En el día del Respeto a la Diversidad Cultural, representantes de los pueblos originarios reclamaron por una ley de propiedad comunitaria. También junto a algunos diputados informaron que buscan la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que prohíbe el desalojo de las comunidades. Junto a ella pedirán más recursos presupuestarios para la implementación de la norma. pueblos originarios
Luego de la movilización, diputados del Frente de Todos y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recibieron a los representantes en el Congreso. Del partido oficialista estaba la diputada Paula Penacca quien se comprometió en nombre del bloque con la causa. Además de sancionar la ley buscan acompañar las demandas diarias de la comunidad que son necesarias para mejorar su calidad de vida.
Desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) participó el diputado Juan Carlos Alderete quien catalogó como primordial la cuarta prórroga de la Ley 26.160. “Es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios”, añadió el funcionario. También se refirió a las múltiples desprolijidades de las autoridades que vulneraron los derechos de los pueblos que buscan perpetuar sus costumbres y cultura.
El 23 de noviembre es la fecha límite de la prórroga que prohíbe el desalojo de las comunidades. Si bien la prioridad es extenderla, ello solo le da un tiempo más a los pueblos de seguir habitando sus territorios. Por lo tanto, es necesaria la implementación de leyes que cuiden a largo plazo el bienestar de los pueblos originarios.
Los referentes de las comunidades expresaron que para solucionar el problema es indispensable una ley de propiedad comunitaria indígena. La misma debe permitir obtener los títulos de propiedad de territorios relevados. El relevamiento técnico-jurídico-catastral” determina la situación dominial de las tierras. Por el momento, según el INAI resta relevar a más del 57% de las comunidades.
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