Luego de que el gobierno de Alberto Fernández confirmara la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, junto con otras propuestas vinculadas con reformas al sistema judicial, este viernes los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente el proyecto que buscarán debatir entre enero y febrero.
La iniciativa, presentada en las últimas horas por Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Esta entidad será la que lleve adelante la investigación. Se acusa a Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
Los detalles del pedido de juicio a la Corte Proyectos
El proyecto de resolución fue elaborado por los diputados en base al documento impulsado por el jefe de Estado. Al texto se agregaron además nuevas denuncias para investigar a lo largo del proceso. Entre ellas se incluyó una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
En torno al fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el texto sostiene que “resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial. Por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”.
“La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país, esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos”, se señala en el texto.
En el proyecto de pedido de juicio, los diputados sostienen que deben ser citados además “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
El argumentos detrás del juicio Corte Proyecto
El proceso de remoción de los miembros de la Corte Suprema abordará dos cuestiones. La primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años. Se reemplazó, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937; una decisión calificada como “un hecho insólito” por el gobierno. La otra cuestión es el análisis de la medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para CABA.
Para el gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal “violó la división poderes” al tratarse de un tema “que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo”. Esto ya que “es algo que involucra a todas las provincias”. Así lo evaluó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.
Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado subrayó que su deber era “promover acciones cuando el sistema federal se pone en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional. Allí se prevé que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”.
El temario para las sesiones extraordinarias
En tanto, junto al pedido de juicio a la Corte, el gobierno también añadió iniciativas vinculadas a una reforma judicial, entre ellas: un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, que actualmente tiene cuatro puestos ocupados y uno vacante; la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura; y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
El gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar 27 proyectos entre el “23 de enero hasta el 28 de febrero”. También figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional. Así lo informó en conferencia de prensa Cerruti
El rol de la oposición en el Congreso
De acuerdo con la funcionaria, la convocatoria enviada al Congreso incluye “temas importantísimos para todos los argentinos”. Las propuestas van desde el “desarrollo productivo”, hasta temas vinculados con el sistema de Justicia. Las iniciativas dependerán del apoyo parlamentaria para su discusión, ya que los números no le permiten al oficialismo garantizar el quórum en ambas cámaras.
Al respecto, Cerruti apuntó: “Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que, en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones, hay que sentarse a debatir en el Congreso. Es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates”. Y pidió a los legisladores “no extorsionar al gobierno y a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan”.
“Nosotros esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo durante este tiempo (…) para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso de la Nación”, agregó. Esto en relación con la decisión de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar las iniciativas que el gobierno pretende; ello mientras no se excluya del temario el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
Fuente: Télam
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