El gobierno de la provincia de Buenos Aires inicia la vacunación gratuita contra el dengue

La provincia de Buenos Aires comienza hoy una campaña de vacunación gratuita contra el dengue destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en cualquiera de los municipios bonaerenses, sin importar si ya atravesaron o no la enfermedad. “Es con inscripción previa acá”, informaron las autoridades al dar a conocer los detalles de la medida.

El programa establece que los inscriptos recibirán un correo electrónico en el que se les notificará la fecha y el horario asignados para concurrir al vacunatorio más cercano. Los centros estarán habilitados en los 135 municipios que integran el territorio bonaerense. Allí podrán acceder a la dosis de manera gratuita, sin la necesidad de presentar una orden médica.
En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires continúa con su propio operativo de vacunación, aunque bajo un esquema distinto. En este caso, la inmunización se aplica en forma escalonada y por grupos etarios. Actualmente, el beneficio alcanza a quienes tienen entre 15 y 39 años. Según indicaron desde la administración porteña, se trata de un plan progresivo que irá ampliando la cobertura en diferentes etapas.

Diferencias entre provincia y ciudad

El lanzamiento de la campaña bonaerense marca un contraste con la estrategia adoptada en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras en el distrito gobernado por Jorge Macri se mantiene un cronograma por franjas de edad que avanza de manera paulatina, la provincia decidió abrir la convocatoria directamente a toda la población comprendida entre los 15 y los 59 años.
Ambos gobiernos coinciden en un punto clave: la vacunación es gratuita. Pero difieren en la amplitud de los destinatarios. En la provincia, cualquier persona dentro del rango etario puede acceder, sin importar si tuvo o no la enfermedad. En la Ciudad, por ahora, la inmunización queda limitada a un universo menor y con la promesa de extenderse en el futuro.

El operativo bonaerense se desplegará de manera simultánea en todo el territorio, con vacunatorios en cada uno de los municipios, lo que busca garantizar el acceso equitativo. La decisión de no exigir orden médica apunta a facilitar la aplicación y evitar demoras burocráticas.

El caso de la fiebre aftosa

En otro plano vinculado a la vacunación, el Gobierno nacional tomó la decisión de modificar el esquema contra la fiebre aftosa que se encontraba vigente desde hace más de dos décadas. La medida se fundamenta en la intención de reducir costos en el sistema productivo.

De acuerdo con lo dispuesto, a partir del año que viene dejarán de vacunarse los novillos, novillitos y vaquillonas. La aplicación de la dosis quedará restringida únicamente a las categorías menores, es decir, “terneros y terneras”. Se trata de un cambio significativo, ya que el plan anterior contemplaba una cobertura mucho más amplia de la población bovina.

La decisión fue celebrada por la Sociedad Rural, que respaldó el nuevo esquema. Sin embargo, también se recordó que existen antecedentes de medidas similares que “ya hay antecedentes y no salió bien”. Este señalamiento reabre la discusión sobre los riesgos y beneficios de modificar una estrategia sanitaria que llevaba más de veinte años de continuidad.

Repercusiones y antecedentes

La política de vacunación contra la fiebre aftosa siempre generó debate en el sector agropecuario. Por un lado, las entidades rurales suelen destacar el impacto económico de los costos asociados a la inmunización. Por el otro, técnicos y especialistas sanitarios advierten que la enfermedad puede propagarse con rapidez y generar fuertes consecuencias si la prevención no se realiza de manera adecuada.

El hecho de que “ya hay antecedentes y no salió bien” marca un precedente que pone en alerta a sectores vinculados a la sanidad animal. Los críticos de la medida sostienen que discontinuar la aplicación en categorías de mayor edad podría debilitar la protección general del rodeo y abrir la puerta a nuevos brotes.

Aun así, la Sociedad Rural respaldó públicamente el anuncio y lo enmarcó en la necesidad de reducir gastos en un contexto económico complejo. La postura oficial del Gobierno se sostiene en esa línea: optimizar recursos y simplificar esquemas de vacunación que hasta ahora se mantenían inalterados desde hace más de veinte años.

Un panorama marcado por la prevención.

De esta manera, el país inicia una semana atravesada por dos noticias relevantes en materia de vacunación. En el plano humano, la provincia de Buenos Aires da comienzo a un plan masivo y gratuito contra el dengue, que busca ampliar la cobertura a todos los habitantes de entre 15 y 59 años sin distinción. La Ciudad, por su parte, continúa con una estrategia escalonada que actualmente incluye a los jóvenes de entre 15 y 39 años.

En el plano animal, el Gobierno impulsa un cambio drástico en la estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa. La decisión, celebrada por la Sociedad Rural pero cuestionada en algunos ámbitos por los antecedentes negativos, implica que desde el próximo año solamente los terneros y terneras recibirán la inmunización.

