Finanzas convoca a licitación por 13,8 billones en Letras del Tesoro

La Secretaría de Finanzas anunció que hoy llevará adelante un nuevo llamado a licitación por un total de 13, 8 billones de pesos en Letras del Tesoro Nacional. Esta decisión se enmarca en un contexto macroeconómico de tensiones financieras crecientes, donde cada medida busca equilibrar la necesidad de financiamiento con el objetivo de mantener bajo control las expectativas del mercado. En paralelo, el Banco Central resolvió esta semana incrementar los encajes bancarios en 3,5 puntos porcentuales a partir de septiembre, elevándolos al 53,5%, lo que constituye un movimiento que impactará de manera directa sobre la liquidez disponible en el sistema financiero. Mientras tanto, el Riesgo País escaló en la jornada de ayer hasta los 829 puntos, un nivel que refleja con crudeza la percepción de los inversores internacionales sobre la capacidad de pago y la estabilidad económica del país.

Este conjunto de decisiones y datos no puede analizarse de forma aislada. La suba de los encajes es interpretada por economistas como una maniobra para absorber pesos y, de esa forma, intentar contener eventuales presiones inflacionarias y cambiarias en el corto plazo. El aumento del Riesgo País, por su parte, revela la preocupación que generan tanto el endeudamiento como la incertidumbre política de cara a los próximos meses. En este marco, la licitación de Letras del Tesoro se presenta como una herramienta clave para cubrir necesidades fiscales inmediatas y, al mismo tiempo, intentar enviar una señal de previsibilidad hacia los mercados.

Turismo en caída y salida de divisas por viajes al exterior

Los datos difundidos por el INDEC sobre turismo internacional durante julio confirman un escenario complejo. Según las cifras oficiales, ingresaron al país 427,2 mil turistas extranjeros, mientras que un total de 843,1 mil argentinos viajaron al exterior en el mismo período. Estas cifras significan una caída del 16% en el ingreso de visitantes respecto al mismo mes del año pasado y, en contrapartida, un incremento del 26,5% en las salidas de residentes nacionales. El saldo negativo en el movimiento turístico constituye un factor adicional de presión sobre las cuentas externas, ya que implica una mayor demanda de divisas para consumos y gastos fuera del país, en un contexto donde el Banco Central intenta reforzar sus reservas con medidas restrictivas.

Especialistas advierten que esta dinámica refleja, por un lado, la pérdida de competitividad de Argentina como destino frente a otros países de la región y, por el otro, la persistente inclinación de los residentes a viajar al exterior en busca de precios o experiencias más atractivas. Así, la combinación de menos ingresos por turismo receptivo y mayores egresos por turismo emisivo configura un desequilibrio que erosiona aún más las posibilidades de mejorar la balanza de pagos.

El mercado laboral y las desigualdades persistentes

A las señales de fragilidad financiera y comercial se sumaron también los últimos números oficiales sobre empleo en 2024. De acuerdo con los datos, el 44,6% de los puestos de trabajo estuvieron ocupados por mujeres y el 55,4% restante por varones, lo que ratifica la brecha de participación de género en el mercado laboral. Sin embargo, lo más llamativo surge del análisis de los ingresos: en los puestos asalariados registrados, las mujeres percibieron un 11,1% menos por hora trabajada que los varones, mientras que en el empleo no registrado la diferencia alcanzó al 12,5%.

La disparidad salarial entre géneros sigue siendo un rasgo estructural que condiciona las posibilidades de desarrollo profesional de millones de trabajadoras en todo el país. A pesar de los avances en materia normativa, la evidencia estadística muestra que las brechas de ingresos no ceden. La ironía que acompaña el informe oficial, “Debe ser porque la desigualdad de derechos y accesos no existe”, expone con crudeza la distancia que todavía persiste entre los discursos de equidad y la realidad concreta de los indicadores laborales.

En este escenario, donde se superponen la fragilidad financiera, las dificultades para atraer turismo y las desigualdades estructurales en el mercado laboral, los desafíos de la política económica resultan múltiples y de difícil resolución. La licitación de Letras del Tesoro, el ajuste en los encajes y las tensiones cambiarias son apenas una parte visible de un entramado más complejo, donde la confianza social y la credibilidad institucional se transforman en activos tan decisivos como los recursos financieros.

