Universidades públicas: los rectores denuncian que el Gobierno incumple una cautelar
El Consejo Interuniversitario Nacional pidió que la Justicia resuelva de manera definitiva el reclamo por el financiamiento universitario. Los rectores sostienen que el Gobierno aún no cumplió con una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas argentinas, solicitó que el fuero contencioso administrativo federal continúe con el tratamiento de la causa por el financiamiento universitario durante el receso judicial de invierno y dicte una sentencia definitiva sobre el conflicto.
El planteo fue presentado luego de que, según los rectores, el Gobierno nacional todavía no cumpliera con la medida cautelar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme a fines de junio y que ordena aplicar parte de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de las universidades nacionales.
De acuerdo con el planteo realizado por el CIN, la Justicia debería avanzar con el tratamiento del expediente sin esperar el final de la feria judicial, debido a la importancia institucional y al impacto que tiene la situación sobre el funcionamiento del sistema universitario público.
Los rectores solicitaron específicamente que el fuero contencioso administrativo federal trate el supuesto incumplimiento de la ley de financiamiento universitario durante el receso invernal y emita una sentencia definitiva que resuelva el conflicto de fondo.
Según sostienen las autoridades universitarias, el Gobierno nacional aún no dio cumplimiento efectivo a la medida cautelar que fue confirmada por la Corte Suprema hace aproximadamente un mes.
La medida cautelar se confirmó por parte de la Corte Suprema a fines de junio. En esa resolución, el máximo tribunal ordenó al Estado nacional aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Esos artículos establecen medidas relacionadas con:
La decisión de la Corte dejó vigente la cautelar mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre el cumplimiento integral de la ley de financiamiento universitario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional afirman que el Poder Ejecutivo todavía no ejecutó lo dispuesto por la Justicia.
Si bien pocos días antes de la confirmación de la cautelar el Gobierno nacional había asumido el compromiso de realizar una parte de esos pagos, los rectores sostienen que esa promesa no se materializó y que, en consecuencia, continúa el incumplimiento de la resolución judicial.
Por ese motivo, solicitaron que la Justicia intervenga durante la feria judicial y avance hacia una sentencia definitiva que resuelva el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
La Ley 27.795 incorpora disposiciones vinculadas al financiamiento del sistema universitario nacional y contempla mecanismos destinados a garantizar la actualización de partidas presupuestarias, la recomposición salarial del personal docente y no docente y la actualización de las becas para estudiantes universitarios.
La controversia judicial se centra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de esa norma, cuya ejecución fue ordenada de manera cautelar por la Corte Suprema mientras continúa el proceso principal.
El reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional busca que la Justicia no solo supervise el cumplimiento de esa medida provisoria, sino que también emita una resolución definitiva sobre la obligación del Estado nacional de aplicar la ley.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno por el financiamiento continúa sin una resolución definitiva.
Mientras el máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar parte de la Ley 27.795, los rectores sostienen que el Ejecutivo todavía no cumplió con lo dispuesto y solicitaron que el fuero contencioso administrativo federal trate el caso durante el receso judicial para evitar mayores demoras.
La causa permanece abierta y la definición de fondo dependerá de la sentencia que eventualmente dicte la Justicia sobre el alcance y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