En ambos casos, la palabra clave es prevención.

La provincia apuesta a contener el avance del dengue con un esquema abierto, mientras que la Nación busca reducir costos en el sector agropecuario modificando un programa histórico. Dos enfoques distintos, pero con un denominador común: la vacunación como herramienta central para enfrentar problemas sanitarios que impactan tanto en la salud de la población como en la producción del país.

Escrito por Desde Matanza

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Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional y la oposición prepara una semana de tensión en el Congreso

El presidente Javier Milei presentará esta noche a las 21, en una cadena nacional grabada en Casa Rosada, el proyecto de Presupuesto 2026. La instancia no es menor: se trata del último día permitido por el plazo legal para la presentación de la iniciativa.

El Gobierno se encuentra, al igual que el año pasado, funcionando con una prórroga del presupuesto de 2023. Esto sucede porque, pese a que hubo proyectos de presupuesto en los dos años anteriores, no lograron avanzar en el Congreso. Cada vez que la oposición impulsó modificaciones, la administración decidió retirarlos, lo que dejó a la gestión sin una ley de presupuesto aprobada en los últimos ejercicios.

El mensaje a Vox y la referencia a la “gestión”

En los últimos días, Milei también se mostró en la escena internacional aunque sin moverse de Buenos Aires. El mandatario había sido invitado al acto del partido ultraderechista español Vox, pero finalmente decidió no viajar. En su lugar, envió un mensaje en vivo desde Argentina.

“Me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”, expresó. Sus palabras, transmitidas a la audiencia internacional, marcaron el tono de su intervención y además introdujeron una polémica referencia: el presidente vinculó el asesinato de un influencer trumpista con la izquierda, en un pasaje que generó repercusiones en ambos países.

La agenda parlamentaria: pedidos y rechazos

Mientras tanto, el Congreso será escenario de una semana cargada de tensiones. La oposición solicitó una sesión especial para el miércoles con el objetivo de tratar una serie de temas sensibles. En primer lugar, buscará rechazar los vetos presidenciales a dos leyes: la de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario. Ambos proyectos habían generado amplio debate en el recinto y el veto total de la Casa Rosada abrió un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y los bloques opositores.

Pero la agenda legislativa no se agota allí. También se incluyó en la convocatoria un proyecto que apunta directamente al corazón del oficialismo: se pedirá un informe verbal a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. El motivo es el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, un tema que creció en las últimas semanas y que ahora será llevado formalmente a la discusión parlamentaria.

La sesión especial, de concretarse, tendrá además un condimento en las calles: organizaciones sociales y políticas anunciaron que habrá una marcha en simultáneo con el debate, lo que anticipa una jornada de movilización y reclamos frente al Congreso.

La disputa por la ley de ATN y el rol de los gobernadores

Otro de los puntos de fricción es la ley de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La discusión sobre qué destino dar a esos fondos abre diferencias no solo entre oficialismo y oposición, sino también dentro del arco de los gobernadores, algunos de los cuales mantienen negociaciones abiertas con el Gobierno nacional.

El Ejecutivo busca asegurar apoyos parciales que le permitan sostener la gobernabilidad en un escenario en el que todavía no logró construir una mayoría parlamentaria sólida. Los gobernadores, por su parte, ven en la discusión de los ATN una herramienta clave para obtener recursos que fortalezcan sus administraciones en un contexto económico complejo.

Una semana clave para el Gobierno

Con la presentación del Presupuesto 2026 y el pedido de sesión especial de la oposición, la semana se perfila como un momento decisivo para la política nacional. Por un lado, el Ejecutivo intentará mostrar con la cadena nacional una hoja de ruta económica hacia adelante, en medio de las dificultades para lograr consensos legislativos. Por otro, la oposición buscará capitalizar el descontento con los vetos presidenciales y abrir un frente de control político sobre una de las figuras más influyentes del gobierno: Karina Milei.

La combinación de estos factores deja en evidencia que el oficialismo enfrenta no solo el desafío de presentar un plan económico a futuro, sino también el de resistir las presiones políticas inmediatas. La relación con el Congreso y con los gobernadores, así como la reacción ciudadana en las calles, marcarán el pulso de una coyuntura cargada de tensión.

Escrito por Desde Matanza

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River agotó entradas y prepara un recibimiento histórico para el duelo con Palmeiras

El Monumental volverá a ser protagonista en la Copa Libertadores,y a menos de una semana del partido de ida por los cuartos de final frente a Palmeiras, River Plate confirmó que agotó una nueva tanda de entradas y el estadio tendrá nuevamente un cartel de sold out. La expectativa es total y el escenario ya se empieza a jugar, no solo en la cancha sino también en las tribunas.