Escrito por Desde Matanza

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El compromiso ciudadano frente a las elecciones legislativas bonaerenses de 2025

Las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires se presentan como un hito singular en el escenario político nacional. La decisión de desdoblar el calendario electoral, separándolas de los comicios nacionales, introduce un matiz estratégico que coloca a la ciudadanía bonaerense en el centro de la atención pública. Este movimiento no solo marca una diferencia en la organización de los comicios, sino que también abre un espacio para evaluar con mayor claridad el peso real de cada fuerza política en el distrito más poblado del país. En palabras de especialistas, este esquema permite que los bonaerenses se expresen sin estar condicionados directamente por la agenda nacional. De esta forma, lo que ocurra el primer domingo de septiembre en las urnas bonaerenses tendrá consecuencias tanto a nivel provincial como en la proyección de liderazgos hacia el escenario federal.

Qué se vota en Buenos Aires y por qué es clave la participación

El proceso electoral definirá la renovación parcial de la Legislatura bonaerense. En esta oportunidad, los ciudadanos elegirán 23 senadores provinciales titulares con 15 suplentes y 46 diputados provinciales titulares con 28 suplentes. Se trata de cargos fundamentales, ya que son quienes tendrán la responsabilidad de sancionar leyes, controlar al Poder Ejecutivo y garantizar el equilibrio institucional en la provincia. A nivel municipal, los vecinos votarán la nueva integración de los concejos deliberantes y de los consejos escolares, organismos que inciden de manera directa en la vida cotidiana al definir normas locales y supervisar la gestión educativa en cada distrito.

De cara a esta elección, la Junta Electoral bonaerense recordó la importancia de consultar previamente el padrón electoral. El organismo puso a disposición de los ciudadanos una plataforma digital oficial, en la que ingresando el número de documento y el género se puede acceder a los datos exactos del establecimiento, la mesa y el orden asignado. “El derecho a votar se ejerce únicamente si el ciudadano figura en el padrón electoral definitivo”, advirtieron desde la Junta. En este sentido, remarcaron que ninguna autoridad ni juez puede habilitar el sufragio a quienes no aparezcan en la nómina oficial. Para quienes enfrenten inconvenientes, se habilitó un canal de consultas vía correo electrónico y también se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Quiénes pueden votar y qué documentación es válida

El Código Electoral provincial, establecido en la Ley N.º 5.109, determina con precisión los requisitos para votar. Pueden participar los ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción, además de los extranjeros residentes que figuren en el padrón. El único requisito es tener 16 años cumplidos al momento de la elección y domicilio legal en la provincia. A su vez, se establece un régimen especial para extranjeros que exige tiempo de residencia y la inscripción previa en el Padrón de Extranjeros. La obligatoriedad y el carácter secreto, personal y universal del voto son pilares que se mantienen intactos, reforzando la importancia del compromiso cívico.

En cuanto a la documentación habilitada, los votantes podrán presentarse con DNI libreta verde o celeste, tarjeta del Nuevo DNI, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento. Sin embargo, las autoridades electorales fueron enfáticas al advertir que “no se consideran válidos los comprobantes de trámite ni los documentos digitales”. El ejemplar exhibido debe coincidir con el consignado en el padrón, o ser uno emitido posteriormente, pero nunca anterior. Esta medida busca garantizar la transparencia y evitar posibles fraudes o confusiones en el proceso de identificación de los electores.

Qué ocurre si no se cumple con la obligación de votar

La participación electoral es obligatoria y las consecuencias de no hacerlo sin justificación son claras. Quienes no concurran a las urnas deberán abonar una multa, cuyo monto dependerá de la cantidad de ausencias registradas en elecciones anteriores. Además, los ciudadanos que incumplan esta obligación se exponen a limitaciones administrativas, como la imposibilidad de realizar determinados trámites oficiales.

Para regularizar la situación, la Justicia Nacional Electoral dispone de un Registro de Infractores al deber de votar, accesible en su sitio web. Allí se puede consultar si figura alguna infracción y conocer el monto de la multa. El pago puede efectuarse mediante canales digitales como tarjetas, homebanking o billeteras virtuales, o de manera presencial en sucursales del Banco Nación. Con este mecanismo, se busca asegurar que el deber cívico sea respetado y que quienes incumplen tengan una vía clara para corregir la falta.

En definitiva, el compromiso de la ciudadanía bonaerense resulta decisivo para fortalecer las instituciones provinciales y, al mismo tiempo, influir en la dinámica política nacional. Lo que se juega este 7 de septiembre no se reduce a una renovación legislativa: es también una oportunidad para reafirmar el valor de la participación y la importancia de que cada voto cuente en la construcción democrática.

