El caso de la negligencia hacia Bolivia que sucedió durante el mandato de centro-derecha de Macri continua en proceso y hay un nuevo imputado.
El comandante, Adolfo Héctor Caliba, fue imputado ayer por haber coordinado el contrabando a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri en noviembre del 2016. El fiscal Claudio Navas Rial fue quien impulso la investigación e imputo en la causa al gendarme.
Caliba fue acusado de haber estado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en el momento que llegaron los armamentos y las municiones que se enviaron de manera “engañosa”.
El gendarme fue quien arreglo y acordó todo el manejo entre la policía, el vuelo, la manera en como se iba a hacer el cargamento, y como se iba a realizar la descarga en la madrugada del 13 de noviembre de 2019.
El imputado le había enviado una nota a Gerardo Otero, director nacional de gendarmería, unos días después de recibir el cargamento. Le había informado acerca de las protestas que se estaban realizando en ese entonces contra el gobierno de Jeanine Añez.
“El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock”, compartió el imputado con Otero, lo que se trataba de una reunión que había tenido con la policía boliviana.
La fiscalía tomo la causa también en contra del Expresidente, Macri, Patricia Bullrich, la exministra de seguridad, y Oscar Aguad, el exministro de defensa.
También, desde el 16 de julio están imputados Normando Álvarez García, quien era embajador en el momento que ocurrió el hecho; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, de ese momento.
Rogelio Mayta, el canciller de Bolivia, denuncio al gobierno de la gestión de Macri del año 2015-2019. En el ultimo año de su presidencia Macri había enviado a las fuerzas armadas del país de Mayta municiones antidisturbios. Además, envió también gases lacrimógenos para reprimir las protestas de quienes seguían a Morales.
Luego de recibir la denuncia del canciller, el gobierno argentino y los ministros de justicia y seguridad denunciaron públicamente a los acusados. Esta denuncia conlleva de entre cuatro y doce años de prisión.
Los denunciantes aseguraron que la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana tuvo a favor un desvío de armamento, por lo que se realizaron permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas falsas con el propósito de la seguridad y protección del Señor embajador argentino”.
La Gendarmería Nacional Argentina se defendió y declaro que el desvió se debió a que las “municiones fueron consumidas “en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
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