El Monumental, un jugador más

El arquero Franco Armani fue la gran figura en la definición por penales frente a Libertad. Sin embargo, tal como lo destacó Marcelo Gallardo, no estuvo solo. Bajo los tres palos recibió el impulso de más de 80 mil hinchas que transformaron la tensión en aliento y empuje. Esa es la sensación que atraviesa cada duelo copero en Núñez: el Monumental pesa, intimida y se convierte en un protagonista indiscutido.

Por eso, en el partido de ida contra Palmeiras, la localía volverá a jugar un papel fundamental. Se espera un recibimiento a la altura de la historia, con la intención de condicionar al rival desde el minuto cero. Una vez más, el estadio más grande de Sudamérica será un factor determinante.

Una obsesión que supera la previa

Aunque el próximo compromiso del equipo de Martín Demichelis será frente a Estudiantes, la mente de los hinchas ya está puesta en el choque contra el “Verdao”. En Núñez, la serie empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Las tribunas palpitan lo que será una verdadera fiesta y el entusiasmo contagia en cada rincón riverplatense.

Las largas filas virtuales para conseguir entradas son una muestra del clima previo. El sistema River ID colapsó por momentos ante la masiva demanda, un fenómeno que se repite cada vez que el equipo afronta partidos decisivos.

Segunda tanda agotada

La segunda tanda de tickets para socios sin “Tu Lugar en el Monumental” voló durante la mañana del viernes. Desde temprano, miles de fanáticos hicieron cola virtual con la esperanza de conseguir un lugar. El remanente previsto para la tarde quedó reservado solo para quienes lograron superar el filtro inicial.

Con el agotamiento inmediato de localidades, se ratifica que el Monumental estará colmado. El club incluso analiza la posibilidad de ampliar la capacidad, a pesar de contar ya con el estadio más grande de Sudamérica. La venta había comenzado el martes con los socios con TLM, que confirmaron sus ubicaciones, y continuó con la segunda tanda para quienes aún buscaban un ticket.

El resultado fue el esperado: en cada partido decisivo, River agota entradas con una velocidad que refleja la pasión de su gente.

El ritual del recibimiento

La costumbre de agotar tickets no es la única marca de identidad. Los recibimientos al plantel ya forman parte de la liturgia riverplatense. En noches de Copa Libertadores y en los superclásicos, el colorido y la intensidad de la bienvenida son una característica infaltable.

Para el duelo frente a Palmeiras, el club y los hinchas preparan un nuevo show de aliento, aunque con la precaución de no repetir excesos que en el pasado derivaron en sanciones. El antecedente inmediato fue el partido frente a Atlético Mineiro, donde el uso de pirotecnia y otras infracciones derivaron en que la Conmebol sancionara a River con un partido sin público en el inicio de esta edición.

Ese recuerdo obliga a extremar cuidados, pero no limita la creatividad de los hinchas. En los pasillos del estadio ya se organizan detalles para que la entrada del equipo vuelva a ser un momento inolvidable.

La mirada desde Brasil

El “calderão infernal”, como lo definieron los propios hinchas brasileños en referencia al Monumental, ya genera preocupación en el entorno de Palmeiras. En redes sociales, seguidores del club paulista expresaron su inquietud por el clima que deberán enfrentar en Buenos Aires.

Se estima que alrededor de 2.000 simpatizantes del “Verdao” viajarán para acompañar al equipo, pero saben que se encontrarán con un estadio repleto y hostil, donde el aliento local será un rival extra.

Un Monumental que explota

Con entradas agotadas y un ambiente que promete ser electrizante, River se prepara para recibir a Palmeiras en un Monumental que volverá a estar “explotado”, como dicen los propios hinchas. El duelo de cuartos de final ya empezó a jugarse en las tribunas y la expectativa no deja de crecer.

El equipo, los dirigentes y la gente saben que la localía puede ser un factor clave en la serie. Y como en cada gran cita copera, el Monumental buscará imponer su peso y convertirse en un protagonista más en el camino de River en la Libertadores.

Escrito por Desde Matanza

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Universidades reclaman tras el veto: paro, marchas y reclamos en todo el país

A menos de 24 horas de que el presidente Javier Milei firmara el veto a la ley de financiamiento universitario, los gremios docentes y no docentes de distintas universidades nacionales comenzaron a organizar las primeras medidas de fuerza como marchas, paro y reclamos a lo largo del país. El rechazo a la decisión del Ejecutivo derivó en un paro de 24 horas, movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y anuncios de nuevas marchas federales en defensa de la educación superior pública.

