Mediante un pedido de acceso a información pública, El Destape logró acceder al registro de ingresos del Ministerio de Seguridad (MdS de ahora en adelante). Este archivo es distinto al conocido Registro Único de Audiencias (RUA), donde los funcionarios públicos están obligados por el decreto 1172/03 a blanquear con quienes se reúnen. La diferencia radica en su acceso, en que para el primero debe hacerse un pedido formal, mientras que el segundo es libre (https://audiencias.mininterior.gob.ar). Patricia Bullrich D’Alessio
Lo que revela esta investigación es que, al comparar ambos archivos, las reuniones de Bullrich con espías, fiscales y jueces no eran registradas oficialmente. Esta cuestión, al mismo tiempo, entra en contradicción con el decreto 1172/03 que determina como “falta grave” no realizar dicho registro. Lo estipulado por el decreto no se llevaba a cabo, según El Destape, porque eran reuniones no contempladas en un marco legal. Asimismo, los contenidos a discutir en las mismas no debían ser revelados al ojo público.
Además, se concluyó en que existía coincidencia entre las fechas de los encuentros y el comienzo de operaciones de espionaje o causas judiciales contra la oposición. Todos los indicios apuntaban a una fuerte estrategia de lo que se conoce como lawfare, que se traduce como “guerra judicial”. En otras palabras, lo que sucede es que se utilizan los procedimientos legales, indebidamente, para atacar a un oponente, aparentando legalidad.
El día 14 de agosto del 2017, Cristina Fernández se imponía ante Cambiemos en las elecciones legislativas y, en paralelo, Bullrich se reunía con D’Alessio. Este último era un falso abogado, detenido en la actualidad por espionaje ilegal y extorsión. La Unidad Ministro fue el lugar de la reunión que no consta en los registros oficiales. Según declaraciones de Patricia Bullrich, la misma dijo haber visto a D’Alessio en el inicio de su gestión y luego no lo volvió a hacer. Por lo tanto, los registros del Ministerio de Seguridad contradicen los dichos de la exministra de seguridad argentina.
La reunión se da en el marco del regreso a los comicios de CFK y, según El Destape, se utiliza la causa del Memorándum para atacar. En escena aparece la “Operación Porcaro”, con la que avanza D’Alessio solo 14 días después de su reunión con Bullrich. El objetivo de esta era la actual vicepresidenta de la Nación. Esta operación consistía en espiar a Roberto Porcaro, figura señalada por D’Alessio como operador de Cristina Fernández. Los avances del espionaje ilegal era publicados en Clarín por Daniel Santoro, otro que se reunió con Bullrich.
En este sentido, el juez Alejo Ramos Padilla expresó que existía relación entre esta situación con Porcaro y el señalamiento de CFK en la causa “Memorándum con Irán”. Asimismo, dicho procesamiento se llevó a cabo por otro que tuvo también el placer de tomar el té con Bullrich, el juez Claudio Bonadío. En la confirmación del procesamiento, los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Eduardo Farah determinaron que era necesario investigar “la irrupción a días de la firma del pacto, de Roberto Porcaro –quien es mencionado como un operador directo de Cristina Fernández de Kirchner– reuniéndose con los representantes de personas de nacionalidad iraní prófugas’”.
Esto fue tomado por Ramos Padilla como evidencia de la relación entre esta decisión de los camaristas en la causa del Memorándum y el espionaje de D’Alessio a Porcaro. Considerando, además, que estos camaristas tenían un lazo con el oficialismo (2015-2019) a raíz de sus reiteradas visitas a la Quinta de Olivos.
El ingreso a la Unidad Ministro del entonces fiscal provincial, Juan Ignacio Bidone, fue el 21 de enero del año 2016. El hoy procesado por integrar la banda de D’Alessio, había participado en las investigaciones del Triple Crimen y a la búsqueda de Ibar Pérez Corradi. El primero refiere al homicidio, en General Rodríguez, de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En cuanto al segundo, se consideró a Corradi como el “cerebro” del Triple Crimen y el tráfico de efedrina. Este fue una caso muy resonante en el país, debido a que se vinculaba al trafico de efedrina. Según El Destape, ambos casos fueron utilizados para inculpar a funcionarios kirchneristas, a Aníbal Fernández en el primer caso y a Oscar Parrilli en el último.
El rol de Bidone en la banda de D’Alessio era crucial, era quien tenia acceso a la base de datos de Migraciones y registros telefónicos. Así como con D’Alessio, la visita de Bidone tampoco tuvo registro en el RUA. Asimismo, fue Bidone quien omitió comentar en medio de las investigaciones por el caso D’Alessio que se había reunido con Bullrich en el 2016. Bidone en ese año se encontró con Bullrich, pero también con los entonces jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Arribas y Majdalani. Posterior a esto, Bidone pasa sus investigaciones don tintes políticos a Comodoro Py. De esta forma se unió el caso del Triple Crimen con el de Trafico de Efedrina que investigaba María Servini en ese entonces.