Escrito por Desde Matanza

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Récord de argentinos deudores: La morosidad bancaria alcanza niveles históricos

El último informe del Banco Central (BCRA) revela que, para junio, la tasa de morosidad en créditos de consumo llegó a niveles alarmantes históricos, reflejando la falta de pago tanto en tarjetas como en préstamos personales que afectan a hogares y personas física. Según el informe difundido por el organismo, los atrasos en pagos con tarjetas de crédito alcanzaron el segundo valor más alto desde que se inició la medición en 2010, mientras que los préstamos personales mostraron la mayor tasa de incumplimiento desde 2021.

Estos datos son una señal clara de las tensiones económicas que atraviesan las familias argentinas, aún golpeadas por las secuelas de la crisis sanitaria y el encarecimiento generalizado. La inflación persistente, la precarización laboral y la merma del poder adquisitivo están entre los principales factores detrás del aumento de la morosidad.

Expertos del BCRA consultados resaltaron que la acumulación de deuda impaga en tarjetas representa un importante indicador de fragilidad financiera doméstica, porque suele usarse para cubrir gastos cotidianos y no perdurables. Por su parte, los préstamos personales —frecuentemente destinados a gastos planificados o emergencias— reflejan otra dimensión del deterioro económico, ya que el incumplimiento prolongado puede desembocar en problemas legales y pérdida de acceso al crédito futuro.

Impacto social y advertencias de especialistas

La preocupación aumenta si se considera la escala del fenómeno. Según el BCRA, el incremento sostenido del nivel de mora pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero al restringir el flujo de crédito y elevar los costos para los bancos. Esto se traslada directamente al consumidor, en un círculo que profundiza la exclusión financiera y limita la capacidad de las familias para reintegrar deuda.

Especialistas en economía social advierten que “estos datos reflejan no solo la dificultad de acceder a dinero en términos reales, sino que también evidencian la fragilidad de los ingresos para cumplir con obligaciones mínimas”, algo especialmente grave en un contexto donde los precios de alimentos, servicios y transporte continúan en alza.

Además, desde gremios y asociaciones de consumidores se señalan los efectos concretos: el acceso restringido al crédito formal empuja a muchas personas a recurrir a prestamistas informales con tasas usurarias, lo que puede derivar en sobreendeudamiento y abusos de mercado.

¿Qué dicen los números según el BCRA?

Si bien no pudimos acceder directamente al PDF del informe en este momento, los datos disponibles confirman que junio presentó uno de los peores escenarios de morosidad bancaria desde que el BCRA publica estadísticas mensuales sobre estos rubros. El alza en los atrasos en tarjetas de crédito es particularmente sorprendente, dado que ese tipo de deuda suele considerarse “menos riesgosa” en comparación con préstamos personales, cuyo incumplimiento ya acumula los niveles más elevados desde 2021.

La atención se pone ahora en los informes futuros, para saber si esta tendencia sigue en aumento o logra revertirse con medidas como refinanciamientos asistidos, políticas públicas de alivio para sectores vulnerables o incentivos fiscales para la reactivación del consumo responsable.

Escrito por Desde Matanza

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Nuevos audios comprometen a altos funcionarios del Gobierno en el caso Suizo Argentina

La causa que investiga presuntas maniobras irregulares entre la droguería Suizo Argentina y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con la aparición de más audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Luego de haber señalado anteriormente a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en supuestas maniobras de cobro de coimas, en estas recientes grabaciones se mencionan a más figuras de peso dentro del Gabinete nacional, lo que incrementa la gravedad de las denuncias.

En los audios que circulan en la investigación judicial, Spagnuolo hace referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; a la excanciller Diana Mondino; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y al titular de Defensa, Luis Petri. El señalamiento sobre estas figuras políticas de primera línea reconfigura el tablero de la investigación, ya que expande el alcance del escándalo más allá de los nombres previamente conocidos. Según los informes preliminares que se incorporaron al expediente, en un solo año los contratos entre la administración pública y la droguería Suizo Argentina habrían crecido más de 2.000%, un incremento que ahora se examina bajo la lupa judicial.

El caso, que estalló semanas atrás, se suma a la larga lista de escándalos de corrupción que marcaron la agenda política en los últimos años. La magnitud del aumento en las contrataciones, sumado a las acusaciones expresas de Spagnuolo, generan un fuerte impacto político, especialmente en medio de un clima de polarización social y económica.

La Justicia avanza con declaraciones y peritajes en Comodoro Py

En paralelo a la difusión de los audios, la causa judicial tuvo ayer un nuevo movimiento en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí se presentó Jonathan Simón Kovalivker, empresario y uno de los propietarios de Suizo Argentina, quien había sido citado a declarar y era buscado desde el jueves. Su aparición generó expectativas entre investigadores y medios, debido a que su testimonio podría arrojar claves para comprender el esquema de contrataciones bajo sospecha.

