La Unión Industrial Argentina (UIA) formalizó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un pedido para que se suspendan durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pequeñas y medianas empresas (pymes). El planteo se realizó en un contexto en el que la industria manufacturera acumula una caída del 2% en lo que va del año y las empresas enfrentan dificultades financieras.
El reclamo de la entidad industrial surgió tras una nueva reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades de ARCA. Según informó la propia organización, el objetivo fue plantear medidas destinadas a acompañar a las pymes industriales frente al escenario de caída de la actividad y del empleo.
Entre las principales propuestas, la UIA reclamó la “suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito”.
La entidad también planteó modificaciones vinculadas con los planes de pago y los vencimientos impositivos. En particular, solicitó habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación, al considerar que esta no disminuyó para las pymes pese a la menor inflación reciente.
Además de la suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales, la UIA propuso reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para las pymes que soliciten la opción de reducción.
También pidió diferir durante 180 días los vencimientos del IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales correspondientes a las economías regionales. En materia de saldos a favor, la entidad planteó la necesidad de acortar los plazos de devolución de distintos impuestos, debido al impacto que las demoras generan sobre el capital de trabajo, y flexibilizar el uso de los reintegros de exportación.
La UIA valoró además la reapertura del régimen de facilidades de pago, que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras. Sin embargo, pidió habilitar la migración entre planes y revisar el costo de financiación para las pequeñas y medianas empresas.
Desde ARCA señalaron que varias de las medidas planteadas dependen de definiciones del Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, el organismo se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias.
Por el momento, no se alcanzaron medidas concretas sobre los distintos pedidos. El Departamento de Política Tributaria de la UIA y las autoridades de ARCA acordaron continuar con el espacio de diálogo y mantener un próximo encuentro dentro de 45 días.
El pedido de la UIA se da mientras la actividad industrial atraviesa un escenario de retroceso. De acuerdo con estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción industrial cayó 0,6% en julio respecto de junio, en términos desestacionalizados, y acumuló una disminución cercana al 2% durante los primeros siete meses de 2026.
En la comparación interanual, julio mostró una suba del 1,4%. Sin embargo, ese resultado estuvo condicionado por una baja base de comparación. El relevamiento de la UIA señaló además un comportamiento heterogéneo entre las distintas ramas productivas.
De esta manera, la caída acumulada de la actividad industrial forma parte del escenario sobre el cual la entidad fabril fundamentó su pedido de medidas de alivio para las pymes.
El reclamo de la UIA se produjo después de la viralización de un posteo del analista económico Damián Di Pace, quien describió la situación límite atravesada por una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense.
Según el caso difundido, la empresa cuenta con 18 trabajadores, tiene su facturación registrada y mantiene los salarios al día. La dificultad comenzó cuando uno de sus principales clientes demoró 45 días el pago de una factura importante. Ese atraso afectó la disponibilidad de fondos de la compañía y le impidió reunir la totalidad del dinero necesario para afrontar el pago del IVA.
El vencimiento del IVA se produjo el 15 de agosto. De acuerdo con el relato sobre el caso, una semana después, el 22 de agosto, la empresa ya contaba con la boleta de deuda y se había iniciado el procedimiento de ejecución fiscal. Para el martes 25, había recibido el mandamiento de intimación de pago, mientras avanzaba el pedido de embargo preventivo de sus cuentas bancarias.
La situación expuesta por Di Pace puso el foco en el impacto que puede tener sobre una pyme un problema puntual de liquidez derivado de la demora en el cobro de una factura. El caso se convirtió así en uno de los elementos que acompañaron el reclamo de la UIA ante ARCA para suspender temporalmente los embargos y ejecuciones fiscales.
La entidad fabril busca que la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales durante 180 días funcione como una medida transitoria frente a las dificultades financieras que atraviesan las pymes industriales. El planteo se vincula con la combinación de suba de tasas, caída de la actividad y restricciones al crédito señalada por la UIA.
La organización también puso sobre la mesa otras alternativas relacionadas con los anticipos de Ganancias, los vencimientos de IVA, las contribuciones patronales, los saldos a favor y los planes de financiación.
El pedido se produce, además, mientras la industria manufacturera acumula una caída del 2% en lo que va del año. En ese escenario, la UIA busca que ARCA y el Gobierno evalúen medidas que permitan acompañar a las pequeñas y medianas empresas industriales y evitar que las dificultades financieras profundicen el impacto sobre la actividad y el empleo.
