El juez federal Sebastián Casanello resolvió dictar la prohibición de salida del país para el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y para los directivos de la droguería Suizo Argentina, Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos. La medida se tomó luego de los allanamientos realizados en las últimas horas, donde se hallaron elementos considerados relevantes para la investigación. Entre los principales hallazgos figuran órdenes de pago multimillonarias, dos teléfonos celulares pertenecientes a Spagnuolo, un dispositivo en poder de uno de los hermanos Kovalivker, además de 266 mil dólares localizados en el automóvil de Emmanuel Kovalivker. Ese dinero, que se distribuyó en sobres, llamó la atención de los investigadores por el contexto en el cual se encontró.
Fuentes judiciales confirmaron además que tanto en la vivienda de Jonathan Kovalivker como en la del exfuncionario Spagnuolo se secuestraron máquinas contadoras de billetes, lo que refuerza las sospechas sobre un esquema sistemático de recaudación ilícita. A esto se suma un episodio particular que quedó registrado en las actas: durante uno de los procedimientos, el jefe de seguridad del complejo Nordelta impidió el ingreso de las fuerzas judiciales al predio, lo que permitió que uno de los hermanos Kovalivker lograra escapar momentáneamente. Ese accionar generó que Casanello citara a declarar al responsable de seguridad del lugar, en tanto se analiza si existió algún grado de connivencia con los implicados.
El caso tomó mayor repercusión tras la aparición de pruebas que vinculan directamente a funcionarios y empresarios con operaciones millonarias, en un rubro que históricamente estuvo bajo la lupa por los riesgos de cartelización y sobreprecios.
La causa se inició a partir de la filtración de audios difundidos el año pasado por Carnaval Stream, donde Diego Spagnuolo detallaba de manera minuciosa un circuito de pagos indebidos que habría funcionado alrededor de la compra de medicamentos en la órbita estatal. Según esas grabaciones, el esquema de retornos y beneficios ilícitos alcanzaría incluso a Karina Milei, hermana del actual presidente, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Esta revelación provocó un fuerte cimbronazo político, dado que situó en el centro de la escena a figuras muy cercanas al oficialismo.
En las últimas horas, Lule Menem intentó despegarse de las acusaciones y difundió un comunicado en el que responsabilizó al kirchnerismo por lo que consideró una maniobra de desprestigio. En el escrito, sostuvo que todo lo que circula es parte de “una operación” en su contra, buscando relativizar la contundencia de las pruebas surgidas en el expediente.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en tanto, se pronunció a través de un mensaje en sus redes sociales, donde comparó su situación judicial con la actual. Recordó que ella fue condenada en la causa Vialidad bajo el argumento de que “una presidenta no podía no saber” lo que sucedía en la obra pública, y sugirió que, con ese mismo criterio, debería aplicarse el mismo estándar de responsabilidad al actual mandatario frente a lo que ocurre en su entorno inmediato.
De este modo, el expediente no solo avanza sobre la presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos, sino que también empieza a tener un fuerte componente político, al poner bajo la lupa a referentes del círculo más estrecho del presidente. Con la medida de prohibición de salida del país, Casanello busca garantizar que los principales acusados permanezcan a disposición de la justicia mientras se desarrollan las próximas etapas del proceso, que promete nuevas tensiones en el escenario judicial y político argentino.