Kovalivker se presentó de manera voluntaria y puso a disposición de la Justicia su teléfono celular para una eventual revisión pericial, aunque evitó entregar la clave de acceso al dispositivo. Esta decisión, que será evaluada por el juez, podría retrasar los tiempos de la investigación, ya que la apertura forense del aparato requerirá de instancias técnicas específicas. El juez Sebastián Casanello también avanzó en la declaración de otros testigos. Entre ellos, tomó testimonio a Ariel De Vicentes, jefe de seguridad de Nordelta, quien esta bajo investigación por sospecha de haber colaborado en la presunta huida del empresario antes de su comparecencia.

Fuentes judiciales indicaron que el testimonio de De Vicentes es clave para esclarecer si existió algún tipo de encubrimiento o colaboración externa para garantizar que Kovalivker evitara a la Justicia en los días previos a su presentación. A la par, se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas citaciones vinculadas a este expediente.

Milei se refirió al caso en Junín y desató polémica

El presidente Javier Milei también se pronunció indirectamente sobre el tema en un acto realizado en la ciudad bonaerense de Junín. Ante la consulta de periodistas sobre los cuestionamientos que rodean a miembros de su entorno, respondió con una frase que generó fuertes repercusiones: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

La declaración, lejos de aplacar la tensión política, abrió un nuevo frente de debate. Para algunos dirigentes opositores, el comentario del mandatario minimiza la gravedad de las acusaciones y busca relativizar el impacto institucional de la causa. Otros sectores, en cambio, interpretan que Milei se refirió a un desplazamiento de prácticas corruptas de gestiones anteriores, reafirmando así su discurso de confrontación contra lo que denomina “la casta política”.

Mientras tanto, el avance de la investigación judicial mantiene en vilo a varios ministerios y acrecienta la presión sobre el oficialismo, que enfrenta el desafío de sostener su discurso anticorrupción en medio de señalamientos cada vez más comprometidos. Los próximos pasos de la causa, con los peritajes sobre el material tecnológico y las nuevas declaraciones previstas, serán determinantes para definir si los nombres mencionados en los audios de Spagnuolo quedan efectivamente vinculados al expediente.

Escrito por Desde Matanza

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Más de 20 focos de incendio afectan a Salta y Jujuy en medio de un intenso operativo de emergencia

Las provincia de Salta y jujuy enfrentan una situación crítica por la expansión de incendios forestales que, según los reportes oficiales, ya suman más de 20 focos activos en diferentes localidades. El fenómeno, que se intensificó durante el fin de semana, mantiene en vilo a comunidades enteras y obligó a un gran despliegue de recursos de emergencia. Los lugares más comprometidos son la Capital provincial, San Lorenzo Chico, San Luis, El Encón, La Silleta, General Güemes y El Bordo, donde brigadistas, bomberos voluntarios y vecinos intentan contener las llamas.

El gobierno salteño informó que durante el fin de semana se registraron más de 400 llamadas al 911 vinculadas con incendios, lo que refleja la magnitud de la emergencia. Los datos muestran que la situación no se trata de incidentes aislados sino de un escenario de propagación sostenida que exige coordinación entre fuerzas provinciales, municipales y nacionales. En paralelo, en la provincia de Jujuy también se vivieron momentos de alarma, ya que las llamas avanzaron sobre la ruta nacional 66 y se aproximaron a las viviendas ubicadas en las afueras de Perico, lo que derivó en la evacuación preventiva de algunas familias.

Las imágenes que circulan en redes sociales exhiben la magnitud del desastre, con columnas de humo que se extienden por kilómetros y reducen la visibilidad en rutas y caminos rurales. Las condiciones climáticas adversas, sumadas a la falta de lluvias significativas, complican aún más la tarea de los equipos de emergencia, que trabajan a contrarreloj para evitar que el fuego ingrese en zonas densamente pobladas.

Defensa Civil explicó el rol del viento zonda y la conmemoración del Éxodo Jujeño

Desde Defensa Civil explicaron que uno de los factores determinantes para la expansión del fuego fue la presencia del viento zonda, caracterizado por ser cálido y extremadamente seco. “El zonda amplió el territorio bajo fuego porque se trata de un viento caliente y seco”, indicaron voceros del organismo, en referencia a cómo la velocidad y temperatura del aire facilitaron la propagación de las llamas hacia sectores donde no había focos registrados. Este fenómeno climático, frecuente en la región andina, se convierte en un aliado del fuego y genera situaciones de alto riesgo, especialmente en períodos de sequía.

