La causa judicial por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado atraviesa una nueva etapa, después de haber finalizado los allanamientos y las indagatorias a los 17 imputados, la investigación cambió el eje y ahora apunta a determinar si existieron responsabilidades en funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Para avanzar en esa dirección, la Justicia dispuso un conjunto de siete allanamientos. Los operativos se realizaron tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas localidades de la provincia. Las medidas alcanzaron las sedes centrales de los organismos involucrados y también los domicilios de autoridades, lo que marca la intención de ampliar el alcance de la investigación hacia distintos niveles de responsabilidad.
Entre los procedimientos más relevantes se encuentra el que tuvo lugar en la vivienda de Nélida Bisio, actual directora de la ANMAT. Allí, los investigadores se llevaron su teléfono celular, que se analizará como parte de las pruebas del expediente. Otra de las diligencias de importancia se concretó en Quilmes, donde fue allanado el domicilio de Gabriela Mantecón Fumadó, quien se desempeñó como titular del INAME hasta hace un tiempo. En ese lugar también se procedió al secuestro de elementos considerados de interés para la causa.
La disposición de estos allanamientos marca un cambio significativo en la orientación del caso. Luego de una primera etapa centrada en los 17 imputados iniciales, la Justicia avanza ahora sobre organismos estatales clave en la regulación de medicamentos. El objetivo es determinar si existió algún grado de responsabilidad en el marco de sus funciones.
La preocupación de los argentinos no está solo en encontrar a los culpables y que la Justicia se haga presente, sino en poder volver a confiar en las entidades estatales que deben garantizar la seguridad en el consumo de medicamentos.
