La causa de la investigación de presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevos movimientos judiciales que intensifican el avance del expediente. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, solicitó la indagatoria y detención de varios involucrados, entre ellos Diego Spagnuolo, extitular del organismo. La investigación se centra en determinar si existió un circuito de pagos ilegales dentro de la agencia y quiénes habrían participado en esas maniobras.
En respuesta al pedido del fiscal, el juez federal Sebastián Casanello resolvió citar a indagatoria a Spagnuolo para el próximo miércoles. La medida se inscribe dentro de una serie de decisiones que buscan esclarecer el funcionamiento de la presunta red de coimas. Además de la citación del exresponsable del organismo, el magistrado convocó a otras 14 personas vinculadas al caso, lo que marca una ampliación significativa del alcance de la causa.
Casanello también ordenó la aprehensión de cinco sospechosos más, entre ellos Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Su nombre aparece mencionado en distintos tramos del expediente, donde se procura determinar qué rol habría desempeñado en las maniobras que son materia de investigación.
Mientras tanto, uno de los imputados, Pablo Atchabahian, quedó detenido tras ser localizado recientemente en Mendoza. Se trata de un médico urólogo y exfuncionario del área de Salud, cuya ausencia previa había impedido la ejecución de una orden de requisa en su domicilio. Según se informó, cuando fue hallado se negó a declarar. Actualmente, permanece bajo prisión domiciliaria.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente atención pública sobre el funcionamiento interno de los organismos estatales y los mecanismos de control vinculados a la gestión de programas sociales y de salud. La investigación apunta a determinar si dentro de la ANDIS existieron pedidos de dinero a cambio de trámites o autorizaciones vinculadas a prestaciones para personas con discapacidad.
Aunque las próximas indagatorias serán clave para definir la responsabilidad penal de cada uno de los llamados a declarar, el pedido de detenciones solicitado por Picardi y las medidas adoptadas por Casanello reflejan que la causa avanza hacia una etapa procesal más intensa.
Por el momento, la investigación continúa bajo estricto seguimiento judicial, con nuevas declaraciones y medidas previstas para los próximos días. Será en ese marco donde se definan los próximos pasos y se determine si las imputaciones actuales derivan en procesamientos o en un eventual desbaratamiento de la hipótesis inicial. Mientras tanto, las decisiones de la justicia mantienen el foco sobre una presunta trama de corrupción dentro de la agencia encargada de garantizar derechos fundamentales para personas con discapacidad.