En Jujuy, la emergencia coincidió con la conmemoración del Éxodo Jujeño, una fecha histórica para la provincia que suele incluir actividades con fogatas y quemas simbólicas. En ese contexto, se reportaron focos adicionales en distintos puntos, lo que generó controversias sobre la oportunidad de realizar actos que involucren fuego en medio de un escenario de alerta extrema. Sin embargo, las autoridades provinciales decidieron mantener las actividades programadas en la plaza central de la capital jujeña, a pesar de la advertencia que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional. La decisión generó debate entre especialistas en gestión de riesgos, quienes advirtieron que este tipo de prácticas pueden contribuir a agravar la situación.

El avance de los incendios no solo amenaza a la infraestructura y a los ecosistemas de la región, sino que también tiene un fuerte impacto en la salud de la población.

El humo afecta la calidad del aire y puede provocar problemas respiratorios, especialmente en niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Por eso, las autoridades sanitarias recomendaron evitar la exposición prolongada en espacios abiertos y usar barbijos en las zonas más afectadas.

Mientras tanto, en Salta y Jujuy se reforzaron los operativos con el apoyo de brigadas forestales nacionales, aunque las condiciones climáticas continúan siendo un factor adverso. Los especialistas advierten que, si las temperaturas elevadas y la sequía persisten, el escenario podría agravarse en los próximos días, comprometiendo aún más a las comunidades locales.

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Prohíben la salida del país a Spagnuolo y a los directivos de Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello resolvió dictar la prohibición de salida del país para el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y para los directivos de la droguería Suizo Argentina, Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos. La medida se tomó luego de los allanamientos realizados en las últimas horas, donde se hallaron elementos considerados relevantes para la investigación. Entre los principales hallazgos figuran órdenes de pago multimillonarias, dos teléfonos celulares pertenecientes a Spagnuolo, un dispositivo en poder de uno de los hermanos Kovalivker, además de 266 mil dólares localizados en el automóvil de Emmanuel Kovalivker. Ese dinero, que se distribuyó en sobres, llamó la atención de los investigadores por el contexto en el cual se encontró.

Fuentes judiciales confirmaron además que tanto en la vivienda de Jonathan Kovalivker como en la del exfuncionario Spagnuolo se secuestraron máquinas contadoras de billetes, lo que refuerza las sospechas sobre un esquema sistemático de recaudación ilícita. A esto se suma un episodio particular que quedó registrado en las actas: durante uno de los procedimientos, el jefe de seguridad del complejo Nordelta impidió el ingreso de las fuerzas judiciales al predio, lo que permitió que uno de los hermanos Kovalivker lograra escapar momentáneamente. Ese accionar generó que Casanello citara a declarar al responsable de seguridad del lugar, en tanto se analiza si existió algún grado de connivencia con los implicados.

La investigación se centra en la posible existencia de un entramado de coimas en la adquisición de medicamentos financiados por el Estado.

El caso tomó mayor repercusión tras la aparición de pruebas que vinculan directamente a funcionarios y empresarios con operaciones millonarias, en un rubro que históricamente estuvo bajo la lupa por los riesgos de cartelización y sobreprecios.

El origen de la causa y las repercusiones políticas

La causa se inició a partir de la filtración de audios difundidos el año pasado por Carnaval Stream, donde Diego Spagnuolo detallaba de manera minuciosa un circuito de pagos indebidos que habría funcionado alrededor de la compra de medicamentos en la órbita estatal. Según esas grabaciones, el esquema de retornos y beneficios ilícitos alcanzaría incluso a Karina Milei, hermana del actual presidente, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Esta revelación provocó un fuerte cimbronazo político, dado que situó en el centro de la escena a figuras muy cercanas al oficialismo.

En las últimas horas, Lule Menem intentó despegarse de las acusaciones y difundió un comunicado en el que responsabilizó al kirchnerismo por lo que consideró una maniobra de desprestigio. En el escrito, sostuvo que todo lo que circula es parte de “una operación” en su contra, buscando relativizar la contundencia de las pruebas surgidas en el expediente.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en tanto, se pronunció a través de un mensaje en sus redes sociales, donde comparó su situación judicial con la actual. Recordó que ella fue condenada en la causa Vialidad bajo el argumento de que “una presidenta no podía no saber” lo que sucedía en la obra pública, y sugirió que, con ese mismo criterio, debería aplicarse el mismo estándar de responsabilidad al actual mandatario frente a lo que ocurre en su entorno inmediato.

“Una presidenta no podía no saber”, escribió, aludiendo a que la doctrina judicial utilizada contra ella ahora debería ser considerada en el marco de esta investigación.

