El escándalo por las coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial y político, ya que el Gobierno obtuvo una polémica medida cautelar de censura para detener la difusión de nuevos audios vinculados a la investigación que compromete a funcionarios y empresarios del circuito de distribución de medicamentos.
“La decisión del juez Patricio Alejandro Maraniello ordena el ‘cese de la difusión’ de los audios grabados en Casa de Gobierno, como el que se conoció el viernes de Karina Milei, que fue la que hizo la presentación”, señala la resolución. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida en redes sociales: “Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, escribió en X.
La resolución judicial fue solicitada luego de que en los últimos días circularan grabaciones que revelan conversaciones de funcionarios de alto nivel. Sin embargo, la figura del juez Maraniello también quedó bajo la lupa: busca un ascenso a camarista mientras enfrenta nueve expedientes en el Consejo de la Magistratura por denuncias de maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.
El debate por la libertad de expresión se reavivó de inmediato.
Usuarios en redes sociales recordaron el antecedente del humorista Tato Bores, quien en los años 90 sufrió una censura previa por parte de la jueza María Servini. En aquel caso, la Corte Suprema terminó fallando a favor del comediante.
La controversia no se limita a esta causa. En un expediente paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a través de su funcionario Fernando Soto que se allane a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial por difundir audios en la plataforma Carnaval Stream. Bullrich llegó a vincular esas filtraciones a “servicios de inteligencia rusos”. En tanto, el periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que a las 9.30 hará públicas más grabaciones.
A la par, la investigación por las presuntas coimas continúa en los tribunales. En las últimas horas, el juez Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta por haber permitido la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, pieza clave en el entramado empresario que aparece en el expediente.
La tensión promete escalar. Para este mediodía, está prevista una conferencia de prensa de la comisión de Libertad de Expresión del Senado, que buscará fijar una posición sobre lo que muchos consideran un caso de censura previa y otros, una protección de la intimidad del Estado
