Un joven de 23 años fue detenido en Villa Soldati, acusado de cometer abuso de una adolescente de 16 años en Gregorio de Laferrere. El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad tras una investigación que permitió identificar al sospechoso y dar con su paradero.
Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la captura se concretó luego de un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Lacarra, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El acusado fue detenido dentro de su domicilio, donde además se incautaron elementos de interés para la causa.
El hecho que se investiga ocurrió en febrero pasado, en una casa de Laferrere, partido de La Matanza. De acuerdo a la denuncia, la víctima se encontraba durmiendo en la casa de una amiga cuando el imputado ingresó durante la noche a la habitación y habría abusado de ella.
A partir de la denuncia, se iniciaron tareas investigativas que permitieron reconstruir lo ocurrido y establecer tanto la identidad como la ubicación del sospechoso. El procedimientolo realizó la División Delitos contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad.
En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del juez Gabriel Raúl Bustos, y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza, encabezado por el magistrado Fernando Horacio Pinos Guevara. Ambos dispusieron la detención del acusado y su traslado a la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner en foco la respuesta judicial ante delitos sexuales. El máximo tribunal revocó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Chubut que había anulado la condena de 14 años de prisión contra un pastor evangélico acusado de abusar de su hijastra durante siete años.
El caso se originó en el año 2000 en la localidad de El Maitén, donde el acusado, Samuel Figueroa, ejercía un rol de autoridad dentro del hogar y la comunidad. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 8 años y se extendieron hasta su adolescencia.
La condena se dictó en marzo de 2020 en Esquel, pero luego se anuló por una cuestión de plazos procesales. Finalmente, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema dejó sin efecto esa nulidad.
El fallo estableció que los plazos procesales no pueden imponerse por sobre la protección de las víctimas de violencia sexual ni desconocer contextos excepcionales como la pandemia de COVID-19.