De este modo, el expediente no solo avanza sobre la presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos, sino que también empieza a tener un fuerte componente político, al poner bajo la lupa a referentes del círculo más estrecho del presidente. Con la medida de prohibición de salida del país, Casanello busca garantizar que los principales acusados permanezcan a disposición de la justicia mientras se desarrollan las próximas etapas del proceso, que promete nuevas tensiones en el escenario judicial y político argentino.

Escrito por Desde Matanza

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Atentado a Cristina Kirchner: ¿Por qué Nicolás Carrizo recuperó la libertad antes del veredicto?

Después de casi tres años detenido, la Justicia Federal concedió la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, señalado desde el inicio de la investigación como el “jefe de la banda de los Copitos” en el marco del juicio por el atentado de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se tomó luego de que tanto la Fiscalía como la querella resolvieran retirar sus acusaciones en su contra, al no encontrar pruebas suficientes para sostener su responsabilidad en el hecho. En consecuencia, Carrizo será absuelto en la etapa final del proceso, aunque deberá cumplir con una serie de condiciones mínimas hasta que se dicte formalmente el fallo.

Carrizo permaneció privado de su libertad durante dos años y once meses en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz. Durante ese tiempo, la sospecha principal lo ubicaba como partícipe secundario, bajo la hipótesis de que había entregado un arma a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los principales imputados por el ataque. Sin embargo, en el alegato de la fiscal general Gabriela Baigún quedó claro que “no se ha podido acreditar que Carrizo hubiera tenido bajo su disponibilidad un arma de fuego, fuera cual fuera”. A pesar de la circulación de mensajes de WhatsApp en los que parecía autoincriminarse, la investigación judicial no logró probar su participación material ni su conocimiento previo sobre el plan para asesinar a la expresidenta.

El abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, presentó inmediatamente un pedido de excarcelación ante el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, quienes finalmente aceptaron la solicitud. Según trascendió de fuentes del caso, Carrizo regresó a su hogar familiar durante la madrugada, tras que lo liberaran de la prisión.

La posición de la querella y las palabras de Cristina Kirchner

La postura de la querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, coincidió con la de la fiscalía. Ambos remarcaron que no existen pruebas que justifiquen mantener a Carrizo en el banquillo. En su exposición, citaron expresamente la posición de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la causa: “Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, aun viviendo todo eso nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien, si no hay que acusarlo no lo acusen’”. Para los representantes de la querella, ese criterio fue determinante para pedir que Carrizo quedara fuera de la acusación en la recta final del debate.

En ese marco, el Tribunal le impuso ciertas condiciones para garantizar su disponibilidad judicial hasta que se confirme su absolución: fijar un domicilio, no ausentarse más de 24 horas sin autorización y concurrir a la sede judicial cada vez que lo citen. Estas medidas preventivas responden a la necesidad de preservar la continuidad del juicio, cuyo próximo tramo está previsto para el 10 de septiembre, cuando seguirán las audiencias en las que se definirá el destino de los principales imputados.

El alegato de la fiscalía contra Sabag Montiel y Uliarte

En la misma jornada en la que se resolvió la situación de Carrizo, la fiscal Gabriela Baigún presentó su alegato contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Solicitó penas de 15 y 14 años de prisión respectivamente, acusándolos de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el uso de arma de fuego. La fiscal sostuvo que el ataque no fue un hecho aislado sino “una decisión que ambos adoptaron previamente” con el propósito de “impedir que siga desarrollando su vida política”.

Según la acusación, aunque Sabag Montiel fue quien apuntó y gatilló, Uliarte tuvo un rol clave como partícipe necesaria, al haber planificado y apoyado el atentado hasta último momento en la esquina de Juncal y Uruguay. Para Baigún, el plan se nutrió de “una serie más amplia de contribuciones de índole motivacional plasmadas en las conversaciones entre ambos y en los posicionamientos políticos de la nombrada, que mediante la exacerbación de la virulencia y el odio que Sabag tenía contra Cristina Fernández, reforzaron su voluntad de asesinarla hasta un punto de no retorno”.

La fiscal también solicitó unificar estas eventuales condenas con otras penas previas que ambos ya cumplen.

De esta manera, pidió que Sabag Montiel enfrente una condena total de 19 años de prisión, sumando los 15 años solicitados a la pena de cuatro años y tres meses que ya purga en otra causa. Para Uliarte, en tanto, la solicitud asciende a 14 años y dos meses, contemplando un año adicional que recibió en un proceso paralelo por falsificación de DNI.

