La mortalidad infantil volvió a crecer en Argentina y encendió una señal de alerta en el sistema de salud. Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), la tasa pasó de 8 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 8,5 en 2024, durante el primer año completo del gobierno de Javier Milei. El aumento representa una suba del 6,25% interanual y constituye el mayor salto anual desde 2002.
El dato resulta especialmente significativo porque marca un quiebre en una tendencia de descenso sostenido que se había mantenido durante más de una década. Hasta 2023, la mortalidad infantil venía mostrando mejoras constantes, asociadas a políticas de ampliación de cobertura sanitaria, controles prenatales y acceso a servicios básicos. El cambio registrado en 2024 reabre el debate sobre las condiciones sociales, económicas y sanitarias que atraviesan a las familias con niños y niñas pequeños.
De acuerdo con la información oficial, solo 9 de las 24 provincias lograron sostener la tendencia a la baja en la mortalidad infantil. Se trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En el resto del país, los indicadores mostraron estancamiento o directamente un aumento, lo que refleja fuertes desigualdades territoriales en el acceso a la salud y en las condiciones de vida.
Especialistas en salud pública suelen señalar que la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles para medir el impacto de las políticas económicas y sociales. Su evolución está estrechamente vinculada con factores como el nivel de ingresos de los hogares, la nutrición durante el embarazo, el acceso a controles médicos, la disponibilidad de hospitales y centros de atención primaria, y la calidad del agua y el saneamiento.
El contexto económico del último año aparece como una de las claves para entender el fenómeno.
La aceleración inflacionaria, la caída del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a medicamentos, alimentos y transporte afectan de manera directa a los sectores más vulnerables. En particular, las mujeres embarazadas y los recién nacidos dependen de un sistema de cuidados continuos que, cuando se interrumpe o se debilita, incrementa los riesgos en los primeros meses de vida.
Otro punto señalado por analistas es el impacto de los recortes o reordenamientos en programas de salud y asistencia social. Aunque la información oficial no detalla causas específicas provincia por provincia, el aumento generalizado sugiere problemas estructurales que exceden situaciones puntuales y que requieren respuestas coordinadas entre Nación y distritos.
El aumento de la mortalidad infantil en 2024 no solo representa un dato estadístico, sino también una advertencia. La experiencia histórica muestra que revertir estas subas requiere tiempo, inversión sostenida y políticas focalizadas. En ese sentido, los números difundidos por la DEIS vuelven a colocar en el centro del debate la importancia de fortalecer el sistema de salud y de proteger a los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de cambios profundos en la política económica y social del país