Movilización en Buenos Aires

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a la primera movilización contra el veto presidencial. La medida tendrá lugar este viernes desde las 15.30, con una marcha que partirá desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo. A la convocatoria se sumarán también los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes mantienen reclamos propios vinculados a la situación salarial y de recursos en el sector de la salud.

El gremio docente de la UBA ya venía desplegando acciones de protesta. Durante el miércoles anterior, realizaron clases públicas en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar la problemática presupuestaria y el deterioro de los salarios.

Paro nacional y adhesión de la UNLaM

En paralelo, todos los gremios universitarios anunciaron un paro de 24 horas en todas las facultades nacionales. La medida busca expresar un rechazo unificado al veto y marcar el inicio de un plan de lucha.

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) confirmó que tanto los gremios docentes como no docentes, junto con el Centro de Estudiantes y la comunidad educativa, se sumarán al Paro Nacional Universitario convocado para el viernes 12 de septiembre. La institución difundió un comunicado en el que destacó que la medida se enmarca en “la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad”.

Rumbo a una nueva Marcha Federal

En este escenario, las principales federaciones y sindicatos docentes universitarios anunciaron que preparan la tercera Marcha Federal Universitaria. La fecha será la misma en la que el Congreso discuta los vetos presidenciales, tanto el referido al financiamiento universitario como el de la ley de emergencia pediátrica.

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, remarcó el compromiso de los trabajadores: “Existe un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”.

Ricci también alertó sobre el impacto de la inflación en los salarios: “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”.

Debate en el Congreso

La discusión ahora se traslada al Congreso de la Nación. Según informó Infobae, los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados definieron convocar a una sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre.

El temario de la sesión aún está en negociación. Algunos sectores impulsan tratar ambos vetos en una misma jornada, mientras que otros consideran dividir el debate en dos instancias: el 17 y el 24 de septiembre.

Cuando el proyecto llegue a la Cámara baja, se espera una masiva concentración de estudiantes, docentes y personal no docente en la Plaza de los Dos Congresos. El objetivo será acompañar el debate parlamentario y reforzar la defensa de la universidad pública.

Movilizaciones en el interior del país

El rechazo al veto no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, se confirmó la realización de una medida de fuerza de 48 horas, en coincidencia con las jornadas de debate legislativo. La Federación Universitaria de Rosario también anticipó que se sumará a las movilizaciones previstas para el día en que el Congreso discuta los vetos.

De este modo, el conflicto adquiere un carácter federal, con manifestaciones previstas en distintos puntos del país y una coordinación entre gremios y federaciones estudiantiles.

Críticas desde la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación en declaraciones radiales. “Mucha preocupación tenemos porque todos teníamos expectativa en que el gobierno no vetara la ley”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Yacobitti explicó que circuló la posibilidad de un veto parcial, que si bien era considerado “insuficiente”, al menos representaba una señal de que el Ejecutivo estaba dispuesto a escuchar los reclamos.

En una conferencia de prensa en el Consejo Superior del Rectorado, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, junto con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci, brindaron un diagnóstico crítico. Reconocieron la reducción de becas de investigación y las dificultades para el mantenimiento edilicio.

“Estamos funcionando pero entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, afirmaron. Y agregaron: “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año. Como dijimos anteriormente, la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina”.

Un conflicto abierto

El veto presidencial reavivó un conflicto que combina el reclamo por salarios, presupuesto y defensa de la universidad pública. Con paros, movilizaciones y una nueva Marcha Federal en camino, el escenario anticipa semanas de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario.

Escrito por Desde Matanza

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El Gobierno vetó la ley que buscaba coparticipar automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional

El Gobierno nacional vetó la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás. La medida rechaza un proyecto que contaba con el respaldo unánime de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes habían impulsado la normativa como un mecanismo para garantizar mayor transparencia y equidad en la distribución de estos recursos.

La ley vetada incorporaba un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto, con el objetivo de establecer que el Fondo de ATN debía coparticiparse de forma automática y diaria. La propuesta respondía a los reclamos de las provincias por el carácter discrecional que, hasta ahora, mantiene el reparto de esos fondos especiales.

Qué son los Aportes del Tesoro Nacional

Los Aportes del Tesoro Nacional tienen su origen en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Allí se establece que el 1% de la masa coparticipable de todos los impuestos federales recaudados por la Nación se destina a este fondo.

La finalidad de los ATN es asistir a las provincias en situaciones de emergencia y colaborar en la compensación de desequilibrios financieros. En la práctica, se trata de un recurso que funciona como auxilio económico en momentos críticos, aunque su utilización ha estado históricamente marcada por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Ese carácter discrecional fue el eje de las críticas planteadas por los gobernadores. Según argumentaron, la ausencia de un mecanismo de reparto automático genera desigualdades y permite que los fondos sean utilicen como herramienta de presión política o negociación.

