El derecho al olvido y las leyes que lo administran han ido evolucionando con el tiempo, a tal punto que muchos países poseen una regulación al respecto.
El debate respecto al derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad siempre estuvo presente. Y estos derechos chocan con el denominado “derecho al olvido”.
El derecho al olvido, también llamado “derecho de supresión” designa al derecho civil que permite solicitar la eliminación de todos los datos pertenecientes o vinculados a una persona. Esto, sí son considerados erróneos o perjudiciales por esta o ya no aportan valor informativo de ningún tipo.
El internet, desde su primera conexión en la década del 60, evolucionó hasta convertirse en una fuente indispensable de información y conexión para la comunidad. Su capacidad de acumular datos y vincular entre sí cualquier región del mundo lo convirtieron en una pieza clave para el crecimiento de la tecnología. A tal punto en que gran parte de los dispositivos electrónicos o software dependen del internet para su correcto funcionamiento.
Dicha forma de convivir y comunicarse es parte de un contexto de vinculación económica, cultural y social por medio de la tecnología. Un ejemplo claro son las redes sociales.
Este fenómeno también implica una comunicación interpersonal permanente, con un intercambio constante de datos, acción de la que pueden ser parte los buscadores de internet. Estos datos, sin embargo, pueden ser un tema delicado y complejo que tratar si son referidos a personas físicas y jurídicas. Los buscadores pueden poseer información que no siempre es verídica, actualizada o del agrado de sus principales protagonistas.
A su vez, la división entre la vida privada y la vida pública se ha ido desvaneciendo progresivamente con el tiempo. Las personas protagonistas en la información brindada por el buscador pueden sentirse o verse perjudicados por los datos personales difundidos por el internet. Ya sea porque estos están desactualizados o porque no son relevantes periodísticamente.
Si bien este derecho no cuenta con una ley formal con ese nombre en Argentina, existen otras leyes similares. Tal es el caso de la Ley 25326, también llamada Ley de protección de datos personales o hábeas data.
Esta ley reconoce el derecho de la persona en consentir o no el uso de sus datos personales y su derecho a saber en qué bancos de datos (ya sean públicos o privados) están registrados. Además, reconoce su derecho a solicitar la actualización o corrección de sus datos, la confidencialidad y la supresión de ser necesario.
Generalmente, esta facultad es reconocida cuando la información es falsa, desactualizada, perjudicial para el sujeto, o de nula información periodística. Las mencionadas condiciones aumentan la probabilidad de la aplicación efectiva. El derecho no se puede aplicar cuando la información señalada es de valor público o periodístico. Especialmente, si se trata de una figura pública, como un político.
La aplicación de este derecho y sus consecuencias cobraron mayor relevancia tras la reciente denuncia de la periodista Natalia Denegri contra Google. En la demanda, la productora exigía al motor de búsqueda la desvinculación de su nombre del material audiovisual referente a su participación en el Caso Guillermo Coppola.
Aunque después la justicia confirmó la nulidad de la causa, el espectáculo surgido de esta permaneció por años en la consciencia colectiva. Denegri-, quien en su momento participó del escándalo mediático- exigió a la justicia que se aplique el derecho al olvido.
Otro caso muy similar fue el del abogado español Mario Costeja. El problema comenzó cuando Google señaló al letrado como deudor de una casa embargada por la Secretaría de la Seguridad Social de España. Esta información, según declaró el afectado, estaba desactualizada, pues había pagado la deuda hacía varios meses. De este modo, la justicia falló a favor de Costeja, siendo el primer europeo en elevar un juicio contra Google.
Finalmente, es necesario diferenciar entre el derecho al olvido en internet y el derecho al olvido en redes sociales.
Según la consultora española Grupo Atico34, especializada en Protección de Datos, Igualdad y Propiedad Intelectual el derecho al olvido se puede ejercer en distintas circunstancias. Las redes sociales lo permiten cuando la publicación “no cumple los requisitos” previstos en las normas. También cuando los datos no son utilizados “para los fines que motivaron su obtención” o el usuario se opone al tratamiento de sus datos personales.
Entonces, el objetivo debe ser la protección de los datos personales de los implicados y que estos tengan el absoluto control de estos. Para esto, las empresas deben mantener actualizados los mecanismos de seguridad, privacidad y protección de datos personales.