Con estas definiciones, el juicio entra en su etapa crucial. Mientras Carrizo quedó a un paso de la absolución, las miradas se concentran ahora en el futuro judicial de Sabag Montiel y Uliarte, acusados de haber planificado y ejecutado el ataque contra la entonces vicepresidenta de la Nación.

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El Gobierno dispuso la disponibilidad de 343 empleados en el INTA, el INV y el ex Inase

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, oficializó este miércoles la medida que coloca en “situación de disponibilidad” a 343 trabajadores de organismos vinculados al agro, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el exInstituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La resolución 1240/2025, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en las modificaciones estructurales derivadas del decreto 462 del 7 de julio, que había declarado la emergencia pública en múltiples materias y otorgado al Poder Ejecutivo amplias facultades para reestructurar dependencias estatales. Según se especifica, 286 empleados pertenecen al INTA, 49 al INV y 8 al exInase.

La resolución generó repercusiones inmediatas, no solo porque la decisión se produce horas después de que el Senado frenara el decreto del Ejecutivo que reconfigura estos organismos, sino también porque la Justicia había hecho lugar al amparo presentado por gremios estatales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la medida alcanza a trabajadores de planta permanente que contaban con estabilidad adquirida. Para los sindicatos, la resolución constituye una profundización del ajuste sobre el empleo público y representa un retroceso en términos de derechos laborales adquiridos.

La “situación de disponibilidad” está prevista en la Ley 25.164 y en el decreto 1421 de 2002, normas que regulan la administración pública nacional. De acuerdo con la reglamentación más reciente, establecida por la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, este régimen prevé que el personal alcanzado por procesos de reestructuración, eliminación de funciones o reducción de dotaciones, permanezca en esa condición por un plazo máximo de doce meses. Durante ese período, la administración puede decidir su reubicación en otra dependencia o, en su defecto, avanzar con la desvinculación definitiva.

Reestructuración, reducción del gasto y cuestionamientos gremiales

El Ejecutivo sostiene que la medida se inscribe dentro de un plan más amplio de “modernización” del Estado, que busca reducir estructuras consideradas sobredimensionadas y avanzar en la racionalización del gasto público. “El área competente de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía ha tomado la intervención correspondiente. El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía ha emitido dictamen en el ámbito de sus competencias”, señala textualmente la resolución firmada por Caputo.

La disolución del Inase, la transformación del INV en una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura y la modificación del estatus del INTA —que pasó de ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado bajo la órbita de la misma cartera— son los cambios centrales que justifican la medida. A su vez, el decreto 585 del 14 de agosto complementó esta reorganización al establecer que tanto el INV como la Dirección Nacional de Semillas pasaran a constituirse como unidades organizativas de primer nivel operativo, bajo la órbita de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Desde el Gobierno se insiste en que la magnitud de la Administración Pública Nacional requiere un rediseño que permita mayor eficiencia y menor gasto.

El decreto 462/2025 había sido claro en este sentido al señalar que los organismos mencionados presentaban una estructura “excesivamente onerosa” para el Estado. La resolución 1240/2025, ahora, traduce esa visión en medidas concretas que afectan a más de tres centenares de empleados que, hasta ayer, contaban con estabilidad en sus cargos.

Los considerandos de la norma recuerdan que el artículo 11 del anexo a la Ley 25.164 establece que todo personal con régimen de estabilidad que se vea alcanzado por la supresión de organismos, reducción de dotaciones u otros cambios estructurales, pasará automáticamente a situación de disponibilidad por un máximo de doce meses. Esa disposición se presenta como el sustento jurídico de la medida, aunque en el texto oficial no se detalla de manera explícita el número final de trabajadores afectados, que sí precisaron los gremios.

La decisión del Ejecutivo, firmada por Caputo, abre un nuevo capítulo de tensión con los sindicatos, que ya habían advertido sobre las consecuencias sociales y laborales de este tipo de resoluciones. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de “modernizar” el Estado y reducir gastos, los gremios insisten en que las medidas recortan derechos adquiridos y generan incertidumbre para cientos de familias que dependían de esos puestos de trabajo.

Escrito por Desde Matanza

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Los chats internos que revelan el caos en el laboratorio HLB Pharma vinculado a 96 muertes por fentanilo contaminado

Los explosivos chats entre el personal del laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, incorporados a la acusación fiscal contra los detenidos —entre ellos el dueño Ariel García Furfaro—, dejaron al descubierto irregularidades estremecedoras en la producción de medicamentos. En esas conversaciones, los empleados advertían: “El fentanilo dio mal” y “escondan todos los reactivos vencidos”, en referencia a prácticas realizadas antes de inspecciones oficiales.