El proyecto de los gobernadores

El proyecto vetado había se impulsó de manera conjunta por todos los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño. La iniciativa buscaba garantizar que los ATN se distribuyan de forma transparente, sin depender de la voluntad política de turno.

La incorporación de un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto establecía que los fondos debían transferirse en forma automática y diaria, siguiendo los mismos criterios de coparticipación que rigen para otros tributos. De esa manera, cada jurisdicción recibiría una porción proporcional y asegurada de los recursos.

La propuesta había sido presentada como un paso hacia la consolidación del federalismo fiscal, en un contexto donde las provincias reclaman mayor previsibilidad en la recepción de fondos nacionales. La aprobación en el Congreso representó un logro político para los gobernadores, quienes exhibieron unidad en torno a esta demanda.

El veto presidencial

Con la decisión de vetar la norma, el Gobierno nacional mantuvo el esquema vigente. Esto significa que los ATN seguirán administrandose por el Poder Ejecutivo con criterio discrecional, sin la obligación de realizar giros automáticos ni diarios hacia las provincias.

El veto implica un revés para la estrategia de los gobernadores, que habían encontrado en este proyecto un canal para garantizar mayor autonomía financiera. La medida también profundiza las tensiones entre la Nación y las provincias en materia de distribución de recursos.

La decisión presidencial se inscribe en un escenario de disputa creciente por el financiamiento. Los mandatarios provinciales venían reclamando un cambio en el manejo de los ATN para evitar desigualdades y mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias locales.

Un debate sobre el federalismo fiscal

La discusión en torno a los ATN pone en evidencia un problema estructural del federalismo argentino: la dependencia de las provincias de los recursos que administra la Nación. Aunque los fondos representan solo el 1% de la masa coparticipable, su impacto es relevante en momentos de crisis.

El carácter discrecional con que se reparten ha sido motivo de cuestionamientos recurrentes a lo largo de distintos gobiernos. La falta de reglas claras genera suspicacias sobre un uso político de los recursos y abre un frente de conflicto cada vez que las provincias atraviesan dificultades económicas.

Con el veto, el Gobierno defendió la continuidad de un esquema que le otorga control directo sobre la distribución de estos fondos. Sin embargo, el rechazo a la norma aprobada por el Congreso deja abierta la posibilidad de nuevos reclamos y negociaciones.

Consecuencias políticas y fiscales

El veto a la ley de reparto automático de ATN se suma a una serie de decisiones recientes que marcaron diferencias entre la Nación y los gobernadores. La medida puede tener consecuencias políticas inmediatas, ya que los mandatarios provinciales habían presentado este proyecto como una conquista conjunta.

En términos fiscales, la decisión implica que las provincias deberán seguir gestionando los recursos de manera puntual ante la Nación, en lugar de recibirlos con previsibilidad a través de un sistema automático. Esto mantiene la dependencia del diálogo político y limita la posibilidad de planificar con mayor certidumbre.

La controversia en torno a los ATN vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la coparticipación y el financiamiento provincial. Con la ley vetada, el reclamo por un reparto más equitativo y transparente sigue vigente, en un contexto donde las provincias buscan asegurar herramientas para enfrentar emergencias y desequilibrios financieros sin quedar atadas a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Escrito por Desde Matanza

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Sigue el recorte: El Gobierno define su mesa federal y anticipa nuevos vetos

El Gobierno nacional anunció que la convocatoria a los gobernadores para integrar una mesa federal tendrá un criterio restrictivo. Según se informó, solo serán convocados aquellos mandatarios provinciales que, a juicio del Ejecutivo, demuestren un “espíritu de cambio”. De este modo, una de las novedades posteriores a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires no estará destinada a ampliar el diálogo, sino a reforzar los vínculos con aquellos actores considerados más afines.

La decisión marca un rumbo político que prioriza la cercanía ideológica y las coincidencias estratégicas por encima de la apertura a otras posiciones. En medio de un escenario de tensiones entre la Nación y las provincias, la conformación de esta mesa federal aparece como un espacio clave, pero limitado desde su origen por la propia selección de sus integrantes.

Cadena nacional y presupuesto 2026

En paralelo, el Gobierno confirmó que el próximo lunes a la noche se transmitirá una cadena nacional. El eje de esa comunicación será la presentación del presupuesto 2026, documento central para delinear la política económica del año entrante. La decisión de anunciarlo por cadena nacional responde a la intención de darle una fuerte impronta institucional y, al mismo tiempo, marcar una posición clara de cara a la ciudadanía tras el traspié electoral bonaerense.