Ahora bien, también se considera que Bidone conocía paradero de Pérez Corradi, intensamente buscado. Bidone utilizó dicho caso para procesar a Parrilli en 2017, quien según palabras de Bidone, habría encubierto la fuga de Pérez Corradi. El testimonio de Bidone, ante el juez Ariel Lijo, se presentó en un escrito a solo 12 días después de concretarse su reunión con Bullrich. El 19 de junio de 2016 detienen a Pérez Corradi, quien declaró que para negociar su situación se le pedía, desde Cambiemos, involucrar en el caso del Triple Crimen a Aníbal Fernández.
El 24 de abril de 2017, Patricia Bullrich se reúne con el fiscal federal Claudio Stornelli. En el mismo encuentro estuvieron presentes el fiscal Guillermo Marijuan y Carlos Rivolo, quienes llevaban adelante causas contra la actual vicepresidenta. Stornelli, por ese entonces, era quien manejaba el caso GNL, que era la causa del Gas Natural Licuado. En dicha causa, se trataban los supuestos sobreprecios en la compra de GNL, durante el 2013 y 2015.
El caso GNL también tenía vínculos con D’Alessio. Catorce días después del encuentro entre Patricia Bullrich y Stornelli, D’Alessio armó en su computadora un archivo denominado “Informe Bonadío”. En el mismo, se detallaban cuestiones que sucederían con el pasar del tiempo en la causa GNL. Esta causa es uno de los argumentos que eligieron Stornelli y Bonadío para ejercer presión y quedar con la polémica causa de los Cuadernos Gloria. En resumidas cuentas, Bullrich, aparte de ser una de las principales denunciantes de la causa GNL, se reunió, por afuera, con quienes serian los que investiguen la causa y los propios testigos.
Pablo Pinamonti era un espía clave en la banda de D’Alessio, y visito varias veces la jefatura de gabinete de asesores. El último avistamiento de Pinamonti en la Jefatura fue el 28 de marzo de 2017. El rol de Pinamonti en lo de D’Alessio era ser el puente entre el espionaje ilegal de la banda y la AFI. Esto da cuenta de que sus pasos por la Jefatura eran aun como un espía contratado por la AFI. Según El Destape, algunos consideraban a Pablo Pinamonti como el jefe de D’Alessio, quien, en palabras de Ramos Padilla, “le había prometido (a D’Alessio) nombrarlo en un cargo en un área de asuntos complejos en la AFI”.
En el último encuentro en el Ministerio de Seguridad de Pinamonti, la fecha es cercana, por dos días, con el inicio de un proyecto de la exSIDE. El mismo constaba de realizar un espionaje masivo y, obviamente, ilegal en el territorio de Buenos Aires. Este se formalizo en abril del 2017, pero el espionaje provenía de unos meses antes.
En cuanto al presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, Mario Montoto, tiene casi un récord de visitas al ministerio de Bullrich. Montoto visito unas 16 veces el edificio del ministerio y 9 de esas fueron para reunirse con Bullrich. Como le gustan los récords a Montoto, fue quien mantuvo el mayor intercambio de mensajes con D’Alessio, entre las cuales se reportaban operaciones.
Con 8 vistas al ministerio, el periodista de Clarín, Daniel Santoro, era un pilar necesario de la banda de D’Alessio. Las mismas visitas, según El Destape, coinciden a su vez con las notas sobre el caso de Pérez Corradi y la causa del Memorándum con Irán. El juez Ramos Padilla procesó a Santoro y hace poco también lo fue por otro expediente asociado a D’Alessio. Luis Rodríguez, juez de Comodoro Py, consideró a Santoro como “participe necesario” en lo que respecta a la tentativa de extorción al empresario Gabriel Traficante, por parte de la banda de D’Alessio.
Algunos de encuentros y vistas de Santoro al ministerio terminaban, al día siguiente, siendo publicaciones en Clarín. En reportaje que le hizo a Bullrich se trababa la causa de Pérez Corradi y un día después, se reportaban notas respecto a los espías y el caso Nisman. Luego, Santoro apuntó a Juan Martín Mena, quien es actualmente el viceministro de Justicia, diciendo que este “fue el abogado que asesoró en la redacción del acuerdo (con Irán). Participó de las negociaciones con Irán”. Así, fueron sucediéndose varias notas luego de cada reunión en el ministerio, sobre el tema de Pérez Corradi, el “pacto de la AMIA” y demás cuestiones. Todos estos esfuerzo de Santoro, según El Destape, lo posicionaron con el operador principal del macrismo a través de Clarín y el Poder Judicial.
Por último, en palabras de Ramos Padilla, “nos encontramos también con varios jueces que aparecen vinculados con distintos grados de cercanía” a D’Alessio. Específicamente, “ellos son Marcelo Aguinsky, Claudio Bonadío y Claudio Gutiérrez De la Cárcova”. Los mismos habían ingresado varias veces al ministerio para reunirse con Patricia Bullrich. Esto, a su vez, da cuenta del proceso de lawfare ejercido durante el macrismo. Cada uno de los jueves había ingreso en más de una ocasión al ministerio y ninguna de las veces se registró.
Esta investigación deja al descubierto, según El Destape, la persecución judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. En adición, se determina que la organización de estas acciones no se daba solo a través de la Mesa Judicial encabezada por Macri. Contrariamente, a las reuniones del presidente en la Quinta de Olivos con jueces y fiscales, se le suman las de Bullrich como palanca funcional al lawfare.
