección de la propiedad privada y la defensa de la soberanía nacional.
El proyecto lo deberá tratar el Congreso de la Nación, donde continuará la discusión sobre el alcance de las reformas propuestas y su impacto en la legislación vigente sobre propiedad privada, tierras rurales, expropiaciones y manejo del fuego.
Escrito por Desde Matanza