La difusión de los lineamientos presupuestarios no solo busca fijar prioridades económicas, sino también enviar un mensaje político en el contexto de las recientes derrotas electorales. El Gobierno pretende mostrar iniciativa y control de la agenda, en un momento donde los cuestionamientos se acumulan desde distintos sectores.

La designación de Lisandro Almirón

En ese mismo marco, ayer se oficializó la designación de Lisandro Almirón como ministro del Interior. Hasta ahora, Almirón se desempeñaba como secretario en esa misma área. La cartera había sido eliminada del organigrama gubernamental en etapas anteriores, pero ahora es restituida con el objetivo de ordenar la relación con las provincias.

El flamante ministro tendrá la tarea principal de gestionar el vínculo con los gobernadores. Se trata de un rol de alta exposición en un momento de tensiones políticas y fiscales. Como primer paso en su nueva función, Almirón confirmó ayer que el Gobierno avanzará con el veto a la ley impulsada por los mandatarios provinciales. La medida agrega un elemento más de confrontación en la relación Nación-provincias y marca un inicio desafiante en su gestión.

La restitución del Ministerio del Interior también simboliza un cambio en la estructura del Ejecutivo. En este caso, responde a la necesidad de centralizar las negociaciones con los distritos y otorgar un canal directo para la resolución de conflictos.

Los vínculos políticos de Almirón

Lisandro Almirón es un dirigente de estrecha confianza del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La relación entre ambos se remonta a la infancia. Los une una historia de larga data que tiene como punto de referencia la figura de Juan José Catalán, padre de Almirón.

Catalán fue ministro de Educación y Cultura durante la última dictadura militar, en el gobierno de Jorge Rafael Videla. Además, tuvo una activa participación política como militante del Partido Federal, donde compartió espacios de militancia con el propio Francos.

Ese vínculo histórico se trasladó con el tiempo hacia la relación personal y política entre Francos y Almirón. Ahora, el joven dirigente asume la responsabilidad de conducir el Ministerio del Interior en un momento donde las decisiones en torno al federalismo y la distribución de recursos se encuentran en el centro del debate.

Un escenario con tensiones abiertas

La convocatoria a una mesa federal solo con gobernadores seleccionados bajo el criterio de “espíritu de cambio” y el anuncio del inminente veto a la ley provincial son decisiones que marcan el tono de la nueva etapa. La designación de Almirón, en tanto, consolida la influencia de Guillermo Francos en el gabinete y refuerza una línea de continuidad en la estrategia de conducción política.

El lunes por la noche, con la cadena nacional sobre el presupuesto 2026, el Gobierno buscará instalar un mensaje que combine firmeza y planificación. Sin embargo, el trasfondo de conflictos con los gobernadores y las tensiones derivadas de los vetos anticipan un escenario de fricciones.

En este contexto, la reconstrucción del Ministerio del Interior y la apuesta a un funcionario de confianza se convierten en una pieza central para el Ejecutivo. Almirón deberá administrar un delicado equilibrio: representar la voluntad de un gobierno que prioriza la selección de interlocutores y, al mismo tiempo, gestionar los reclamos de provincias que exigen un tratamiento equitativo en la distribución de recursos.

El futuro inmediato estará marcado por la cadena nacional, la discusión sobre el presupuesto y las consecuencias políticas del veto anunciado. Todo en un escenario donde la mesa federal, lejos de ser un espacio de ampliación del diálogo, comienza limitada por la definición de quiénes serán sus invitados.

Escrito por Desde Matanza

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¿Por qué el gobierno vetó la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica?

El Gobierno nacional decidió vetar dos normas de alto impacto social que habían sido aprobadas recientemente en el Congreso: la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. La medida generó fuertes reacciones en distintos sectores y abrió un nuevo escenario de tensión política y sindical. Además, se espera que ocurra lo mismo con la norma impulsada por los gobernadores para garantizar los giros de fondos hacia las provincias.

La ley universitaria que quedó en el camino

La primera de las leyes vetadas establecía un mecanismo de actualización automática para los gastos de funcionamiento y los salarios de las universidades nacionales. El cálculo debía realizarse en base a los índices oficiales de inflación, con el objetivo de evitar el desfasaje económico que afecta a las instituciones de educación superior en contextos de alta inflación.

El proyecto también incluía un incremento progresivo en la inversión destinada a la educación universitaria, buscando fortalecer un sistema que se encuentra en permanente tensión presupuestaria. No era la primera vez que se impulsaba una iniciativa de este tipo: el año pasado, el Poder Ejecutivo ya había vetado una norma similar, que tampoco logró superar esa instancia en el Congreso.

