El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) instó a la Argentina a cesar de manera inmediata las detenciones de personas en comisarías y dependencias policiales, al advertir que esta práctica constituye una violación a los compromisos internacionales en materia de prevención de la tortura. En su informe difundido el 28 de noviembre de 2025, el organismo expresó su “profunda preocupación” por la situación de miles de personas retenidas en instalaciones policiales que no están preparadas para alojamientos de larga duración.
El documento surge luego de analizar la información presentada por el Estado Nacional y por diversas organizaciones de la sociedad civil. A diferencia del informe de 2017, el CAT dedicó esta vez un apartado completo a las comisarías, lo que evidencia la gravedad del problema y la falta de respuestas estatales. El organismo alertó que Argentina podría incurrir en responsabilidad internacional si no adopta medidas urgentes.
Entre sus conclusiones principales, el Comité señaló que las detenciones prolongadas en comisarías y alcaidías policiales forman parte de un “catálogo de violaciones” a la prohibición de la tortura. Y reclamó que el Estado adopte medidas inmediatas para poner fin a esta práctica.
Recomendaciones urgentes al Estado argentino
Poner fin al uso de dependencias policiales para privaciones de libertad de largo plazo, promover traslados a centros penitenciarios adecuados una vez formulados los cargos y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento de esta prohibición.
Garantizar un trato adecuado a quienes continúan bajo custodia policial mientras se encuentra una solución definitiva. Esto incluye acceso inmediato a atención médica, instalaciones sanitarias en condiciones, agua potable, alimentación suficiente y espacios al aire libre o zonas de recreación.
Evaluar alternativas a la detención, especialmente para personas alojadas en comisarías.
Las recomendaciones del CAT están dirigidas directamente al Poder Judicial. El organismo recordó que todas las personas detenidas por períodos prolongados en comisarías lo están por decisiones judiciales, y que son los jueces y juezas quienes deben revisar alternativas a la prisión para evitar riesgos procesales sin recurrir a alojamientos policiales.
El informe también subraya que, una vez formulados los cargos, los magistrados deben decidir entre mantener la detención en un lugar apto para alojamientos prolongados —si hay cupos disponibles— o liberar a la persona. El retorno a una comisaría constituye, según el CAT, una “gravísima violación” del deber de prevención de la tortura.
Las recomendaciones coinciden con las del INECIP en su informe de octubre pasado, que también calificó la situación de las comisarías como una forma de tortura y pidió reforzar el rol de los órganos garantes.
El Comité pidió al Estado argentino que, a más tardar el 28 de noviembre de 2026, informe qué acciones adoptó para cumplir con estas recomendaciones.
El CAT describió las condiciones de detención en comisarías como “sumamente deficientes”, citando celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente, y ausencia de espacios al aire libre. También advirtió demoras graves en la atención médica.
Además, el informe señaló otros problemas estructurales: la falta de salvaguardias legales para personas detenidas, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y situaciones locales preocupantes como las detenciones masivas sin control judicial en Tucumán, los operativos de “orden y limpieza” en la Ciudad de Buenos Aires y las detenciones en la provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.
