El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, renunció ante el Poder Ejecutivo, en medio de una grave crisis judicial que lo involucra directamente. La decisión se conoce luego de que fuera imputado en tres causas penales por extorsión y por sus presuntos vínculos con redes del narcotráfico, delitos de extrema gravedad para un funcionario de su jerarquía. De aceptarse la dimisión, perderá los fueros que lo protegen y podría concretarse una detención domiciliaria que ya fue ordenada por la justicia.
La renuncia presentada establece que su salida del cargo debería hacerse efectiva el 1 de julio, lo que implica que por el momento mantiene el estatus de juez federal en funciones. Sin embargo, su continuidad depende ahora de la decisión del Gobierno nacional, que deberá evaluar si acepta o rechaza su pedido en un contexto de fuerte presión institucional y social.
Además de los expedientes penales, Bailaque enfrenta una acusación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, que lo citó para este martes a realizar su descargo. Según trascendió, el magistrado optó por no presentarse en persona y enviará su defensa por escrito, mecanismo permitido por el reglamento aunque cuestionado en términos políticos por algunos integrantes del órgano.
La situación del juez federal genera fuerte preocupación en el ámbito judicial rosarino, donde ya se acumulan múltiples causas ligadas al narcotráfico con ramificaciones políticas, policiales y empresariales. La posible caída de Bailaque en manos de la justicia marca un nuevo episodio en la crisis del Poder Judicial en Santa Fe, una provincia atravesada por la violencia narco y las sospechas de connivencia institucional. La resolución del Gobierno sobre la renuncia será clave para definir los próximos pasos del proceso.
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