El nuevo rechazo por parte del Gobierno provocó malestar inmediato en el ámbito académico. Desde las universidades nacionales venían advirtiendo que, de concretarse un veto, se pondría en marcha un plan de lucha con medidas de fuerza y movilizaciones para reclamar la insistencia parlamentaria.

La ley de emergencia pediátrica y el reclamo sanitario

La segunda ley que quedó sin efecto tras el veto presidencial era la denominada de emergencia pediátrica. Esta obligaba al Ejecutivo a destinar fondos urgentes para fortalecer el sistema de atención en la niñez, con la incorporación de mejoras salariales y beneficios impositivos específicos para los profesionales del sector.

La norma había surgido como respuesta a la creciente crisis en hospitales pediátricos, donde se multiplican las denuncias por falta de recursos, dificultades para sostener guardias y carencias en la provisión de insumos. El Hospital Garrahan, principal centro de referencia pediátrica del país, ya había expresado públicamente su preocupación.

De hecho, los trabajadores de esa institución habían convocado a una medida de fuerza para mañana, en protesta por la situación crítica y la falta de respuestas oficiales. El veto, lejos de desactivar el conflicto, amenaza con profundizar el descontento y dar lugar a nuevas acciones sindicales.

La reacción de las universidades

La comunidad universitaria no tardó en pronunciarse frente a la decisión del Gobierno. “Si hay veto, hay marcha”, habían advertido los rectores y gremios docentes antes de conocerse la medida. Con el anuncio consumado, se confirmó la puesta en marcha de un nuevo plan de lucha que buscará presionar al Congreso para que insista con la norma aprobada.

Para mañana ya fue anunciado un paro universitario de alcance federal. Las instituciones educativas y sus trabajadores paralizarán actividades en todo el país como primera respuesta al veto presidencial. Además, se convocó a una movilización masiva el día en que el Congreso debata la posibilidad de revertir la decisión del Ejecutivo.

El reclamo combina la defensa de los recursos presupuestarios con la denuncia de un deterioro sostenido en la educación pública. Los gremios universitarios remarcan que el financiamiento adecuado no es solo una cuestión de salarios, sino también de garantizar la continuidad de la investigación, la extensión y el funcionamiento diario de las casas de estudio.

Un escenario de mayor confrontación

La expectativa ahora está puesta en el camino que tomarán las próximas semanas. A las protestas del sector sanitario y universitario se suman los gobernadores, que aprobaron una norma para garantizar los giros automáticos de fondos hacia las provincias y que también podría ser vetada por el Ejecutivo.

Ese posible tercer veto abriría un frente de conflicto adicional, en un contexto donde la relación entre la Nación y las provincias atraviesa una tensión constante por la distribución de recursos.

La sucesión de vetos y las reacciones que provocan muestran la profundidad de las diferencias entre el Gobierno y distintos sectores sociales. Universidades, trabajadores de la salud y mandatarios provinciales encuentran un punto en común en el reclamo por financiamiento, en medio de una crisis que se expresa tanto en el plano educativo como en el sanitario y el institucional.

Con la convocatoria al paro federal universitario y las medidas de fuerza en hospitales pediátricos, el escenario anticipa una semana marcada por protestas y reclamos. El desenlace dependerá de cómo responda el Congreso y de si los legisladores deciden insistir con las leyes aprobadas pese al veto presidencial.

Escrito por Desde Matanza

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Caso $LIBRA: Diputados citará a Karina Milei y crece la tensión en la comisión investigadora

En su primer mes de funcionamiento pleno, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados definió que convocará a declarar a Karina Milei antes de fin de mes. La secretaria General de la Presidencia deberá presentarse el martes 23 o el martes 30 de septiembre. En caso de no acudir al Congreso, las autoridades de la comisión —que hasta el momento integran Ferraro y Marino, con la vicepresidencia vacante— barajan la posibilidad de tomarle testimonio en Casa Rosada o darle la chance de fijar una fecha, con un límite que no supere la primera semana de octubre. Si tampoco se concreta en ese plazo, avanzarían con un reclamo judicial para habilitar el uso de la fuerza pública.

Las sospechas sobre Karina Milei surgieron a partir de la investigación estadounidense, que la señaló como la funcionaria que permitió el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024. En ese marco, se conocieron mensajes en los que Davis se atribuía influencia sobre el Presidente: “Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero”. Según confirmaron múltiples fuentes del Gobierno nacional, Karina Milei no tiene previsto asistir a ninguna citación.

En la primera jornada de citaciones hubo ausencias relevantes.

Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), no se presentaron. “Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo la investigación del caso”, sostuvo la diputada Sabrina Selva.