Lejos de ser filtraciones anónimas, los diálogos forman parte del expediente judicial que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Allí se detalla cómo técnicos, directores y personal de mantenimiento admitían la improvisación en la fabricación de fentanilo, adulterado con bacterias, cuya circulación provocó la muerte de 96 personas.

En uno de los intercambios, fechado el 18 de diciembre de 2024, tras la elaboración del lote 31202, un empleado alertó: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, reflejando la precariedad en el manejo de reactivos químicos. En otra ocasión, antes de una inspección de ANMAT, los trabajadores escondieron insumos vencidos “debajo de la lluvia y al calor”.

Los chats también revelan que la documentación de los “batch records” —la trazabilidad de la producción— se confeccionaba después de los hechos.

“Hay que armar todo de cero”, escribieron el 26 de diciembre de 2024, ocho días después del lote contaminado.

La acusación fiscal enumera múltiples faltas: la fabricación y distribución de fentanilo adulterado, desatención de alertas de ANMAT e INAME, ausencia de recupero farmacéutico, tenencia indebida de sellos oficiales, documentación apócrifa y la presencia de bacterias multirresistentes como klebsiella pneumoniae y ralstonia mannitolilytica en los lotes afectados.

Incluso tras el estallido del escándalo, los chats continuaban reflejando irregularidades. El 25 de febrero de 2025, se admitió la intención de etiquetar como “lotes viejos” nuevas ampollas plásticas no autorizadas. “Tiene que estar todo en condiciones ya que se van a etiquetar con un lote viejo”, señalaba el mensaje.

Pese a las muertes y denuncias, en mayo de 2024 un director técnico sintetizó la desidia del laboratorio: “La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”. La tragedia, finalmente, llegó con consecuencias irreversibles para casi un centenar de pacientes.

Escrito por Desde Matanza

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Sorpresas en la pre lista de Argentina ¿último partido de Messi?

La Selección Argentina sacó la pre lista de convocados para la última doble fecha de eliminatorias primero frente a Venezuela el 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental y el 9 de septiembre a las 20 como visitante de Ecuador. 

Lionel Scaloni junto con su cuerpo técnico confeccionó una lista con novedades y sorpresas debido a las ausencias y presencias que se encuentran en ella. Además, será una doble fecha especial ya que está la posibilidad de que sea el último partido oficial de Lionel Messi jugando con la camiseta argentina en el país. 

Las novedades de la lista y la posibilidad de Messi

La lista realizada por Lionel Scaloni está conformada por 31 futbolistas donde se encuentran los de siempre como Emiliano “dibu” Martínez, Cristian “cuti” Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Lionel Messi. Sin embargo, también hay nombres que resuenan ya que no son tan habituales como Franco Mastantuono quien es refuerzo del Real Madrid o Alan Varela, el surgido de Isidro Casanova que jugaba en Boca y hoy está en Porto o Leandro Paredes de San Justo que se desempeña en Boca. Pero la novedad más grande es la de José Manuel López.

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El delantero de 24 años que se encuentra actualmente en el Palmeiras de Brasil tiene 47 goles convertidos dentro de 84 partidos como titular, unos grandes números por los que seguramente el entrenador campeón del mundo habrá prestado atención. Su apodo es “el flaco”, brilló en Lanús pero surgió en el club El Progreso, hizo inferiores en Independiente, Boca y La Academia de Saladas. Una dura lesión en su cadera generó la posibilidad de retirarse del fútbol. Sin embargo siguió adelante pero quedó libre de Independiente. Jugó la Liga Amateur Platense con San Lorenzo de Villa Castells. En 2017 se probó en Lanús, quedó y fue prestado Colegiales de Tres Arroyos, en el Torneo Regional Amateur. Volvió en 2020 y en 2021 debutó en primera con Lanús donde convirtió 13 goles en el torneo. Pasó al Palmeiras en 2023 para seguir rompiéndola. 

Otra noticia pero de las malas es la posibilidad de que el mejor jugador de toda la historia esté cerca de jugar su último partido de forma oficial en Argentina.

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Esto se debe a que luego de esta fecha de eliminatorias al equipo de Scaloni le tocará jugar, una gira amistosa por Estados Unidos, la finalissima con España en marzo pero en el exterior. Luego podría jugar algún amistoso de despedida en el país pero no de caracter oficial. Y por último tendrá el mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ya se está haciendo eco en todo el mundo deportivo sobre lo especial de esta fecha de Eliminatorias. 

La lista de convocados 

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Escrito por Juan Pablo Carrasco
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