En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) , distintos informes difundidos en las últimas horas exponen que la problemática no sólo persiste sino que, además, se profundiza debido a la caída en la inversión pública destinada a prevención y asistencia. Las cifras difundidas por organizaciones especializadas muestran que los niveles de violencia no descienden y que la reducción presupuestaria compromete políticas claves. Mientras tanto, este 25 de noviembre se realizan marchas y movilizaciones en varias provincias del país.
Uno de los relevamientos más contundentes es el del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que señala que la mitad de las mujeres afirma haber sufrido violencia por parte de una pareja alguna vez. Se trata de un dato que vuelve a confirmar la magnitud del problema y su persistente consolidación como una de las principales violaciones a los derechos humanos en Argentina. Además, el informe indica que solo el 18% de las víctimas de femicidios había realizado una denuncia previa, lo que revela las dificultades de acceso a la justicia y la desconfianza en los mecanismos institucionales.
Organizaciones feministas y especialistas alertan por un recorte del 89% en las partidas asignadas desde 2023, una disminución que impacta tanto en programas de prevención como en servicios de acompañamiento. La reducción también compromete la capacidad de respuesta estatal ante situaciones de emergencia, una problemática que se vuelve más crítica en contextos donde los hechos violentos continúan en niveles elevados.
El debate se intensificó a partir del contenido del plan oficial de Presupuesto 2026, que deja sin partidas a la línea telefónica gratuita 144, una herramienta considerada fundamental para la orientación y asistencia en casos de violencia por motivos de género. La decisión generó preocupación en organizaciones y especialistas que advierten que la falta de financiamiento puede dejar a miles de mujeres sin un recurso clave para pedir ayuda de manera accesible y confidencial.
En paralelo a la discusión presupuestaria y los datos que confirman la permanencia de la violencia machista, también se conoció la definición de la sede para uno de los eventos más importantes de articulación feminista del país. Se decidió que el Encuentro 2026 se realizará en la ciudad de Córdoba, la capital provincial, una de las urbes más importantes de Argentina. La elección constituye un hito para el movimiento y se espera que convoque a miles de mujeres y diversidades, en un contexto marcado por la demanda de políticas públicas robustas y sostenidas.
Las marchas programadas para este 25 de noviembre en varias provincias buscan visibilizar la continuidad de la violencia y reclamar mayor inversión estatal. A pesar de los recortes y el retroceso en los presupuestos, la movilización social se mantiene activa y reclama acciones urgentes. Los informes difundidos este año refuerzan la necesidad de políticas integrales para prevenir, asistir y erradicar las violencias de género, un desafío que continúa pendiente en la agenda pública.