Melik había determinado en su dictamen que Javier Milei difundió \$LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, por lo que “no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project’”. Por esta decisión, en julio fue denunciado por “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”.

Zicavo, en tanto, consideró que “una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas”. La exresponsable de la UTI, que funcionó solo tres meses y fue cerrada por el Ejecutivo, ocupa actualmente el cargo de jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia.

Durante la reunión también declaró Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien cuestionó el cierre prematuro de la investigación. “Fue prematuro el cierre de la investigación” y “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública del Presidente de la Nación”, sostuvo. Y agregó: “Si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura. \[…] Esa es una posición más bien vinculada a un deseo de obstruir que de contribuir que se sepa qué pasó en un caso de corrupción”.

La comisión también resolvió enviar oficios a las billeteras virtuales en las que se abrieron cuentas vinculadas a los argentinos involucrados en la causa.

Además, se conformó una subcomisión integrada por los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal, que tendrá acceso directo al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario.

En la reunión solo participaron dos legisladores aliados del oficialismo: Yolanda Vega, que expresó en los últimos encuentros su interés en esclarecer lo ocurrido, y Mariano Campero, que se ha mostrado distanciado de La Libertad Avanza en torno a este tema.

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El FMI respaldó al Gobierno tras la derrota en Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el tipo de cambio y respaldó el rumbo económico actual. Este fue el primer pronunciamiento del organismo internacional después de que el Ministerio de Economía anunciara su intervención en el mercado cambiario y en el mismo contexto en que se conoció la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

El comunicado del FMI coincidió con un momento de definiciones políticas. Ayer tuvo lugar la primera reunión de lo que el Ejecutivo denomina “mesa política nacional”. Se trata de un espacio de encuentro que reúne al círculo encargado de definir la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Según lo expresado, la convocatoria de esta mesa es una de las decisiones que el Gobierno tomó tras las elecciones bonaerenses.

La “mesa política nacional” se desarrolló en paralelo a otro encuentro importante: la reunión del armado bonaerense.

Ambas instancias fueron parte de la agenda inmediata que se organizó luego de los comicios en la provincia. La intención de reunir a los equipos responde a la necesidad de ordenar el trabajo político y de proyectar los próximos pasos.

De esta manera, el Gobierno presentó dos definiciones centrales después de los resultados en Buenos Aires: por un lado, la continuidad del rumbo económico respaldado por el FMI, y por el otro, la creación de la mesa política nacional junto con el refuerzo del armado en territorio bonaerense.

En el plano internacional, también se conoció que el presidente decidió no viajar a España. Estaba invitado a participar en un acto organizado por el partido Vox, pero resolvió no asistir. La decisión fue comunicada oficialmente y formó parte de los anuncios conocidos en los días posteriores a las elecciones provinciales.

Con estos elementos, la agenda del Gobierno en la semana posterior a la votación en la provincia de Buenos Aires quedó marcada por la confirmación de la intervención en el mercado cambiario, el respaldo del FMI, la puesta en marcha de la mesa política nacional y la cancelación del viaje presidencial a Europa.

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Policías de Merlo ayudaron a una mujer a dar a luz

Policías del Comando de Patrullas Merlo asistieron a una mujer en pleno trabajo de parto y lograron ayudarla a dar a luz a un bebé en perfectas condiciones.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Operativo Cóndor 421, en el barrio Pompeya, cuando un llamado al 911 alertó sobre una emergencia obstétrica. De inmediato, un móvil del Destacamento local se dirigió al lugar. En él acudieron el Sargento Maximiliano Davove y la Oficial Micaela Ojeda, quienes al arribar constataron que la mujer, identificada como Gisella Elizabeth Leguizamón (31 años), se encontraba en una avanzada etapa de trabajo de parto.

Ante la urgencia del caso y sin margen para esperar a un especialista, los efectivos asistieron a la mujer en su domicilio, logrando con éxito el nacimiento de un bebé de sexo masculino, en buen estado de salud y sin complicaciones, gracias al rápido accionar.

Una ambulancia arribó minutos después y trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital
Héroes de Malvinas para completar los controles médicos correspondientes. El padre del niño, Walter Omar Guillén (36 años), expresó su profundo agradecimiento y destacó el compromiso y la humanidad del personal policial. La familia manifestó además su deseo de que el hecho tome difusión pública, como reconocimiento a la labor de quienes actuaron con profesionalismo y sensibilidad en una situación límite.

Desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo, su jefe, Crio. Mayor Gustavo Subira, felicitó al personal actuante y subrayó la importancia de este tipo de intervenciones que reflejan el espíritu de servicio y la vocación de quienes integran la fuerza.

Policías de merlo ayudaron a una mujer a dar a luz

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